El conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad madre del fútbol argentino, presentó una denuncia penal contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, a quien acusa de abuso de autoridad y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
NO TERMINA MÁS
La AFA contraataca y denuncia a un funcionario de Javier Milei: El motivo
La pelea entre la AFA y el Gobierno no va a parar. Lejos de calmar las aguas, ahora denunciaron a un funcionario de Javier Milei.
La presentación fue sorteada en el fuero federal y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención de la fiscalía que encabeza Carlos Stornelli. La denuncia formaliza una escalada que hasta ahora se había expresado en el plano administrativo y político.
La AFA contraataca y apunta a un funcionario mileísta
Desde la AFA sostienen que el accionar de la IGJ excedió sus atribuciones y afectó el normal funcionamiento de la institución. El abogado de la entidad, Gregorio Dalbón, afirmó públicamente que la denuncia apunta a “graves irregularidades” cometidas desde el organismo de control, que —según la postura de la asociación— vulneraron principios básicos del orden jurídico y la autonomía institucional.
El trasfondo del conflicto es la auditoría que la IGJ lleva adelante sobre los balances de la AFA. En ese marco, el organismo convocó a los contadores que certificaron los estados contables bajo revisión para que brinden explicaciones técnicas. Las respuestas ya fueron presentadas y están siendo analizadas por el ente regulador, que no descarta avanzar con la designación de un veedor dentro de la asociación.
Guerra entre el Gobierno y Chiqui Tapia
La tensión creció aún más luego de que trascendiera que el Gobierno evalúa impulsar nuevas acciones judiciales contra la conducción de la AFA. En particular, se menciona una posible ampliación de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social por unos 7.500 millones de pesos. Ese expediente es, hasta ahora, el único en el que Tapia figura formalmente imputado.
El enfrentamiento se da en un contexto sensible para el fútbol argentino. En Davos, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostraron junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, una imagen que fue leída como un gesto político relevante. En el entorno de la AFA existía preocupación por una eventual sanción internacional, dado que la FIFA promueve la no injerencia estatal en las asociaciones nacionales.
Desde la IGJ descartaron esa posibilidad. Vítolo calificó como “disparatada” cualquier hipótesis de sanción y recordó antecedentes en otros países, como Brasil, donde hubo intervenciones estatales sin consecuencias deportivas a nivel internacional.
Más allá de los balances, otro foco de conflicto fue el traslado de la sede de la AFA al partido bonaerense de Pilar. La IGJ primero objetó la mudanza y luego aclaró que no se opondría al cambio de domicilio. Sin embargo, el tema quedó envuelto en una investigación judicial paralela vinculada a una propiedad ubicada en ese distrito, cuya titularidad real es objeto de análisis por parte de la Justicia.
Las sospechas apuntan especialmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según trascendió, en reuniones internas Tapia respaldó a su colaborador más cercano y dejó en claro que no piensa desplazarlo en medio del conflicto.
A este escenario se suman otras causas que orbitan alrededor de la AFA, tanto en la Argentina como en el exterior, y que refuerzan la presión judicial sobre su conducción. Pese a ello, Tapia minimizó el impacto del frente judicial y buscó despegar su situación personal de las investigaciones en curso.
Con la denuncia ya en los tribunales, la disputa entre la AFA y el Gobierno dejó de ser solo un cruce político y administrativo. Ahora, el conflicto se juega también en el terreno judicial, con derivaciones que podrían tener impacto institucional y deportivo.
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