CFK (Cristina Fernández de Kirchner) en reposo posquirúrgico pero 2 de sus seguidores más fanáticos están protagonizando un cruce público y violento: Mayra Mendoza y Juan Grabois. El kirchnerismo en la gestión municipal no puede sostener el reclamo de los irregulares que fomentó el kirchnerismo.
FURIA EN FUERZA PATRIA
Con CFK internada, el kirchnerismo hace 'crac': Mayra Mendoza vs. Juan Grabois
CFK posquirúrgica cuando 2 de sus seguidores más fanáticos chocan con fuerza: Mayra Mendoza vs. Juan Grabois. Kirchnerismo en crisis abierta.
El nuevo ordenamiento integral del tránsito que impulsa la Municipalidad de Quilmes provocó una embestida de los 'trapitos', que fueron por la sede municipal, lo que provocó una necesaria represión de la Policía Bonaerense. Lo interesante es la grieta abierta en Fuerza Patria entre los hiperkirchneristas Mayra Mendoza -líder oficialista y ahora legisladora provincial- y Juan Grabois -líder de trabajadores en movimientos sociales y ahora diputado nacional.
Los 'trapitos' sostienen que tienen “derecho” a cobrar por cuidar vehículos. Sin embargo, la calle no es un espacio privado ni un predio concesionado, sino un bien público administrado por el Estado municipal. Cobrar por su uso sin habilitación no constituye un trabajo formal, sino una apropiación ilegal del espacio común.
El conflicto se originó tras una publicación de Grabois en la red social X (ex Twitter), quien cuestionó al gobierno municipal y a la Policía Bonaerense por la represión de un intento de ocupar la sede municipal mientras el Concejo Deliberante trataba la ordenanza que habilita el sistema de estacionamiento medido.
Juan Grabois denunció una “privatización amañada” del sistema, al tiempo que apuntó contra lo que definió como una clausura del diálogo social en un contexto de crisis económica y social.
“Cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”, expresó Grabois, quien además afirmó que durante la represión fue detenida una trabajadora de prensa llamada Amanda y exigió su inmediata liberación.
En el mismo mensaje, sostuvo que “la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder” y advirtió que, ante el avance de la miseria, los conflictos sociales son inevitables, cuestionando lo que definió como un abordaje “represivo y cruel”.
Mayra Mendoza se comunicó directamente con Grabois, grabó sus dichos y los difundió: “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”.
“Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”, señaló la diputada provincial, marcando distancia del planteo del dirigente social. E
Mendoza también puso en duda la coherencia política de Grabois dentro del espacio que ambos integran y lanzó una crítica directa a su posicionamiento. “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”.
Cómo comenzó esto
Diario digital 5Días, de Quilmes, el viernes 19/12 que ayuda a ubicar todo en contexto:
"Durante más de 10 años, varias calles de Quilmes dejaron de ser un espacio público para transformarse en territorio controlado por terceros.
No por una ordenanza, no por una concesión legal, sino por la fuerza de los hechos: los llamados “trapitos” que cobran por estacionar en la vía pública con la anuencia —explícita o silenciosa— de sectores de la policía.
El fenómeno no es nuevo ni espontáneo. Se consolidó con el tiempo, ocupando cuadras estratégicas del centro, zonas comerciales y alrededores de eventos masivos. Allí, estacionar dejó de ser un derecho para convertirse en una transacción informal, sostenida por una amenaza tácita: pagar para evitar daños.
Los cuidacoches sostienen que tienen “derecho” a cobrar por cuidar vehículos. Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién les otorgó ese derecho?
La calle no es privada. No es un predio alquilado ni una playa habilitada. Es un bien público administrado por el Estado municipal. Cobrar por su uso sin autorización no es un trabajo informal: es una apropiación del espacio común.
Con el anuncio del reordenamiento vial —que incluye estacionamiento medido, fotomultas por infracciones y balanzas para controlar camiones— el conflicto salió a la superficie. Los trapitos exigen conservar el control de determinadas zonas, como si se tratara de un derecho adquirido. En los hechos, reclaman seguir administrando calles que nunca les pertenecieron.
El pago no compra protección, sino tranquilidad momentánea. Y esa tranquilidad se sostiene sobre una lógica extorsiva: si no pagás, el riesgo es tuyo.
Durante años, esta situación fue posible gracias a la complicidad estatal. Sin control, sin sanciones y con presencia policial que miró para otro lado, el sistema se naturalizó. El resultado es una ciudad donde el vecino paga dos veces: impuestos y peaje informal.
El reordenamiento vial no crea el problema: lo desnuda. Lo que hoy aparece como conflicto es, en realidad, el fin de una anomalía tolerada demasiado tiempo. No se discute el derecho al trabajo, sino el límite entre subsistencia y apropiación ilegal del espacio público."
Enojo en Quilmes
El mismo viernes 19/12 en La Noticia de Quilmes:
##Cuánto dinero mueve la actividad de los trapitos en Quilmes
Según estimaciones realizadas en base a valores que los propios vecinos reconocen pagar, cada trapito cobra entre $1.000 y $2.000 por vehículo estacionado en el centro quilmeño.
De acuerdo a relevamientos en la zona céntrica de la ciudad, cada cuidacoches “cuida” alrededor de 20 autos por hora, especialmente en sectores de alta rotación como Plaza Conesa y calles comerciales.
Esto implica una recaudación estimada de entre $20.000 y $40.000 por hora. Si se toma como referencia una jornada de trabajo de 6 horas, un solo trapito puede obtener entre $120.000 y $240.000 diarios, sin ningún tipo de habilitación, control ni tributación.
A este monto se suma el lavado ilegal de autos, una práctica habitual en algunas cuadras del centro, por la cual cobran alrededor de $6.000 por vehículo, también sin autorización ni condiciones mínimas de seguridad o higiene.
De este modo, la recaudación mensual estimada de un trapito puede superar ampliamente los cuatro millones de pesos, lo que permite dimensionar el fuerte interés por sostener una actividad basada en la ocupación irregular del espacio público.
##Un conflicto que quedó expuesto
El plan municipal incluye, además del estacionamiento medido, fotomultas por infracciones y controles sobre el tránsito pesado, entre otras medidas que apuntan a ordenar una ciudad que durante años convivió con prácticas informales naturalizadas por la falta de control.
##El fin de una anomalía
Durante años, esta situación fue posible por la tolerancia estatal, la ausencia de sanciones y la falta de controles efectivos. El resultado fue un sistema paralelo en el que el vecino terminó pagando dos veces: impuestos municipales y un “peaje” informal para poder estacionar.
El reordenamiento del tránsito no crea el conflicto, sino que lo deja al descubierto. No está en discusión el derecho al trabajo, sino el límite entre la subsistencia y la apropiación ilegal del espacio público.
Como ya ocurrió en otros distritos, como por ejemplo Berazategui, Lanús o Avellaneda, la nueva normativa que debatirá el Concejo Deliberante en las próximas horas apunta a recuperar la calle como lo que es: un bien de todos."
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