Buscan modernizar el INDEC y actualizar la medición del costo de vida: Qué proponen

Piden modernizar el INDEC y las mediciones que aplica.

Tras la controversia generada por la salida del ex titular del INDEC, el debate sobre la calidad y confiabilidad de las estadísticas oficiales volvió al centro de la escena política. En ese contexto, la diputada nacional Roxana Monzón, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que propone una reforma integral del Sistema Estadístico Nacional, con el objetivo de actualizar su funcionamiento y reforzar su independencia técnica.

La iniciativa busca garantizar que la producción y difusión de datos oficiales cumpla con criterios de calidad, transparencia y comparabilidad, en línea con estándares metodológicos reconocidos a nivel nacional e internacional.

Según el texto, contar con estadísticas confiables no solo es una condición básica para la democracia, sino también una herramienta clave para el diseño y la evaluación de políticas públicas eficaces.

Cambios en las mediciones del INDEC

Monzón sostuvo que los acontecimientos recientes dejaron en evidencia la necesidad de discutir una reforma de fondo. “Las estadísticas públicas son un bien esencial. Si los números no reflejan la realidad que vive la gente, las políticas públicas se construyen sobre diagnósticos erróneos”, planteó la legisladora, al fundamentar la urgencia del tratamiento parlamentario.

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a fortalecer la autonomía técnica, profesional y metodológica del INDEC, con el fin de evitar interferencias políticas y asegurar la continuidad de los criterios de medición más allá de los cambios de gobierno. En ese sentido, la iniciativa propone reglas claras para la actualización periódica de los instrumentos estadísticos clave.

Entre los puntos destacados, se establece la obligación legal de actualizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y la canasta utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor cada cinco años como máximo. El proyecto advierte que, históricamente, estas revisiones se realizaron de manera irregular, lo que generó un fuerte desfasaje entre los patrones de consumo actuales y los que reflejan las estadísticas oficiales.

El texto remarca que, en la actualidad, rubros como alquileres, servicios públicos y privados, medicamentos, salud, educación y conectividad digital ocupan un lugar cada vez más relevante en el presupuesto de las familias. Sin embargo, su peso en la medición oficial sigue siendo limitado, lo que —según el proyecto— deriva en una subestimación del verdadero costo de vida.

“Un índice de precios desactualizado no solo distorsiona la medición de la inflación, sino que también afecta el cálculo de la pobreza y la evaluación del impacto real de las políticas económicas”, sostiene la iniciativa, que insiste en la necesidad de utilizar siempre la encuesta de gastos más reciente como base para medir la evolución de los precios.

Modernizar los datos

Otro aspecto central de la propuesta es la falta de desagregación territorial de los datos. El proyecto cuestiona que las estadísticas nacionales tiendan a homogeneizar realidades muy distintas, invisibilizando las particularidades del interior del país y de las economías regionales. Por ese motivo, plantea la obligación de avanzar en una mayor desagregación provincial y regional, que permita dimensionar con mayor precisión el impacto del ajuste y las diferencias en el costo de vida según el lugar de residencia.

Para garantizar la transparencia y el control público del sistema, la iniciativa propone la creación de un consejo consultivo multisectorial. Este organismo estaría integrado por universidades, especialistas, representantes del Congreso y de las provincias, entre otros actores, y tendría un rol de seguimiento y asesoramiento sobre la implementación de las reformas.

Según el proyecto, el funcionamiento del consejo no implicaría un costo adicional para el Estado, ya que sus integrantes desempeñarían sus funciones de manera ad honorem. La intención es dotar al sistema estadístico de un ámbito plural y federal que refuerce su credibilidad y evite futuras controversias sobre la manipulación o el atraso de los datos oficiales.