AySA, en la recta final hacia la privatización: El Gobierno ya puso fecha límite para vender la empresa

AySA pasará a manos del sector privado.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una etapa decisiva. El Gobierno nacional trabaja contrarreloj para terminar de definir los aspectos centrales de la operación y prevé formalizar los últimos pasos administrativos antes de que finalice el primer trimestre de 2026, con la publicación del pliego que habilitará la venta de las acciones estatales.

Según fuentes oficiales, el objetivo es que el documento esté listo entre febrero y marzo, lo que permitiría abrir formalmente la competencia entre empresas privadas interesadas en quedarse con el control de la compañía que presta el servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.

AySA pasa al sector privado

AySA quedó incluida desde el inicio en el listado de empresas sujetas a privatización aprobado en la Ley Bases. A partir de ese marco legal, el Ejecutivo avanzó durante 2025 en una serie de medidas preparatorias que ahora desembocan en el lanzamiento del pliego, un paso clave sin el cual no puede concretarse la transferencia de la empresa al sector privado.

Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. El esquema diseñado por el Gobierno contempla que un operador privado adquiera al menos el 51% de las acciones, lo que le permitirá ejercer el control mayoritario. El resto de los títulos podrá colocarse en el mercado bursátil.

Antes de avanzar con la venta, el oficialismo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026. Ese programa buscó ordenar las cuentas de la empresa, redefinir procesos internos y mejorar indicadores de funcionamiento, con el objetivo de presentar a AySA como una compañía más atractiva para potenciales inversores y maximizar el valor de la operación.

El plan del Gobierno

En el Gobierno sostienen que la privatización apunta a mejorar la eficiencia del servicio, garantizar inversiones sostenidas en infraestructura y reducir la carga fiscal. Desde la gestión de Javier Milei insisten en que el Estado no debe administrar empresas de servicios y que su rol debe limitarse a la regulación y el control.

En paralelo, ya comenzaron a circular nombres de grupos que podrían competir por la empresa. Entre los posibles interesados aparecen el grupo Roggio, con experiencia en servicios públicos, y dos compañías brasileñas con fuerte presencia en el sector: Sabesp y Río+Saneamento. Sin embargo, el proceso se mantiene bajo reserva y no se descarta la aparición de otros jugadores una vez publicado el pliego.

Uno de los puntos centrales del esquema es el rol que cumplirán los organismos de control una vez concretada la privatización. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) continuará a cargo de supervisar las tarifas, la calidad del servicio y la atención a los usuarios, mientras que la Agencia de Planificación tendrá la responsabilidad de evaluar los planes de inversión y el desarrollo estratégico de la red.

La privatización de AySA forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas consideradas no estratégicas. En esa misma línea, el Ejecutivo también avanza con planes similares para Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales, entre otras compañías.

Con el calendario en marcha y los plazos cada vez más ajustados, el lanzamiento del pliego marcará un punto de inflexión. A partir de allí, se abrirá una nueva etapa que definirá no solo el futuro de AySA, sino también el alcance real del programa de privatizaciones que impulsa la administración libertaria.