Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

La casi intacta meseta de Baguales, en la provincia de Río Negro, se transformó en el centro de un ambicioso proyecto encabezado por el empresario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, millonario qatarí vinculado a la familia real de Qatar. La noticia encendió el debate público sobre la conveniencia de permitir inversiones privadas en territorios de alto valor ecológico.

En 2017, a través de la firma Baguales Acquisitions S.A., Al-Hajri concretó la compra de 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, ubicada a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche y conocida por su biodiversidad, bosques nativos y cursos de agua cristalina.

Aunque la transacción pasó relativamente desapercibida en ese momento, en los últimos meses el proyecto cobró relevancia por los planes de construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, identificadas como ChiBa I, II y III, según informó el diario Huarpe.

Hidroeléctricas para beneficio privado

El componente energético del megaproyecto no está pensado para generar energía para el sistema interconectado nacional, sino que servirá, según la documentación oficial, para abastecer el propio complejo privado y desarrollos anexos.

La potencia total proyectada –alrededor de 920 kilovatios– es modesta en términos energéticos, pero representativa en cuanto al control del recurso hídrico, tal como informó Ecoticias.

Más allá de la energía, el plan de inversión contempla la construcción de una residencia privada de lujo y un desarrollo turístico premium denominado Baguales Mountain Reserve, que combina exclusividad con entornos naturales.

La iniciativa surge en un contexto en el que sectores vinculados a la promoción de inversiones extranjeras ven oportunidades económicas en la región, mientras que organizaciones ambientales y comunidades locales expresan profundas preocupaciones por el impacto ecológico.

De acuerdo con Más Energía, el proyecto se encuentra reglamentado bajo una conseción por 30 años desde 2025, en los que "el uso intensivo del agua estará restringido a los meses de invierno (julio a septiembre), cuando el caudal del arroyo es mayor". Además, la empresa deberá pagar regalías por el 16% de la generación energética bruta, un porcentaje superior al 12% aplicado en regiones como el Comahue.

Las polémicas del proyecto

Un punto clave en la polémica es el uso del agua de dominio público. Documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la provincia y relevados por Ecoticias detallan caudales máximos para captación estacional para cada una de las microcentrales, lo que abrió la puerta a cuestionamientos sobre los mecanismos de concesión y la transparencia del proceso de aprobación de los permisos.

El debate se trasladó al ámbito político y legislativo. En la Legislatura de Río Negro comenzaron a circular pedidos de informes y discusiones sobre las autorizaciones otorgadas, la falta de participación de las comunidades locales y la ausencia de estudios ambientales exhaustivos. Algunos legisladores señalaron la necesidad de revisar las reglas que permiten concesiones de recursos estratégicos sin mecanismos de consulta pública previos.

Además de las críticas ambientales, el caso generó reflexiones más amplias sobre soberanía territorial y manejo de recursos naturales. Sectores críticos sostienen que la venta de tierras de alto valor ecológico a capitales extranjeros, sin la debida participación comunitaria y sin salvaguardas ambientales fuertes, puede sentar un precedente preocupante para el futuro de la Patagonia y sus ecosistemas frágiles.

El proyecto de Al-Hajri, por lo tanto, no solo representa una inversión económica de gran escala, sino también un punto de inflexión en el diálogo entre desarrollo, conservación ambiental y derechos de las comunidades locales en una de las regiones más emblemáticas del país, y donde la propiedad de la tierra genera diversas disputas.