El operativo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho exhibió que las favelas están administradas por el crimen organizado, el cual penetró en las nuevas generaciones y enlistó a civiles en las milicias paramilitares del narcotráfico, que se enfrentaron con granadas y drones contra la tropa de élite de la Policía Militar, el BOPE. Aquellos muertos tirados en el suelo, daño colateral de la redada del gobernador bolsonarista contra el narco, le pesa al presidente Lula da Silva, pero también daña su imagen internacional que una ciudad turística esté a merced del crimen organizado, por lo que ya puso en marcha proyectos de ley para cercenar al narcoterrorismo.
PUJA DE PODER
Lula da Silva esforzándose en cercenar al narco, pero Donald Trump ofrece su ayuda a Río
Lula da Silva endurece su postura contra el narcotráfico tras el sangriento operativo en Río de Janeiro y Donald Trump ofrece su ayuda a la gobernación bolsonarista.
05 de noviembre de 2025 - 16:29
En medio de esta coyuntura, y justo cuando Donald Trump se ciñe sobre el Caribe para abatir al narco, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha acelerado la tramitación de proyectos de ley enfocados en la seguridad pública para ser debatidos en el Congreso Nacional.
De hecho, esta semana el Partido de los Trabalhadores (PT), el oficialismo, presentó 51 propuestas para combatir y endurecer las políticas contra el crimen organizado, que ya tiene gobernanza en varios suburbios de São Paulo y Río de Janeiro.
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Del mismo modo, el gobierno de Río de Janeiro, bolsonarista, inició la elaboración de un plan para la recuperación territorial de las favelas de la ciudad. La propuesta debe ser presentada ante el CNMP (Consejo Nacional de la Fiscalía) y el STF (Supremo Tribunal Federal), que es responsable de su aprobación antes de que el plan pueda implementarse.
"El gobierno estatal tiene previsto entregar el documento antes del 20 de diciembre, previo al receso del Poder Judicial.
Se prevé iniciar el proyecto piloto en la recién creada zona suroeste de la capital, formando una especie de cinturón en las comunidades de Jacarepaguá, Vargens, Barra da Tijuca y Recreio dos Bandeirantes. Jacarepaguá se identifica en las investigaciones como la zona de mayor expansión del CV (Comando Vermelho), que ha llegado a controlar regiones que antes estaban bajo el control de la milicia.
Los altos mandos de Seguridad Pública de Río han rechazado los términos "ocupación" y "reocupación", tal como los utiliza el Supremo Tribunal Federal. Consideran que una ocupación como la del modelo de la UPP (Unidad de Policía Pacificadora) no sería viable debido a la falta de personal policial y de presupuesto para su mantenimiento.
En una conferencia de prensa el pasado viernes (31), el secretario de Seguridad Pública, Victor Santos, declaró que el número de policías sería insuficiente si la ocupación se realizara en todas las favelas.
«Estamos en contra de la ocupación. Ningún estado de Brasil es capaz de mantenerla de forma permanente. En Río, casi una cuarta parte de la población vive en favelas; hay 1900 favelas. Si dividimos el número total de policías entre todas las comunidades, serían siete policías por comunidad. La solución es recuperar las tierras», afirmó.
Víctor dos Santos también cree que el presupuesto actual de Seguridad Pública es insuficiente para implementar un plan de recuperación.
«Aconsejamos al gobernador que no utilice el presupuesto ordinario para no poner en peligro los proyectos en curso en el estado. Necesitamos buscar fuentes alternativas. La Corte Suprema menciona el Fondo Nacional de Seguridad Pública, pero los fondos disponibles actualmente son escasos. Se distribuyen aproximadamente 50 millones de reales anuales a los estados. Esto representa tres meses de combustible para la Policía Militar de Río de Janeiro. Será necesario aumentar esta cantidad»”, señala el diario Folha.
En tanto, la administración de Donald Trump le envía una carta a la gobernación bolsonarista de Claudio Castro, el ejecutivo de Río, lamentando las muertes de los uniformados en el megaoperativo contra Comaldo Vermelho, y le ofrece la ayuda de Washington para doblegar al crimen organizado.
La carta está firmada por James Sparks, jefe de la DEA, y fue enviada este miércoles (4) al Secretario de Seguridad Pública Victor Santos. En el documento, el gobierno estadounidense, a través de la DEA, la agencia federal antidrogas, también ofrece su apoyo al gobierno de Río de Janeiro.
