La oposición vuelve a cuestionar a Javier Milei por el uso de los DNU y alegan que no hay tal urgencia.
Los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal salieron a rechazar la medida y reclamaron que se restablezca de manera inmediata el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia, al advertir que la reforma avanza sobre consensos democráticos básicos.
A través de un comunicado conjunto, los legisladores cuestionaron el uso del DNU para modificar una ley considerada sensible y señalaron que no existe “ninguna necesidad ni urgencia” que justifique hacerlo por fuera del Parlamento. El pronunciamiento se conoció luego de que el decreto fuera publicado en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero, tras varios días de filtraciones y debate interno en la Casa Rosada.
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La oposición cuestiona el decreto
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Congreso hoy no tiene plenamente constituidas las comisiones que deben ejercer el control sobre este tipo de medidas. En ese sentido, los bloques exigieron la conformación inmediata de la Bicameral de Trámite Legislativo y de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, dos órganos clave para supervisar tanto el uso de los DNU como el accionar de los servicios de inteligencia.
Según advirtieron, el decreto introduce cambios de alto impacto institucional. Entre ellos, establece que todas las actividades de inteligencia tendrán “carácter encubierto”, una definición que, para la oposición, amplía la opacidad de un sistema que históricamente fue objeto de abusos y que la legislación vigente buscó someter a límites estrictos y control político.
Además, el DNU extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, lo que —según los firmantes— abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas del Estado y trabajadores que no están vinculados a tareas sensibles. Pero el punto que genera mayor preocupación es la habilitación al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, una atribución que hasta ahora estaba reservada a las fuerzas de seguridad.
“Los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, señalaron los bloques, al advertir que la medida rompe con un consenso democrático construido desde el retorno de la democracia.
Un DNU muy ruidoso
La reacción opositora se da en un contexto de profundas reformas impulsadas por el Ejecutivo en el área. El decreto no solo reorganiza la estructura de la SIDE y centraliza su conducción, sino que también le otorga mayor poder presupuestario, amplía su capacidad de requerir información a organismos nacionales y provinciales y redefine el mapa de la inteligencia militar, digital y de contrainteligencia.
Desde el oficialismo defienden la reforma al sostener que busca hacer más eficiente el sistema, eliminar superposiciones y adaptarlo a amenazas contemporáneas como la injerencia externa, el espionaje y los ataques en el ciberespacio. Sin embargo, para Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, el problema no es solo el contenido del decreto sino el método elegido para aprobarlo.
“El DNU avanza sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”, remarcaron, y exigieron que el Congreso trate el decreto en los términos de la Ley 26.122 para definir si corresponde su rechazo.
En el comunicado, los legisladores reconocieron que la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero advirtieron que no puede construirse debilitando la Constitución ni vaciando de poder al Congreso. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, concluyeron.
El DNU ya se encuentra vigente, pero su futuro político dependerá ahora del debate parlamentario y de la capacidad del Congreso para reactivar los mecanismos de control que hoy permanecen incompletos. Mientras tanto, la reforma a la Ley de Inteligencia promete convertirse en uno de los ejes más sensibles del arranque del año legislativo.
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