Mañana se abren los sobres de las ofertas económicas de las empresas que aspiran a quedarse con las represas hidroeléctricas del Comahue y anticipan algunos conflictos, entre ellos, el de la norteamericana AES.
REPRIVATIZACIÓN
Hidroeléctricas: Abren mañana los sobres con las ofertas, y puede haber conflicto con AES
Mientras Javier Milei declara a la Argentina aliada estratégica en la región de Donald Trump, AES se alista para la reconcesión de la hidroeléctrica Alicurá, y Javier Milei mira para otro lado...
06 de noviembre de 2025 - 13:05
AES, que obtuvo una sentencia favorable en el CIADI contra el Estado argentino por unos US$750 millones, busca la reconcesión de la hidroeléctrica Alicurá.
Es que AES obtuvo una sentencia favorable en el CIADI contra el Estado argentino por unos US$750 millones, y corre el rumor de que la actual concesionaria de Alicurá, pretendería descontar ese monto de la reconcesión de la hidroeléctrica. Hay, en efecto, quienes sostienen que una empresa que demandó al Estado argentino no debería, incluso, competir en una licitación nacional.
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La duda se despejará mañana. Cabe recordar que actualmente, El Chocón es operada por la italiana Enel junto con Arroyito; Piedra del Águila está bajo el manejo de la argentina Central Puerto, del empresario Nicky Caputo, y Alicurá, operada hasta ahora por la estadounidense AES Argentina. Planicie Banderita, que era administrada por Aconcagua Energía, rebautizada luego como Tango Energy, rescatada de la quiebra por Miguel Galuccio, y Cerros Colorados es operada por Orazul Energy.
Las más relevantes en potencia son El Chocón y Piedra del Águila cada una con más de 1.000 MW de capacidad instalada. Por su parte Arroyito con 128 MW y Pichi Picún con 261 MW funcionan como "represas de compensación": su capacidad es menor, precisamente porque no tienen el foco de alta generación, sino de regulación hidráulica.
En el sector se comenta que la tasación de los activos fue claramente subvaluada. Legisladores patagónicos de las provincias de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando que no se respetó el procedimiento legal, en particular, que no intervino el Tribunal de Tasaciones de la Nación como exige la ley.
Oficialmente, el Gobierno pidió US$200 millones por cada una de las dos más grandes El Chocón y Piedra del Águila, y alrededor de US$ 50 millones para Planicie Banderita y Alicurá.
Y se anotaron para disputar el botín, la estadounidense AES, Central Puerto, de los empresarios Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre; Rubén Chernajowsky en sociedad con los hermanos Neuss; Genneia, que tiene entre sus socios a la familia Brito; YPF; MSU Energy de Manuel Santos Uribelarrea; Pampa Energía de Marcelo Mindlin; y Javier Madanes Quintanilla dueño de Aluar.
Otro de los puntos en conflicto sobre los que publicó hace un tiempo Urgente24 fue el del requisito original del pliego donde se exigía acreditar experiencia en centrales que operaran más de 600 MW, lo cual el Gobierno rebajó a tan sólo 100 MW, permitiendo que puedan participar empresarios amigos de Santiago Caputo como los Neuss.
Santiago Caputo.
Vale mencionar que estamos hablando de un negocio con grandes ganancias: las centrales están en perfecto estado de mantenimiento, y la adjudicación garantiza tarifas dolarizadas por 30 años.
Construidas por el Estado y rematadas a "cualquier precio"
Más allá de ello, otra cuestión a recordar qes que las centrales fueron construidas por el Estado argentino, con dinero de todos los argentinos y ahora se las remata a un precio que, afirman, no fue debidamente tasado.
Desde que vencieron las concesiones en agosto de 2023, la historia de las represas se volvió una sucesión de prórrogas y más prórrogas. La primera fue del gobierno de Alberto Fernández que dejó correr el reloj y, en vez de recuperar las centrales, prorrogó una y otra vez los contratos con las mismas empresas privadas que venían explotándolas desde la privatización menemista.
Con el cambio de gobierno, la historia continuó. En enero de 2024, el Ejecutivo volvió a prorrogar por otros 60 días las concesiones, y la volvió una rutina administrativa: cada dos meses, un decreto o resolución extendía la "gestión provisional" y postergaba la reversión definitiva. Ahora, finalmente se concesionarán.
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