Con el Real Decreto ya aprobado, la regularización de inmigrantes en España activa una avalancha de trámites.
Afuera del Consulado de Pakistán en Barcelona, personas aguardan para tramitar el certificado de antecedentes penales, requisito clave de la regularización.
España aprobó por Real Decreto la regularización extraordinaria de inmigrantes y el impacto no tardó en sentirse más allá del tablero político. En el día de hoy, la medida impulsada por el Gobierno reactivó la tensión con la oposición y abrió un nuevo frente en el debate migratorio, tras la difusión de imágenes en las inmediaciones del consulado de Pakistán en Barcelona.
Con el Partido Popular y Vox endureciendo su discurso contra el Ejecutivo, los primeros efectos burocráticos de la nueva legislación comenzaron a marcar el pulso de la grieta. Durante la jornada, distintos medios difundieron escenas de largas colas frente a las oficinas de ese país en el barrio barcelonés de Eixample, y la postal se instaló rápidamente en la discusión pública.
Decenas de personas se acercaron para tramitar el certificado de antecedentes penales, un requisito clave del proceso de regularización. El episodio, breve pero visible, fue utilizado por la oposición como argumento para cuestionar la capacidad de gestión del decreto, mientras el Gobierno defendió la medida como un paso necesario para ordenar una realidad ya existente.
Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció que no descarta llevar el Real Decreto a los tribunales, al considerar que la medida responde a una necesidad parlamentaria del Gobierno y plantea dudas sobre su legalidad. En declaraciones a medios nacionales, sostuvo que el PP “va a estudiar el decreto” y advirtió que una regularización masiva puede generar un “efecto llamada”, es decir, incentivar nuevas llegadas al transmitir la idea de que la permanencia irregular puede derivar posteriormente en residencia legal y, a mediano plazo, en acceso a la nacionalidad. También señaló que la medida podría chocar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al entender que la regularización colectiva se aparta del enfoque común de la Unión Europea, orientado al control de fronteras, la gestión coordinada de flujos migratorios y los retornos.
El ex candidato a presidente afirmó que la iniciativa busca, en realidad, asegurar apoyos parlamentarios para el Ejecutivo y reordenar el debate político interno, al tiempo que reconfigura las tensiones entre las fuerzas de la oposición. Desde su perspectiva, la regularización funciona como una herramienta para fortalecer al oficialismo y, a la vez, profundizar las divisiones en el espacio de la derecha, donde no todos los sectores comparten el mismo nivel de dureza discursiva en materia migratoria. En ese marco, rechazó de plano los procesos colectivos y defendió una regularización individual, condicionada al contrato de trabajo, ausencia de antecedentes y compromiso de integración. “Entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal”, afirmó, al tiempo que vinculó la medida con lo que definió como la “debilidad parlamentaria” del presidente del Gobierno.
El discurso se endureció aún más desde Vox. Su líder, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de impulsar una “medida criminal” y cargó también contra el PP, al que señaló por temer que la regularización “beneficie a Vox”. En la misma línea, el secretario general del partido y diputado autonómico en Cataluña, Ignacio Garriga, afirmó que “con Vox las colas serán para subir a un avión con destino a Pakistán”, una consigna que la propia formación difundió en sus redes sociales y que elevó aún más la tensión del debate.
Lo cierto es que no se trata de una medida inédita en la historia reciente de España. El país ya avanzó en regularizaciones extraordinarias de inmigrantes sin papeles durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La diferencia, esta vez, es el contexto político y la dureza del enfrentamiento: mientras el Ejecutivo defiende la regularización como una herramienta para ordenar una realidad existente, el Partido Popular que hoy lidera Alberto Núñez Feijóo busca frenarla por vía judicial y convertirla en uno de los ejes centrales de la disputa política.
La regularización extraordinaria ya aprobada establece una serie de condiciones básicas que deberán acreditar las personas extranjeras que quieran acceder al permiso de residencia provisional. El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a quienes ya viven y trabajan en España, no habilitar nuevas entradas.
Entre los requisitos centrales figura haber residido en España antes de fines de 2025, un extremo que podrá demostrarse mediante empadronamiento, contratos de alquiler, certificados médicos, billetes de transporte o comprobantes de envío de dinero. También será obligatorio carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen, de ahí la importancia que adquirieron los consulados en los primeros días del proceso.
Además, podrán acogerse al decreto personas que hayan solicitado protección internacional antes de la fecha límite fijada por la norma. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo establecido por el Ejecutivo y serán evaluadas caso por caso por la administración. Para el Gobierno, se trata de ordenar una realidad laboral ya existente; para la oposición, de un proceso que abre interrogantes jurídicos y políticos. Mientras tanto, los trámites ya están en marcha y el sistema administrativo empieza a mostrar señales de saturación.
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