Manuel Adorni se regodeó de que durante diciembre y enero 5.000 extranjeros “no pudieron ingresar o fueron expulsados del país”. El jefe de Gabinete encabezó con ese punto una lista de medidas y resultados económicos que publicó el viernes en su cuenta de la red social X, los que serían pruebas irrefutables de que la Argentina tendrá un 2026 de “grandeza”, como el Gobierno dictó por decreto. Adorni no se tomó la molestia de explicar que esos extranjeros tenían algún conflicto con la ley (cometieron delitos o permanecían o quisieron ingresar al país de forma irregular, por ejemplo). La mención de forma genérica sólo puede disparar la sospecha de un gen xenófobo en el gobierno de Javier Milei por el que hay personas que son expulsadas del país por el simple hecho de ser extranjeras.
PANORAMA
Milei y la traición a las vacas sagradas libertarias
Del ataque a Techint a la posibilidad de recibir deportados de USA, Milei entró en colisión con su propio ideario.
01 de febrero de 2026 - 01:47
Javier Milei.
Montaje: Urgente24Un poco más de información aportó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un video para propagandizar la política migratoria del Gobierno. Allí detalló que las 2.400 personas expulsadas, capturadas o extraditadas durante diciembre y las 2.300 de enero o bien tenían antecedentes delictivos, o cometieron un delito estando en el país, o ingresaron y/o permanecían de forma ilegal. Aunque este detalle aparece casi al final del video en el que se observan personas detenidas y esposadas por las fuerzas de Seguridad. “Récord de extranjeros inadmitidos y expulsados”, tituló Monteoliva el tuit en el que compartió el video. Posiblemente a la ministra le preocupe que se la acuse de algún tipo de animosidad contra los extranjeros y en posteos posteriores ya aclaró desde el título que se refería a criminales o delincuentes de otras nacionalidades.
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El endurecimiento del control migratorio es una de las políticas que más celebran los votantes ‘duros’ de Milei, así como la incorporación en el temario de las sesiones extraordinarias del proyecto para bajar la edad imputabilidad. “Es exactamente lo que voté”, festejan en las redes ante este tipo de política. Por eso es que cayó tan mal entre ellos que mientras se endurece el discurso y la propaganda oficial sobre el control de los extranjeros que delinquen, se conociera que hubo negociaciones -o las sigue habiendo- entre la Casa Rosada y el gobierno de Donald Trump para que la Argentina se convierta en receptor de deportados por la administración republicana. Sean argentinos o de cualquier nacionalidad.
La noticia no la reveló ningún medio argentino sino el New York Times, que citó como fuentes a personas vinculadas con esas conversaciones y documentos del gobierno trumpista. Según esos registros, fue la Argentina la que acercó la propuesta del “3er país” a través del subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Juan Manuel Navarro, y que el canciller Pablo Quirno "se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar el acuerdo". La propuesta consistía, según el New York Times, en que la Argentina recibiría a los extranjeros detenidos apenas después de que cruzaran la frontera y desde aquí “potencialmente” se les ofrecería vuelos de regreso a sus países de origen.
El acuerdo sería en el marco de la violenta política anti-inmigrantes de Trump, cuyas postales del último tiempo fueron los asesinatos en la ciudad de Minneapolis (gobernada por los demócratas) de 2 ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de la ICE, la policía migratoria, durante redadas. Si la Argentina finalmente firmara ese convenio con Washington, se sumaría a un pool de países que integran, entre otros, El Salvador, Costa Rica y México. La política de seguidismo extremo de Milei a Trump volvía verosímil la posibilidad.
En las primeras horas tras la difusión del artículo del New York Times no hubo una voz oficial en el gobierno libertario que se refiriera abiertamente al respecto. Quirno nunca apareció -solo tuiteó la recomendación de no viajar a Cuba- y la primera reacción de la Cancillería fue una escueta comunicación en off the record pero que no desmentía lo publicado en USA sino que sostenía que no iban a comentar desde el Palacio San Martín sobre “conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas". En esa misma línea argumentaron en la embajada estadounidense en Buenos Aires y el departamento de Estado, pero aclarando que "la implementación de las políticas migratorias de la Administración Trump es una prioridad máxima”.
