El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, aprobó la creación de un sistema federal de información criminal que obligará a todas las fuerzas policiales y de seguridad a cargar y compartir en tiempo real los datos de sus operativos y procedimientos en todo el país. Lo hizo mediante la Resolución 108/2026, publicada hoy (04/02) en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.
PREOCUPANTE
Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva
Alejandra Monteoliva creó un nuevo sistema estadístico y registro que genera polémica por incluir a personas demoradas y liberadas por no haber cometido un delito.
04 de febrero de 2026 - 08:50
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva creó un sistema de control estadístico y registro que incluye a personas demoradas y liberadas por la policía o las fuerzas de seguridad, sin que hayan cometido delito alguno.
De esta manera, se establece un esquema único y obligatorio para informar intervenciones policiales, personal desplegado, secuestro de bienes, personas detenidas o demoradas y el uso de recursos logísticos.
El sistema también exigirá reportes específicos sobre civiles y agentes heridos o fallecidos, tanto durante operativos como fuera de servicio, cuando el hecho esté vinculado a la actuación de las fuerzas.
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Según la normativa, el panorama actual es fragmentado e incluso entre fuerzas federales existen criterios dispares para registrar hechos similares. Para corregir esto, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será la autoridad responsable de administrar el nuevo esquema, definir las reglas de carga y resolver eventuales conflictos de interpretación.
El nuevo sistema estadístico federal y la polémica
El sistema fue denominado Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS) y contempla siete grandes áreas de recolección de datos:
Intervenciones; recursos humanos; incautaciones; logística; fallecidos y heridos; abatidos... y hay un séptimo componente que llama la atención: lo que la reglamentación define como "involucrados", para referirse a "todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos en los que hayan tomado intervención las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o hayan sido liberados".
Acaso, ¿no es un exceso de intervención sobre la vida, la privacidad y la libertad de las personas, un sistema de control estadístico y registro que incluye a personas demoradas y liberadas por la policía o las fuerzas de seguridad, sin que hayan cometido delito alguno?
¿Tiene sentido que el Ministerio de Seguridad Nacional alimente y mantenga, en el ámbito de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, un registro permanente de "posibles inculpados" en "hechos presuntamente delictivos"? ¿Y que incluya en ese registro a las personas que hayan sido eventualmente demoradas sin tener ningún tipo de responsabilidad ni participación en un delito?
Se lo preguntó el Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro 'Topo" Rodríguez, al tanto de la obsesión del gobierno de Javier Milei por controlar la protesta social y confundir con delito el legítimo derecho democrático de peticionar ante las autoridades. Y tuvo sus repercusiones en redes:
Ahora habrá que preocuparse ya que se trata, sin dudas, de un peligroso exceso por parte de la ministra Alejandra Monteoliva y de un gobierno obsesionado con avanzar sobre las libertades individuales, pese a su insistente grito (vacío) de " viva la libertad".
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