“En este momento de duelo, reiteramos nuestro respeto y admiración por la incansable labor de las fuerzas de seguridad del Estado y ofrecemos nuestro apoyo en todo lo que sea necesario”, reza el comunicado.
Además de expresar sus condolencias por la "trágica pérdida de los cuatro agentes de policía que cayeron en el cumplimiento de su deber", Sparks también afirma que "la misión de proteger a la sociedad exige coraje, dedicación y sacrificio, y reconocemos el valor y el honor de estos profesionales que dieron su vida en defensa de la seguridad pública".
El gobierno de Trump lamenta las muertes de policías en Río de Janeiro y ofrece ayuda.
Río de Janeiro exhibió el poder del narcotráfico en Brasil
Como reveló Urgente24, Río de Janeiro fue escenario de guerra el martes pasado, a causa de un operativo policial contra el crimen organizado, ordenado por la Gobernación del bolsonarista Cláudio Castro. Fue una jornada de furia y de violencia extrema entre las fuerzas del orden y el narcotráfico, que incluyó el despliegue de helicópteros y tanques de guerra de la Policía Militar, en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, para dar batalla contra el Comando Vermelho (CV), el cártel narcotraficante que tiene su bastión en esa ciudad. Este grupo lanzó granadas con drones y abrió fuego con fusiles y armas de alto calibre contra los efectivos policiales.
El BOPE, la famosa tropa de élite del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), se adentró ese martes con tanques, helicópteros y blindados en las favelas de Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro, donde abrió fuego contra supuestos narco-criminales del Comando Vermelho, convirtiendo a Río en una zona de muerte y de escalada bélica, al borde de una guerra civil.
Ese escuadrón, junto a al menos 2500 efectivos de otras fuerzas armadas, se dirigió a las favelas de Alemão y Penha por orden del gobernador de Río, el bolsonarista Cláudio Castro (PL), quien dirigió la operación más mortífera contra el narcotráfico, aunque la ofensiva, como daño colateral, haya asesinado a un puñado de inocentes atrapados en medio de las balaceras.
El gobernador de Río, Castro, aseguró el martes que en tres oportunidades pidió al gobierno nacional que le enviara blindados de la Marina y del Ejército, para realizar una redada contra el Comando Vermelho, pero que la petición fue denegada.
El gobernador bolsonarista celebró a viva voz el "éxito de la operación" y lo catalogó como un embate contra el "terrorismo" narco. De acuerdo con Vinicius Torres Freire, del diario paulista Folha, la decisión del delfín de Bolsonaro de llevar a cabo un megaoperativo contra el crimen ocurrió, justamente, en medio de un contexto en el que las derechas estaban acorraladas "tras casi tres meses de derrotas", entre ellas la condena de Bolsonaro y el inicio de las negociaciones entre Trump y Lula da Silva para recomponer las relaciones bilaterales. "Ahora planean una contraofensiva cadavérica. Los gobernadores quieren hacer propaganda de la matanza en Río de Janeiro para crear un lema de campaña y preparar un ataque al Gobierno federal", plantea.
En este contexto, el gobernador Castro "copió" la política de guerra nacional e internacional del Donald Trump. "Además de vasallaje, es ignorancia y propaganda de guerra", dice. Por este camino, "difícilmente el país saldrá del ciclo de muerte, del círculo de sangre. El crimen organizado se fortalece", asegura.
Tras la masacre en Río, un día después, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que el crimen organizado destruye "familias", pero al mismo tiempo había instado a la gobernación bolsonarista de Río de Janeiro a que combatiera al narcotráfico sin poner en peligro las vidas civiles.
Veinticuatro horas después, Lula firmó una ley que incrementa la protección a los agentes públicos, así como endurece las penas contra el encubrimiento del narcotráfico.
"He firmado la Ley 15.245/2025, que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir estas investigaciones. El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con mayor firmeza para combatirlas", escribió el presidente Lula en su cuenta oficial de X, luego del combate de guerra en Río entre el BOPE (tropa de élite anti narco) y el cártel Comando Vermelho, lo que dejó a la comunidad arrasada, con 164 muertos y olor a pólvora.
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