Simpatizantes del PP y Vox increparon al Rey por rubricar el decreto de Sánchez que regulariza a 500.000 inmigrantes y reaviva la disputa migratoria.
La rúbrica de Felipe VI al decreto de regularización lo colocó inesperadamente en el foco de la disputa política.
FOTO: ANDRÉS BALLESTEROS / AFP La firma de un Real Decreto volvió a colocar a la Corona en el centro de la tormenta política. En las inmediaciones del Congreso de los Diputados, simpatizantes del Partido Popular y de Vox increparon a Felipe VI tras la promulgación del decreto que habilita la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes.
“Felipe, reacciona, perdiste la corona”, se escucha en el video que circuló en redes sociales en el día de ayer y que escaló un nivel más en un debate que ya se había instalado desde fines de enero. El decreto, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, había generado un fuerte rechazo parlamentario. Sin embargo, la protesta frente al Congreso añadió un componente simbólico: por primera vez en esta discusión, el foco no se centró exclusivamente en el Ejecutivo, sino también en la figura del Rey.
Desde el punto de vista institucional, la firma del monarca no implica una decisión política propia. La Constitución le asigna la función de sancionar y promulgar las normas aprobadas por el Gobierno o por las Cortes Generales, en un acto formal y obligatorio, sin margen para veto. Pero en una España atravesada por una polarización creciente, que hoy tiene en la inmigración uno de sus ejes centrales, la figura del Rey, símbolo de unidad, vuelve a quedar en el centro de la disputa. La rúbrica fue así leída por sectores de la derecha como un gesto político que merece reproche.
Es el trasfondo del enojo político, sostenido en las cifras, el que, según el Partido Popular y Vox, debería preocupar a los españoles. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, España superó por primera vez los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, dentro de una población total que ya roza los 49,6 millones de habitantes. Un máximo histórico alcanzado por el país.
El crecimiento ha sido sostenido. En apenas cuatro años se incorporaron cerca de 2,5 millones de inmigrantes y solo en el último año el aumento superó las 500.000 personas. Para los sectores más conservadores, estos números confirman un cambio demográfico acelerado que impacta en el mercado laboral, la vivienda y los servicios públicos.
Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha advertido que las regularizaciones masivas pueden generar un “efecto llamada”, es decir, incentivar nuevas llegadas al transmitir la idea de que la permanencia irregular puede derivar posteriormente en residencia legal. En Vox, encabezado por Santiago Abascal, el discurso es aún más duro y vincula el fenómeno con inseguridad y presión sobre los servicios públicos.
El nuevo esquema aprobado por el Gobierno prevé regularizar a 500.000 personas en situación irregular bajo determinados requisitos administrativos. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de ordenar una realidad ya existente y formalizar empleo, la oposición advierte que el proceso puede alterar el equilibrio institucional y enviar una señal que incentive nuevas llegadas.
Las imágenes de largas filas frente al consulado de Pakistán en Barcelona para tramitar certificados de antecedentes penales, uno de los requisitos del proceso, se convirtieron en símbolo inmediato del impacto administrativo del decreto y alimentaron la discusión pública.
Si las críticas escalaron hasta la Corona, el señalamiento político concreto apunta al Gobierno y, en particular, a un nombre propio: Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Migraciones. Desde la derecha la señalan como la arquitecta administrativa de la regularización y cuestionan su rol en el diseño e implementación del decreto.
Pero el reproche no se limita a la medida en sí. El Partido Popular y Vox recuerdan que Cancela fue durante siete años responsable de Políticas Migratorias y del voto exterior dentro del PSOE. A su juicio, ese antecedente refuerza la sospecha de que la regularización podría tener una derivación electoral.
El argumento opositor mira de reojo al calendario. Los inmigrantes regularizados no pueden votar en elecciones generales hasta obtener la nacionalidad española. Sin embargo, sí pueden participar en comicios municipales cuando existen acuerdos de reciprocidad con sus países de origen. Además, tras un período de residencia legal, pueden iniciar el proceso para acceder a la ciudadanía, lo que eventualmente los habilitaría a votar en todas las instancias. En un escenario con elecciones generales previstas para 2027, la discusión ya se proyecta hacia ese horizonte.
Desde el oficialismo rechazan esa lectura y sostienen que la medida responde a una necesidad social y laboral, no a un cálculo político. Cancela ha defendido públicamente la regularización como una herramienta para garantizar derechos, formalizar empleo y sacar de la vulnerabilidad a un sector de la población que con frecuencia queda estigmatizado cuando se instala el debate sobre inseguridad y presión sobre los servicios públicos.
La regularización dejó así de ser un expediente administrativo para convertirse en un símbolo político. En cuestión de semanas, el debate migratorio escaló desde los despachos ministeriales hasta las puertas del Congreso y alcanzó incluso a la Corona. Las cifras, los decretos y los nombres propios se mezclan ahora con la disputa por el relato y el posicionamiento electoral. Con 2027 en el horizonte, cada movimiento empieza a leerse en clave estratégica, en una España donde la polarización ya no distingue entre política migratoria, institucionalidad y cálculo político.
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