Lo más parecido a una comunicación oficial del gobierno argentino fueron los retuits de Javier Milei de los mensajes de 2 influencers libertarios de dudoso prestigio como lo son el ‘Gordo Dan’ (Daniel Parisini), estrella del streaming oficialista Carajo, y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien fue imputado en una causa por amenazas contra la exLLA Marcela Pagano. Parisini y Sarubbi repostearon el recorte de Clarín con la información del New York Times y al unísono dijeron que era “falso”. Milei compartió ambos mensajes lo que fue interpretado como una desmentida. Resulta curioso que el Presidente pretenda esa interpretación, porque según al fallo del juez Alberto Recondo que desestimó el pedido del niño Ian Moche para que Milei despublicara un retuit agraviante contra su persona no siempre debería considerarse un reposteo del Presidente una acción de gobierno, sino más bien una manifestación particular amparada en su libertad de expresión. Si se tiene en cuenta ese antecedente y la calidad de las fuentes que tomó Milei -ninguno es funcionario-, aún no ha habido una respuesta de la Casa Rosada sobre el asunto de las deportaciones de USA que no sean meros trascendidos o declaraciones en off the record.
Aún así esas declaraciones tendrían mucho más rigor que la desmentida presidencial. Parisini y Sarubbi Benítez afirmaron, y Milei avaló, que era “falso” que se estuviera negociando con Trump que la Argentina reciba deportados de USA. Sin embargo, para entonces lanación.com ya había citado fuentes de la Casa Rosada que admitieron que hubo pedidos en ese sentido en contactos entre el ministerio de Seguridad que entonces regenteaba Patricia Bullrich y la subsecretaría de Defensa estadounidense, pero sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Un rato después, el portal del canal TN informó que en el Gobierno confirmaron que las tratativas existieron, que USA iba a financiar la construcción de los centros de detención, pero que la “evaluación política y operativa” del proyecto fue “negativa” por distintos aspectos que van desde lo jurídico hasta el impacto en la opinión pública, lo que constaba también en los registros citados por el New York Times sobre los “obstáculos” planteados en el gobierno libertario. Así, según esa versión, la iniciativa fue desechada.
Por su parte, relativiza la "desmentida" de Milei el hecho de que ni la Cancillería, ni la embajada de USA, ni el Departamento de Estado hayan negado que existieran esas negociaciones. Ni Quirno ni Navarro hablaron y según escribió Liliana Franco en Ámbito Financiero “fuentes de USA” reconocieron que las conversaciones "existen desde enero del año pasado y formaron parte del paquete de negociaciones que tiene la gestión nacional con la administración de Donald Trump". En ese paquete estaría, claro, el salvataje financiero que el Tesoro estadounidense le dio a Milei en la previa a las elecciones legislativas (la "compra de pesos" y el swap por US$20 mil millones) y que, según distintos observadores, fue vital para el triunfo libertario.
La desprolijidad con la que se movió el Gobierno tras la publicación del New York Times y su repercusión local pudo deberse a la perplejidad que le causó la reacción adversa de parte de su núcleo duro, lo que se reflejó en las redes sociales, por lo que parecía una traición a una de las vaca,s sagradas libertarias. Por algo Milei eligió a 2 tuiteros fanáticos para “desmentir” un posible acuerdo por las deportaciones y Adorni prefirió poner como punto N°1 de su lista de la “grandeza” de la Nación lo relacionado a la política migratoria, incluso por encima de que el Riesgo País perforó los 500 puntos, consecuencia directa de que el Banco Central haya incorporado casi US$1.200 millones a sus reservas sólo en el mes de enero.
Este episodio no sería la única reacción sensible ante la opinión pública que el Gobierno mostró esta semana. La críticas que el Presidente recibió por su participación en un espectáculo en Mar del Plata para cantar con dosis exageradas de histrionismo el 'Rock del gato' junto a su expareja Fátima Florez mientras se agravaba la situación de los incendios en la Patagonia derivó en que el Ejecutivo tuviera que mostrar más gestión sobre el tema. Así liberó fondos demorados para las asociaciones de bomberos y decretó la Emergencia Ígnea, reclamada por los gobernadores de la zona de desastre, que permitirá destinar más recursos al combate al fuego. De esa forma en Casa Rosada registraron que hubo un límite a las extravagancias de Milei. La popularidad presidencial, esa otra vaca sagrada libertaria, fue puesta bajo cuestionamiento.
