Mendoza multa y arresta a padres que no vacunen a sus hijos, mientras La Pampa busca que paguen

Mendoza es la primera provincia en denunciar en la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos, una medida que se decidió ante la alerta sanitaria nacional por el rebrote de sarampión y las muertes de al menos siete niños por tos convulsa en el país, mientras La Pampa alista proyecto para multarlos con hasta $300.000.

"Ya se realizaron las 10 primeras denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con la vacunación de sus hijos", informó el ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero.

Esta medida convierte a Mendoza en primera provincia del país en recurrir a la vía legal para exigir el cumplimiento del esquema nacional de inmunización. En este caso, las demandas caen en la Justicia Civil.

Los personas denunciadas son convocadas a una audiencia obligatoria en la que el personal sanitario advierte a los padres sobre los graves riesgos para la salud pública que implica la persistencia en esta irregularidad.

Además, la legislación vigente permite aplicar multas y sanciones. Los montos llegan a los 336.000 pesos y hasta 5 días de arresto, para los padres y madres que no cumplan con las vacunas obligatorias de sus hijos Además, la legislación vigente permite aplicar multas y sanciones. Los montos llegan a los 336.000 pesos y hasta 5 días de arresto, para los padres y madres que no cumplan con las vacunas obligatorias de sus hijos

El Gobierno de Mendoza remarcó que "no es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos".

Proyecto en La Pampa

Mientras, el proyecto que circula en La Pampa y lleva sanciones por un monto similar, avanza en el Congreso y reabre un debate que parecía cerrado: cómo garantizar que los niños reciban las dosis obligatorias en un contexto de caída de coberturas y reaparición de enfermedades prevenibles.

Según 'Diario Huarpe', la diputada Nancy Picón, impulsora del texto original, explicó que: "Las sanciones están pensadas entre 50 y 500 UF. Hoy eso equivale a cifras que parten aproximadamente en los 300 mil pesos, aunque pueden variar. La idea no es castigar por castigar, sino generar responsabilidad cuando el incumplimiento pone en riesgo la salud pública".

Es que lo que pretenden estas medidas es generar conciencia de que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando un alto porcentaje de la población está protegida frente a una enfermedad contagiosa Es que lo que pretenden estas medidas es generar conciencia de que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando un alto porcentaje de la población está protegida frente a una enfermedad contagiosa

"No podemos naturalizar que vuelvan patologías que estaban controladas. Esto sucede porque un sector de adultos decide no vacunar y los menores no tienen posibilidad de elegir. Las consecuencias las pagan ellos", afirmó también en declaraciones a la local 'Radio Sarmiento'.

Y citó el caso de Mendoza como un antecedente que, según la legisladora, "marca un camino posible para todo el país".

Un asunto que no es nuevo

Picón recordó también que la problemática no es nueva: "Cuando estuve en la Dirección de Acción Social de Rivadavia entre 2015 y 2019 ya hacíamos operativos casa por casa, porque muchas familias no llevaban a sus hijos a vacunar. Desde entonces sigo el tema y lejos de mejorar, en algunos lugares empeoró", dijo.

Aunque, aclaró que provincias como San Juan, Mendoza y Córdoba muestran una tendencia estable o en leve aumento, mientras que grandes centros urbanos como Rosario y CABA experimentaron caídas "muy preocupantes".

La batalla por la vacunación, tiene a su vez un proyecto paralelo que busca todo lo contrario: eliminar la obligatoriedad del calendario, lo que provocó que se aceleren las discusiones.

"Una colega me pidió que acompañara la idea de que cada familia decida libremente vacunar o no. Le respondí que no, porque la ciencia ha demostrado de forma contundente el beneficio de las vacunas. Venimos de atravesar una pandemia y sabemos perfectamente qué pasa cuando se desinvierte en inmunización", expresó, marcando la distancia entre ambas iniciativas.

¿Es posible controlarlo?

Según explicó, el sistema ya cuenta con herramientas: "Cada vacunatorio registra automáticamente qué dosis tiene cada persona. Cuando el incumplimiento aparece en el sistema, las provincias pueden intimar y, si no hay respuesta, activar la vía penal. Eso no requiere una ley nueva. Lo que propone este proyecto es sumar una sanción económica para reforzar ese proceso", indicó.

A su vez, remarcó que la digitalización completa de los carnets sería clave para acelerar los controles y permitir que los ministerios provinciales actúen con celeridad.

Sobre el futuro legislativo, Picón confirmó que su propuesta mantiene estado parlamentario y que se está trabajando en la Comisión de Salud para tratar ambos proyectos.

" Lo ideal sería que ninguna familia llegue a una sanción. La meta final es que no volvamos a lamentar muertes evitables, como ocurrió recientemente en Entre Ríos con los siete bebés que fallecieron por tos convulsa. Ojalá la responsabilidad familiar avance más rápido que cualquier ley", cerró.