Venezuela ofrece su RIGI a petroleras y Trump dice que están por perforar

Fue aprobada en una votación inicial en Venezuela un proyecto de ley que recortaría impuestos a petroleras, renunciaría al control estatal sobre las operaciones y agilizaría las regulaciones: un RIGI del chavismo trumpista que irá a 2da. votación.

El presidente Donald Trump desde el avión presidencial, Air Force One: “Vamos a empezar a perforar muy pronto. Tenemos a las compañías más grandes del mundo. Las tenemos y van a entrar. Todas están negociando ahora mismo”.

“Tras casi 20 años de vigencia, ahora es necesario adoptar un nuevo instrumento acorde con la evolución de los mercados de hidrocarburos”, declaró Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional, al presentar el proyecto de ley a sus colegas. “Es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, garantizando que el petróleo siga siendo el motor del desarrollo de nuestro país”.

Aun así, los expertos dicen que Venezuela aún necesita un apoyo más profundo de USA para atraer inversiones a gran escala.

Y Trump envió mensaje a los venezolanos: “Recibirán más dinero del que jamás hayan recibido, pero nosotros también recibiremos mucho dinero. Somos realmente buenos en esto”.

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Chevron

La reforma propuesta a la ley de hidrocarburos amplía un modelo contractual innovador realizado a finales de 2022 por la petrolera estadounidense Chevron Corp., el principal inversor del país y la única petrolera que cuenta con autorización estadounidense para extraer petróleo venezolano.

La reforma relajaría el control de Pdvsa, preservando la propiedad estatal de las reservas.

Las petroleras privadas podrían comercializar su propia producción pagando menos impuestos y, en particular, resolviendo cualquier disputa contractual mediante arbitraje internacional, en lugar de hacerlo exclusivamente en los tribunales venezolanos.

Bajo un modelo de contrato de servicios, conocido por su sigla CPP, las empresas privadas podrían operar campos petroleros a su propio costo y riesgo a través de contratos con PDVSA, mientras que las empresas mixtas seguirían requiriendo una propiedad estatal mayoritaria.

Durante años, legisladores, economistas y analistas venezolanos, y más recientemente incluso funcionarios del PSUV gobernante, han debatido la necesidad de reformar la ley.

Sin embargo, las propuestas se estancaron porque se consideró que contradecían la Constitución venezolana de 1999, que prohíbe a las empresas interponer demandas en tribunales internacionales y restringe la actividad petrolera al Estado y a PDVSA.

Ahora todo eso queda atrás.

RIGI chavista

Las propuestas ofrecen "una base jurídica razonablemente sólida para las inversiones actuales y futuras", afirmó David Goldwyn, director del grupo asesor de energía del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington, DC.

Él añadió que la reforma es esencial porque es probable que la inversión a corto plazo se limite a la reactivación de las operaciones existentes y a las que involucran a empresas no estadounidenses dedicadas a la rehabilitación de pozos bajo el modelo CPP.

Si bien se mantiene una tasa base de regalías del 30%, la propuesta permitiría reducciones para proyectos considerados antieconómicos, junto con reducciones temporales en los impuestos de extracción.

Los cambios buscan canalizar el capital hacia yacimientos subdesarrollados, incluyendo zonas con escasa infraestructura existente.

USA mantiene sanciones petroleras contra Venezuela, por lo que cualquier acuerdo requeriría licencias del Departamento del Tesoro estadounidense.

Varias empresas, entre ellas Repsol SA , Eni SpA , Maurel et Prom y Shell PLC, contaban con exenciones que la Administración Trump revocó en 2025 en un intento de presionar a Nicolás Maduro para que dimitiera.

La actual ley de hidrocarburos de Venezuela data de 2001, en los albores de la era socialista liderada por el ícono socialista Hugo Chávez. La ley fue reformada en 2006 para imponer un fuerte control estatal.

Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips rechazaron esas condiciones y sus activos fueron expropiados por el Estado al año siguiente.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello: ¡...!

Modelo Sturzenegger

Los legisladores también debatirán un proyecto de ley destinado a simplificar los trámites administrativos. La propuesta autoriza al presidente a suspender, modificar o eliminar trámites, permisos y requisitos considerados "burocráticos, innecesarios, inútiles, irrelevantes o complejos" mediante decretos ejecutivos.

Además, permite la digitalización, unificación y estandarización de trámites, así como la suspensión temporal de las disposiciones legales afectadas por dichos decretos hasta que sean reformadas por la Asamblea Nacional, como se conoce a la legislatura.

Por otra parte, se espera que el gobierno de Delcy Rodríguez alivie la presión sobre el sector privado del país mediante la derogación de la ley que regula el control de precios, la cual establecía un límite a los márgenes de ganancia de las empresas.

La propuesta, incluida en un proyecto de ley para proteger los derechos socioeconómicos, reduce las penas por delitos relacionados con la formación de precios e introduce un nuevo sistema tecnológico para monitorear los costos.

Sin embargo, el proyecto de ley mantiene el derecho del gobierno a fijar precios en caso de "circunstancias extraordinarias que afecten gravemente el bienestar de la población".

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