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POR DECRETO

Los colegios privados podrán aumentar las cuotas y matrículas libremente

El Gobierno nacional decretó la desregulación de los colegios privados y podrán fijar los precios de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado.

Un cambio histórico en la educación privada: después de 30 años, los colegios privados podrán estipular el valor de sus cuotas y matrículas sin pedir autorización previa al Estado en una medida que podría significar aumentos y más costos para las familias.

Colegios privados liberados por decreto

Mediante el decreto 787, publicado este martes (11/11) en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el gobierno nacional eliminó la obligatoriedad a los colegios privados de comunicar anticipadamente los montos y obtener una autorización para aumentar las cuotas y matrículas.

El cambio le pone fin a una regulación que se implementó en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem y que en años de alta inflación sirvió para evitar mayores costos a las familias, en una situación similar a las prepagas.

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Los colegios privados debían informar al Estado los aumentos en sus cuotas desde 1993.

Los colegios privados debían informar al Estado los aumentos en sus cuotas desde 1993.

Con el decreto de Milei, las instituciones educativas ahora tendrán “el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Según argumentó la gestión Milei, el sistema derogado “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país” y “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”. Esta última frase hace referencia a que en 1993 la educación la dictaba el Gobierno nacional y con la reforma constitucional de 1994 pasó a las provincias.

“La estructura de costos y, consecuentemente, de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del decreto. La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, generó efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”, argumentó el Gobierno.

Perjuicio a las familias

Contra lo que se espera con el decreto que son aumentos sin control por parte de los colegios privados, el Gobierno argumentó en el decreto que el mecanismo para fijar los precios –ahora derogado- “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones” y en cuanto a las instituciones privadas les crea “una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

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Así, desde el Gobierno creen que la regulación de los colegios privadas que regía hasta ahora “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el decreto le dice “chau a los saltos exorbitantes” en los costos de cuotas y matrículas ya que “se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”.

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