Diferencias: Chile despliega FF.AA. en frontera norte con blindaje del Congreso

Chile renueva el despliegue militar en la frontera norte.

El Gobierno de Chile logró renovar la venia del Congreso para mantener el despliegue de sus Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, abocadas a tareas de patrullaje y combate contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Con el visto bueno del Senado y Diputados, se dispuso la continuidad del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Dicha medida dispuso la autorización para la presencia militar en zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, ante la intensificación de los movimientos de organizaciones internacionales criminales dedicadas mayormente al narcotráfico. Un despliegue que data del 2023 y que se ha renovado a pedido del Ejecutivo chileno, encabezado por Gabriel Boric.

Cabe destacar que, desde febrero del 2023, el Congreso chileno ha renovado el decreto de despliegue cada tres meses, obedeciendo el marco constitucional que demanda la medida.

Con el apoyo unánime del Senado, la última renovación reveló la preocupación del arco político chileno por el avance de las organizaciones narcoterroristas, que al igual que en Argentina penetran el territorio por el norte. A punto tal que la administración de Boric ingresó recientemente un proyecto de reforma constitucional para habilitar la órden de despliegue directamente desde la presidencia mediante decreto supremo.

Las fuerzas de Chile en la frontera norte.

Chile y las diferencias con Argentina

La maniobra en el país trasandino coincide con el despliegue que Argentina activó este año para poner un freno al paso libre de criminales internacionales e inmigrantes ilegales provenientes de países fronterizos en el norte. Desde el Ministerio de Defensa (Ejecutivo) se dispuso a las Fuerzas Armadas a tareas de control y monitoreo en pasos no convencionales en las provincias de Salta, Jujuy y más recientemente Misiones.

La Operación Julio Argentino Roca fue el caso paradigmático. Ordenado por el ministro Luis Petri, más de 10.000 efectivos fueron asignados a la custodia de la frontera norte del país.

Al igual que en el caso chileno, el Gobierno argentino avanzó con los despliegues mencionados mediante decretos y órdenes ejecutivas. Sin embargo, y salvando las distancias legales entre ambos países, la Casa Rosada no se orientó a resolver las controversias legislativas que implica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas referidas a la seguridad interna.

Esa falta de ejercicio en el Congreso no solo generó tensión con la oposición, donde se cuestionó la legalidad de los despliegues, sino también dentro del ámbito castrense, donde se levantaron críticas por la falta de seguridad jurídica ante las tareas asignadas. Con el temor de cruzar los límites constitucionales, muchos altos mandos cuestionaron la decisión de Petri y la falta de cintura legislativa para generar un marco más estable.

Las Fuerzas Armadas de Argentina también están desplegadas.

En el Congreso piden más respuestas de Luis Petri

En ese marco y ante muchos otros cuestionamientos, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados demandó la comparecencia del ministro Petri, quien abandonaría el cargo después del 10 de diciembre para asumir su nuevo rol como legislador. El pedido, ingresado a fines de octubre, fue encabezado por el presidente de la Comisión Ricardo López Murphy, quien entre las respuestas solicitadas pidió explicaciones referidas a las reglas de empeñamiento que afectan al personal militar, entre ellos el actualmente dispuesto en la frontera norte.

Si bien parece poco probable que Petri se asome al Congreso para hacer frente a los cuestionamientos cuando restan pocos días para su salida, la continuidad o no de las FF.AA. en la frontera norte dependerá de la estabilidad legal que el nuevo ministro le pueda brindar al ámbito castrense mediante gestiones legislativas

Para el Gobierno nacional, esa no sería la única gestión legal que debería cursar para tranquilidad de los militares. Están pendientes, además, la aprobación de las incursiones a ejercicios en el exterior y el ingreso de fuerzas extranjeras al país, todas sostenidas por los decretos presidenciales, permeables a ataques opositores.