En la Legislatura bonaerense comenzó a tomar temperatura un debate que ya desató alarma entre los actores centrales del mercado de combustibles. Un proyecto que exige anticipar aumentos de precios generó un fuerte rechazo entre las estaciones de servicio, que advierten que la iniciativa podría derivar en desabastecimiento, distorsiones operativas y caos en la comunicación con los consumidores.
PREOCUPACIÓN
Estaciones de servicio en pie de guerra: Rechazo total al proyecto sobre aviso de aumentos
Por ahora, lo único seguro es que las estaciones de servicio ya marcaron su posición con el rechazo total de esta ley.
06 de noviembre de 2025 - 17:55
Mientras la discusión avanza en comisiones, el sector ya dejó en claro que considera la propuesta inviable.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados provincial busca que las empresas expendedoras informen al Gobierno con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores del combustible. Además, exige que las estaciones adviertan al público sobre esos incrementos con al menos 48 horas de antelación. Sobre el papel parece un mecanismo de transparencia, pero en la práctica —según los protagonistas del rubro— podría desatar un efecto contrario al que persigue.
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¿Por qué las estaciones de servicio rechazan el proyecto sobre aumentos anticipados?
El eje del conflicto está en que los estacioneros no fijan los precios y, aun así, serían responsables de anticiparlos. La iniciativa estipula que quienes no cumplan con los plazos establecidos podrían enfrentar sanciones severas. Las multas previstas van desde 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper para las petroleras y entre 100 y 500 litros para las estaciones de servicio.
La diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), autora del proyecto, sostiene que el objetivo es brindar mayor previsibilidad a los usuarios. Sin embargo, la reacción del sector fue inmediata y frontal. Tanto la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) enviaron cartas expresando su rechazo y solicitando participar en el debate legislativo antes de que se tome cualquier decisión.
Estaciones de servicio, aumentos y rechazo: ¿Puede haber desabastecimiento?
Una de las principales advertencias de FECRA apunta a un escenario que ya es conocido por los consumidores, el desabastecimiento. La federación, que representa a unas 500 pymes expendedoras en la provincia, remarcó que anunciar aumentos con anticipación generaría exactamente el efecto que se busca evitar.
En su análisis, FECRA explicó que si los consumidores saben que habrá incrementos dentro de 48 o 72 horas, es esperable que adelanten sus cargas para pagar el precio previo al ajuste. Ese pico de demanda repentino “llevaría inexorablemente al desabastecimiento”, señalaron. El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando la combinación de rumores de aumentos y restricciones logísticas dejó estaciones sin combustible durante días.
El planteo también subraya un punto operativo relevante. Las estaciones están obligadas por normativa nacional a exhibir los precios vigentes, no los futuros. Difundir valores que todavía no están en vigencia —como exigiría el proyecto— generaría “confusión y desconcierto entre clientes y empleados”, y complicaría la operatoria diaria de los establecimientos.
Aumentos anticipados: ¿Cómo afecta el proyecto a los modelos de precios variables?
FECRA además alerta sobre una consecuencia adicional que, según el sector, la ley no contempla. Algunas petroleras aplican esquemas de precios variables dentro de un mismo día para administrar la demanda. Es una práctica que busca evitar saturar los picos y estabilizar el flujo de abastecimiento.
De aprobarse la normativa, esas estrategias quedarían anuladas. La obligación de informar aumentos con 72 horas de anticipación haría imposible cualquier ajuste dinámico en tiempo real, una herramienta que —según argumenta el sector— hoy resulta clave para evitar desbordes en el consumo cuando hay tensiones en la oferta.
Por eso, FECRA sostiene que la iniciativa “generaría más complicaciones que beneficios al consumidor”, afectando directamente una actividad considerada fundamental en la estructura productiva de la provincia.
Estaciones de servicio, aumentos y rechazo: ¿Duplicación normativa o protección al consumidor?
La UIPBA se sumó al rechazo, pero desde un enfoque diferente. La organización industrial afirma que la idea colisiona con regulaciones nacionales ya vigentes. En su carta, citó el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y las resoluciones de la Secretaría de Energía como marcos que ya garantizan la información y la transparencia que el proyecto dice buscar.
Desde ese prisma, obligar a publicar precios futuros implicaría una “duplicación innecesaria” y, además, podría generar consecuencias negativas para la competencia real en el mercado. Si todas las empresas están obligadas a anticipar sus aumentos por igual, podría incentivarse lo que la entidad llama “comportamientos similares entre competidores”. En otras palabras, el riesgo de uniformar movimientos de precios que hoy se dan de manera independiente.
La UIPBA también advierte por el impacto en los consumidores. Si se anticipan los aumentos, es probable que muchos usuarios corran a cargar combustible antes de que el ajuste se haga efectivo. Ese salto abrupto en la demanda puede provocar quiebres de stock que, lejos de proteger al comprador final, lo dejan sin acceso al producto.
¿Qué piden las entidades antes de que avance la ley?
Tanto FECRA como UIPBA pidieron formalmente ser incorporadas a las discusiones legislativas previas a cualquier dictamen. Insisten en que sus aportes técnicos son fundamentales para evitar regulaciones que —desde su perspectiva— podrían terminar profundizando los problemas en lugar de resolverlos.
La UIPBA, además, remarcan que cualquier marco regulatorio nuevo debería favorecer el clima de inversión y desarrollo sustentable del entramado industrial bonaerense, no sumar incertidumbre.
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