El proyecto de Inocencia Fiscal, que el Gobierno impulsa como la llave para que los argentinos saquen los dólares del colchón y los vuelquen al circuito formal, llegó al Congreso con una bomba debajo del brazo. Mientras promete seguridad jurídica y un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, esconde un esquema de sanciones que, de aprobarse sin cambios, implicaría un salto de más del 110.000% en las multas automáticas que aplica ARCA. El impacto no sería parejo para las pymes que aparecen como las principales damnificadas.
Hoy, una empresa que se atrasa un día en la presentación de una declaración jurada enfrenta una multa simbólica, completamente licuada por la inflación. El proyecto eleva ese monto de $400 a $440.000 para personas jurídicas y de $200 a $220.000 para personas humanas. El contraste es tan brutal que incluso especialistas cercanos al oficialismo admiten que el esquema, tal como está redactado, resulta desproporcionado y potencialmente regresivo.
¿Por qué la multa de ARCA genera alarma en cada pyme?
La preocupación no surge solo del número final, sino del carácter automático de la sanción. No se trata de un castigo por evasión deliberada ni por maniobras complejas, sino por un incumplimiento formal, que es presentar tarde un formulario.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, lo resumió antes del debate en Diputados. Una multa pensada para actualizar montos desfasados terminó convirtiéndose en un mazazo. Según explicó, el proyecto no contempla escalas ni criterios de proporcionalidad. Una microempresa recibe el mismo castigo que una gran compañía, aun cuando su capacidad económica sea incomparable.
Multa: ¿Actualización o castigo encubierto?
El argumento oficial es que las multas estaban desactualizadas y que era necesario llevarlas a valores reales. Nadie discute ese punto. El conflicto aparece cuando la actualización se hace en bloque, sin discriminar por tamaño de contribuyente ni por gravedad de la falta. Para muchos tributaristas, el problema no es el aumento en sí, sino la ausencia de un sistema que contemple la capacidad contributiva.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, advirtió que el esquema propuesto por ARCA podría terminar castigando errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión relevante. Es decir, una pyme que se atrasa por un problema administrativo recibe una multa similar a la de una empresa que decide incumplir de manera sistemática.
¿Cómo impacta esta multa de ARCA en las pymes más chicas?
En el universo pyme, $440.000 no es un monto menor. Para muchas firmas equivale a sueldos, insumos o pagos importantes para seguir operando.
El mismo Gobierno que busca blanquear dólares y ampliar la base tributaria, corre el riesgo de desalentar a quienes intentan cumplir. Se promete un Estado más amigable, pero se instala un régimen sancionatorio que no distingue entre el que evade y el que se equivoca.
La multa como pieza clave de la estrategia fiscal de ARCA
Puertas adentro del Congreso, varios legisladores señalan que la actualización de las multas no es un detalle menor, sino una obsesión del equipo económico. Durante debates anteriores, el Ministerio de Economía ya había presionado para incluir este punto en otros proyectos. La lógica es reforzar la caja por la vía de sanciones, mientras se alivian impuestos a sectores concentrados.
El contraste se vuelve más evidente si se lo compara con la reforma del impuesto a las Ganancias para sociedades, que beneficiaría a un grupo reducido de grandes empresas y tendría un costo fiscal significativo. En ese esquema, las pymes aparecen como el eslabón más frágil, obligado a compensar por otro lado.
¿Habrá cambios en la multa de ARCA para pymes?
La polémica escaló al Senado, donde el oficialismo se encontró con cuestionamientos incluso de aliados. Maximiliano Abad y Eduardo “Peteco” Vischi, de la UCR, reclamaron que se discrimine entre tipos de contribuyentes y que las multas no sean idénticas para todos. El planteo fue que actualizar no puede ser sinónimo de castigar a ciegas.
Frente a ese escenario, la senadora Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones, reconoció que el Gobierno está dispuesto a revisar el esquema. Pero puso una condición política, primero aprobar la ley tal como está y luego corregirla mediante una “ley corta”. La promesa calmó momentáneamente las aguas, aunque dejó un sabor amargo entre especialistas y legisladores.
Multas y pymes: La promesa de una ley corta que genera desconfianza
El compromiso de revisar las multas después de la aprobación no convenció a todos. En el Congreso recuerdan que otros proyectos se aprobaron con promesas similares que nunca se cumplieron. La desconfianza no es técnica, es política. La pregunta que sobrevuela es, una vez sancionada la ley, ¿qué incentivo real tendrá el Ejecutivo para modificar un esquema que refuerza la recaudación?
Mientras tanto, las pymes quedan en una zona gris. Saben que el proyecto puede avanzar y que, al menos por un tiempo, las multas de ARCA podrían aplicarse en su versión más dura. El costo de un error mínimo pasaría a ser desproporcionado, justo en un momento en el que el entramado productivo busca sobrevivir.
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