La Policía de Brasil ordena el "regreso de inmediato" de Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, estaba apartado de su cargo de escribiente en la Policía Federal, al que ingresó en 2010, para ejercer como diputado, pero solicitó licencia y se trasladó a Estados Unidos en marzo del año pasado, alegando "persecución política y judicial" por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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El hijo de Bolsonaro asumió su primer mandato como diputado federal en 2015. Sin embargo, según el diario Folha, perdió su escaño parlamentario a finales de diciembre debido al exceso de ausencias en la Cámara de Diputados. Fue destituido por decisión de la Junta Directiva de la Cámara el 18 de diciembre, el mismo día en que el órgano decretó la pérdida de mandato de Alexandre Ramagem (PL-RJ).

La Constitución brasileña establece en su artículo 55 que un diputado o senador perderá su mandato si falta a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo por licencia o misión oficial. En este caso, Eduardo excedió ese límite, acumulando 59 ausencias.

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En cuanto a la orden para que Eduardo reanude sus actividades en la delegación de la Policía Federal en Angra dos Reis (RJ), esta fue publicada este viernes en el "Diario Oficial" de la Unión. La resolución establece que "la ausencia injustificada podrá dar lugar a la adopción de medidas administrativas y disciplinarias oportunas".

La orden, firmada por el director interino de Gestión de Personas de la Policía Federal, Licínio Nunes de Moraes Netto, dispone el "retorno inmediato al ejercicio del cargo efectivo en su lotación de origen".

La resolución publicada este viernes también establece la “cesación de la licencia para el ejercicio de mandato electivo, a partir del 19 de diciembre de 2025", y fija el inicio de los trámites administrativos para regularizar su situación funcional.

Eduardo Bolsonaro podría enfrentar un destino fatal si retorna a Brasil

Eduardo Bolsonaro es el tercero de los cinco hijos de Jair Bolsonaro, el expresidente que actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por liderar un complot golpista. En tiempos recientes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha estado llevando a cabo investigaciones sobre el círculo íntimo de Bolsonaro en relación con la difusión de noticias falsas, buscando responsabilidades entre los miembros de su gobierno.

Aunque Eduardo aún no enfrenta un proceso penal en su contra, la situación judicial en Brasil bajo la gobernanza de Luiz Inácio Lula da Silva es muy dinámica. Ha sido objeto de investigaciones y controversias por comentarios públicos que han sido catalogados como incitación a la violencia y al golpe de Estado.

En 2021, por ejemplo, expresó en redes sociales que "la única solución" para Brasil sería un "nuevo AI-5" (el AI-5 fue un decreto firmado por la dictadura militar en 1968 que restringió severamente los derechos civiles).

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Si bien Eduardo no ha sido formalmente acusado en el contexto de este tipo de investigaciones, su nombre ha sido mencionado debido a su influencia en el uso de las redes sociales para promover narrativas políticas favorables al gobierno de su padre.

Asimismo, al perder su escaño parlamentario, ya no tiene esa protección legal. El hecho de que sea escribiente de la Policía Federal no le da fueros adicionales o inmunidad ante la justicia.

El hijo de Bolsonaro está radicado en Texas desde el 18 de marzo de 2025, desde donde ha liderado una campaña de difamación contra la Justicia brasileña, encabezada por el juez supremo Alexandre de Moraes, a quien culpó de encabezar una persecución política contra su padre a través del lawfare. Su contacto con las filas del MAGA republicano le ha valido que Donald Trump impusiera, el año pasado, un aumento de aranceles y sanciones contra Moraes con el objetivo de presionar a la justicia brasileña y a la administración de Lula para que indulten al expresidente.

Debido a sus actividades en el extranjero, Eduardo Bolsonaro fue acusado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por coacción.

En junio del año pasado, el STF dispuso que Bolsonaro debía usar una tobillera eléctrica, no usar sus redes sociales y tenía prohibido comunicarse con la diplomacia estadounidense. En ese sentido, la medida cautelar impuesta por el STF partió de un informe de la Policía Federal, el cual reveló que Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, estaban trabajando, durante los últimos meses, con autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, con el objetivo de obtener la imposición de sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño. Ambos actuaron "intencionadamente y a sabiendas de forma ilícita" y "con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal".

Según el juez supremo Moraes, sancionado por EE.UU., Jair Bolsonaro ha cometido "ACTOS EJECUTIVOS CLAROS Y EXPRESOS y CONFESIONES FLAGANTES DE LA PRÁCTICA DE ACTOS CRIMINALES, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y un atentado a la soberanía", con el fin de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a practicar actos hostiles contra Brasil y el intento flagrante de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América.

"La Corte Suprema Federal siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia, los derechos fundamentales, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial Nacional y los principios constitucionales brasileños. Debemos recordar siempre la lección de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América, responsable del mantenimiento de la Unión y la Proclamación de la Emancipación, quien afirmó que «los principios más importantes pueden y deben ser inflexibles», sentenció De Moraes.

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