Los incendios en el sur y lo publicado por el New York Times corrieron de foco, al menos por un momento, el tema que se había llevado la atención en los días previos: el conflicto entre el Gobierno y el grupo Techint. Todo deriva de una licitación que organizó un consorcio de empresas que proyecta la construcción de un gasoducto que llevará gas de ‘Vaca Muerta’ en Neuquén hasta barcos de licuefacción amarrados en Río Negro que convertirán el fluido en GNL para su exportación. Southern Energy es el consorcio que lidera Panamerican Energy y completan YPF, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG. Ese conjunto licitó la provisión de caños para el proyecto y se la adjudicó a la india Welspun, rechazando, entre otras, la propuesta de Techint, que habría sido un 40% más cara.
Disconforme con el resultado, el grupo que dirige Paolo Rocca, intentó -según las reconstrucciones del hecho- mejorar su precio e incluso empardar al de la firma con sede en Bombay, que sin embargo fue ratificada como proveedora. En ese escenario, en el que por primera vez perdía una licitación local, Techint hizo trascender que evaluaba hacer una presentación por dumping en defensa de su producción local por la sospecha de que Welspun se abastece de acero chino que goza de subsidios, lo que lo vuelve mucho más barato. En India lo desmienten. Al cierre de esta nota, la denuncia frente al organismo competente no se había efectuado.
Hasta ahí el capítulo privado del episodio. Lo que sorprendió luego fue la reacción del Gobierno. Primero fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el que abrió la contienda. Reveló en uno de sus kilométricos tuits que Techint ofreció un precio 40% más caro por los caños y que reclamó luego el derecho de mejorar las ofertas de sus competidores. Por otro lado, Sturzenegger consideró “indefendible” que hubiera que concederle la adjudicación a Techint por tratarse de una empresa nacional cuando tenía precios más caros, ya que esto finalmente podría impactar, por ejemplo, en el consumidor de gas. El ministro reivindicó que se haya derogado el “compre argentino” y “los beneficios de la apertura económica”.
Todo parecía un debate filosófico a favor de la apertura y en contra del proteccionismo. Hasta que apareció Milei. El Presidente comenzó con el ataque a Techint, al que acusó de “llenarles los sobres (con dinero)” a todo aquel que manifestara algún tipo de defensa de la industria nacional. Luego bautizó a Paolo Rocca, que se ha convertido en la principal voz en contra de la apertura indiscriminada, como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”. Es una descalificación bastante audaz: se podrá catalogar a Techint de vender caro (lo hacen las pymes que lo tienen como proveedor), pero muy distinto es acusar al principal grupo industrial del país, con presencia en el mundo, de producir chatarra. O de vender “productos caros y de menor calidad” mediante “mediante negocios turbios con el Estado”, como gruñó después frente a sus fanáticos en el 'Derecha Fest', en Mar del Plata.
La polémica tomó otro espesor cuando Milei acusó a Rocca de golpista. Lo hizo al retuitear el mensaje de otro habitué del streaming Carajo que afirmaba que el CEO de Techint “jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre”, es decir, luego de la derrota frente al peronismo en los comicios bonaerenses. “Dato”, agregó el Presidente para validar ese comentario, a pesar de que no contenía ningún tipo de prueba sobre lo que denunciaba.
Es llamativo el encono de Milei contra Rocca siendo que el CEO de Techint ha sido elogioso del modelo libertario, más allá de los reparos por las importaciones chinas. Pero lo más curioso es la intervención presidencial desde el Estado en un asunto entre privados y para demonizar a un empresario, cuando siempre ha considerado “héroes” a los de esta especie. La actitud de Milei en el caso Techint entra en colisión con su propio discurso en Davos, donde pidió que los políticos “dejen de fastidiar a los que están haciendo un mundo mejor”. Es tal vez la principal vaca sagrada de su ideario que el Presidente se propone a traicionar.
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