Lácteas: La quiebra (¿fraudulenta?) de la empresa de SanCor que puede afectar a La Suipachense

Quebró al empresa que producía los postres, yogures y flanes con marca de la láctea SanCor.

El Juzgado Comercial N°29, a cargo del responsable subrogante Federico Güerri, fue el que decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía los postres, yogures y flanes con la marca de la láctea SanCor, en una resolución judicial de fines de octubre, marcando el cierre definitivo de una historia atravesada por irregularidades, promesas incumplidas y una profunda crisis.

En efecto, este final fue el de un proceso que arrastró conflictos desde su nacimiento. En su constitución participaron fondos vinculados a BAF Capital —asociados a la empresa Vicentin—, y posteriormente ingresaron los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes ya controlaban La Suipachense a través de Maralac S.A.. La desaparición de estos últimos, en los últimos meses, precipitó el colapso total.

En efecto, se habla de que La Suipachense, administrada por la misma firma y con el mismo comportamiento irregular, podría correr la misma suerte En efecto, se habla de que La Suipachense, administrada por la misma firma y con el mismo comportamiento irregular, podría correr la misma suerte

La empresa atravesó años de incumplimientos laborales y financieros, y el punto de quiebre llegó en mayo pasado, cuando ARSA anunció que detendría la producción "para reordenarse". Algo que nunca sucedió. La actividad no se retomó, los compromisos salariales se incumplieron y la deuda con empleados y proveedores descontroladamente.

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Salarios en negro y desidia patronal

Durante los últimos años, los trabajadores cobraron salarios parciales, en cuotas o con demoras. En los meses finales, la empresa pagaba apenas el 25% del sueldo en negro, pese a exigir jornadas completas. Además, hubo más de tres años sin aportes a la obra social, lo que puso en riesgo la cobertura médica de los empleados. A pesar de ello, el sindicato Atilra sostuvo las prestaciones y asistencia alimentaria.

En la planta de Arenaza (Buenos Aires) trabajaban unas 180 personas, mientras que otras 200 lo hacían en la planta y centro de distribución de Córdoba. Muchos empleados, agotados por la situación, se consideraron despedidos; otros resistieron hasta el final. Hoy, la quiebra judicial confirma el cierre definitivo.

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¿Quiebra fraudulenta?

Algunos sectores califican la situación como una "quiebra fraudulenta", y apuntan a que el concurso de acreedores nunca se presentó de manera formal ni completa. El sitio especializado 'Bichos de Campo', publicó en efecto, sobre las dificultades para acceder a la documentación respaldatoria.

Aseguran que ARSA, como otras firmas del sector lácteo, fue víctima de malas administraciones, desvíos de fondos y estafas, no sólo económicas sino también éticas, por la falta total de responsabilidad empresarial. En distintos momentos intentó disfrazar su situación económica e incluso explorar la posibilidad de devolver la línea de productos frescos a la cooperativa SanCor, pero la propuesta fue descartada por el deterioro en la calidad y la irregularidad en la producción.

La sentencia con sanciones

El fallo judicial declara formalmente la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A., con domicilio en Azara 841, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dispone su ejecución inmediata. Se ordenó la clausura y constatación de todas las plantas, incluyendo las de Arenaza y Córdoba, y se retiraron las llaves del predio bonaerense.

El Juzgado mantuvo a la sindicatura 'Guillemi & Rosental', bloqueó todas las cuentas bancarias, notificó al Banco Central y dispuso la inhibición general de bienes. También se prohibió el acceso de los directivos a las cajas de seguridad y se ordenó interceptar toda la correspondencia de la firma.

El presidente de la sociedad, Santiago Jesús Segovia Brun, deberá comparecer a una audiencia presencial el 11 de diciembre. En caso de ausentarse injustificadamente, el tribunal autorizará el auxilio de la fuerza pública. Segovia Brun quedó inhabilitado por un año y tiene prohibida la salida del país hasta junio de 2026. La sociedad, en tanto, fue inhabilitada definitivamente.

El juzgado otorgó a los acreedores plazo hasta el 9 de febrero próximo para verificar sus créditos ante la sindicatura y ordenó la transferencia de $83 millones embargados en otra causa al expediente principal de la quiebra.

Un sector golpeado

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La sentencia pone fin a cualquier intento de continuidad. Los activos de ARSA serán liquidados y su estructura desmantelada. Tal como se mencionó en un principio, las consecuencias podrían extenderse a La Suipachense.

Como fuere, el caso deja expuesta una cadena de silencios cómplices, tanto empresariales como políticos, que durante años permitieron que la situación se degradara sin control.