El caso ocurrió en Neuquén en septiembre de 2019, cuando una nena de 7 años sufrió la fractura de la tibia izquierda durante una clase de gimnasia en una escuela de Chos Malal. La lesión, diagnosticada como fractura sin desplazamiento y catalogada como 'leve', derivó en una demanda civil y un fallo desorbitante.
MILLONARIA INDEMNIZACIÓN
Advierten por un fallo desorbitante que podría sentar un precedente incontrolable en todo el sistema educativo
Una nena se cayó el escuela, se fracturó la tibia y se recuperó normalmente. La familia pidió 6 millones, pero la Justicia ordenó pagar más de 175 millones en un fallo que encendió alertas por una posible " industria del juicio de padres"...
12 de diciembre de 2025 - 09:15
Crece la bronca por un fallo desorbitante en Neuquén que podría generar un efecto contagio.
La familia reclamó $6 millones, considerando una posible incapacidad futura. En 2020, el caso quedó saldado de manera particular cuando una aseguradora pagó algo más de $10 millones, acuerdo con el que el padre dio por concluido el litigio.
Sin embargo, en 2021 los padres volvieron a presentar una demanda contra el Consejo Provincial de Educación (CPE) y contra la compañía aseguradora.
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El juez Carlos Choco, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Chos Malal, ordenó en abril de este año al CPE pagar $175 millones, una cifra muy superior no solo a lo reclamado, sino también a indemnizaciones fijadas en causas con víctimas fatales.
El monto, que supera hoy los 120.000 dólares, fue luego ratificado por la Cámara de Casación el 13 de noviembre, aunque redujo el monto a 155 millones. Pero no evitó que estalle la provincia, que hizo un pedido de nulidad.
"Los niños se caen, por eso tienen un seguro, imagínate que el Estado deba pagar 200 millones a cada niño que se accidenta", dijo Silvana Reñones, según 'La Mañana Neuquén' una de las abogadas que representa al Consejo Provincial de Educación.
Ella es una de las firmantes del recurso de nulidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un intento de revertir un fallo que, según afirma, podría marcar un precedente incontrolable para todo el sistema educativo.
Una quebradura de tibia que requirió yeso y un tiempo de recuperación normal, sin secuelas graves. La situación, asegura la abogada, está lejos de ser excepcional: "Son accidentes ordinarios, que suceden en todas las escuelas y que están contemplados en las pólizas de seguro que prevé la propia normativa educativa".
Según el rechazo de nulidad presentado al TSJ, la sentencia recurrida de Casación, de los doctores Nancy Vielma y Juan Manuel Menestrina y Norma Alicia Fuentes, avaló el fallo del juez Carlos Choco "sin que justifique semejante salto cualitativo" porque la familia había demandado por 6 millones.
"Resulta un claro enriquecimiento sin causa, de carácter confiscatorio, ilícito e inmoral, que afecta gravemente al Estado y con ello al patrimonio del pueblo neuquino", fueron las palabras en el planteo de Neuquén sobre la decisión de la Cámara de Casación.
Uno de los puntos es que la demanda civil presentada contra el CPE por daño físico y daño moral fue iniciada por la familia de la niña años después que aceptaron el pago de alrededor de 10 millones como resarcimiento de Sancor Seguros, contratada por Educación.
Además, en el juicio se mostraron las actas de la escuela, donde el CPE aportó el informe que presentó al seguro. "El CPE nunca discutió que se cayó en la escuela, ni siquiera se discutió pericia médica, sí la psicológica, pero lo más importante que decimos es que el juez nunca tendría que haber intervenido", aseguró la abogada.
Este es el gran punto que pondera en el recurso de nulidad al TSJ: "Es el pecado original, la validación de Casación al fallo en primera instancia realizado por el Juez Carlos Choco se agrava al desconocer el principio de que la responsabilidad del Estado pertenece al derecho administrativo y su juzgamiento compete al fuero contencioso-administrativo".
Esto figura en la ley procesal 1305 que incluye explícitamente las pretensiones resarcitorias derivadas de hechos y omisiones de la administración pública, fijando la competencia en el fuero especializado.
Cómo se disparó la indemnización
Las pericias médicas realizadas durante el litigio confirmaron que la lesión había sido leve y que la recuperación fue favorable, sin desplazamiento. Se determinó un porcentaje de 10% incapacidad, y el informe psicológico que pretendía justificar un daño moral significativo fue objetado por su falta de consistencia técnica.
"Choco termina determinando que la lesión fue leve, con buena evolución, fija una incapacidad mínima del 10%, luego se evalúa psicológicamente, con supuesto estrés postraumático, con una pericia flojita, que el mismo juez reconoce, pero que termina sentenciando por suma descabellada reconociendo que la incapacidad era del 28%", indicó Reñones.
"Lo extraño de todo esto no es solo la forma en que evalúa la prueba sino lo que más ruido nos hace son las fórmulas porque en cualquier proceso judicial no inventan según la cara sino que hay parámetros establecidos vía legislación y vía jurisprudencia que fija la cámara", aseguró la letrada.
"Inventó y desvirtuó los parámetros que tenemos en la jurisdicción para dar una fórmula desproporcionada", subrayó la abogada, quien agregó que de haber calculado la indemnización por la vida laboral a partir de los 18 años de vida, y no desde los 7 años, edad al momento del accidente, que está prohibido trabajar, "nos hubiéramos ahorrado 100 millones".
También indicó que el cálculo incluyó otra arbitrariedad, "hay cuestiones técnicas de valores actualizados del SMVyM más intereses, que no tiene ni pies ni cabeza". Si bien refirió que la sentencia fue revisada por la cámara de Casación, que lo que hace es disminuir el monto del daño moral a 12 millones, indicó que al avalar la demanda por 155 millones, "también hizo un fallo cuestionable, la cámara que no se la jugó".
"La familia pedía 700 mil pesos de daño psicológico y el juez termina fijando casi 29 millones. Nunca tuvimos indemnizaciones así en casos escolares", dijo Reñones.
"Estamos hablando de una quebradura de tibia que no generó consecuencias. Ya existe una póliza que cubre este tipo de accidentes. No fue que se le cayó un portón encima. Es un accidente ordinario", estableció.
Y encendió alertas:
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