Génova fija reglas para pactar con Vox en comunidades clave y proyecta la alianza hacia 2027, mientras el PSOE instala el relato de “fusión” derechista.
Feijóo ante el desafío de consolidar una mayoría alternativa: negociar con Vox sin ceder el control del espacio conservador.
Entre tire y afloje, Alberto Núñez Feijóo y la cúpula de Génova dieron el visto bueno a un documento “marco” con condiciones para encauzar la relación con Vox y comenzar una etapa de diálogo formal. La jugada apunta a ordenar la derecha pensando en 2027, pero la reacción de Santiago Abascal volvió a tensar la cuerda.
Era un movimiento que, tarde o temprano, debía producirse si el bloque conservador aspira a gobernar España en las próximas generales. El precedente está claro: el PSOE logró sostenerse articulando alianzas primero con Podemos en 2019 y luego con Sumar en 2023. En el PP entienden que, sin una coordinación mínima con Vox, la alternativa a Pedro Sánchez pierde consistencia.
El punto de partida fue la presentación, a comienzos de esta semana, de un texto orientativo a Vox que fija bases comunes para las negociaciones en comunidades clave como Extremadura y Aragón, donde el PP necesita su apoyo para asegurar investiduras y estabilidad presupuestaria. Se trata de un movimiento inmediato y territorial, pero con clara proyección estratégica: ordenar la relación en los gobiernos autonómicos para no comprometer la alternativa nacional. El laboratorio es regional; el horizonte, claramente, es la Moncloa.
Sin embargo, la respuesta de Abascal frenó el entusiasmo inicial. “Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes es empezar con mal pie”, lanzó el líder de Vox. La frase marcó distancia y dejó en evidencia que, aunque el diálogo está abierto, el entendimiento no será automático. Mientras tanto, desde el Gobierno observan el movimiento como una señal de acercamiento estructural que ya utilizan para reforzar su relato contra la derecha.
El texto impulsado desde Génova, según la información publicada por El Mundo, se define como un marco “único y vinculante” para todas las negociaciones territoriales con Vox. La intención del PP es clara: evitar pactos improvisados y fijar reglas comunes en toda España bajo la supervisión de la dirección nacional.
Entre los puntos centrales aparece el compromiso con la legalidad vigente y el respeto al reparto competencial del Estado, una mención que no es casual. En el entorno popular buscan blindarse frente a propuestas que puedan generar conflictos jurídicos o tensiones institucionales, especialmente en cuestiones sensibles como la política migratoria.
En ese terreno, el PP endurece el discurso en materia de control fronterizo y revisión de políticas que, a su juicio, pueden generar “efecto llamada”, en alusión a las recientes regularizaciones y reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, el texto insiste en que cualquier acuerdo deberá respetar la legalidad vigente, una línea roja que marca distancia con las posiciones más drásticas de Vox.
El documento también exige estabilidad presupuestaria. El PP reclama el compromiso de aprobar los presupuestos durante toda la legislatura en aquellas comunidades donde gobierne con el apoyo de Vox. La clave es evitar escenarios de presión permanente o negociaciones decreto a decreto que desgasten a los ejecutivos autonómicos.
Al mismo tiempo, el texto incorpora guiños al electorado más conservador: rechazo a políticas climáticas que, según el PP, “destruyen empleo”, reducción de subsidios y defensa de una rebaja fiscal amplia. Es un equilibrio delicado: acercarse al votante de Vox sin diluir la identidad propia.
Si el documento buscaba ordenar el terreno, la respuesta de Santiago Abascal volvió a mover las piezas. El líder de Vox rechazó el tono del texto y cuestionó que el PP establezca un “marco” como punto de partida.
“Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox es empezar con mal pie”, lanzó en una entrevista en Antena 3. No fue la única crítica. También calificó el documento como “un error” y “una ofensa”, especialmente por incluir referencias explícitas al respeto a la legalidad vigente y al Estado de Derecho. A su juicio, esas menciones insinúan que Vox podría no defender el sistema democrático, algo que, según dijo, “sobra”.
“Me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox probablemente se está ofendiendo a alguien”, afirmó. Y añadió: “Me molesta que se pretenda insinuar que Vox no defiende el sistema democrático”. Para Abascal, la negociación debe hacerse “medida a medida”, “decreto a decreto” y con “plazos de cumplimiento”, no a partir de generalidades programáticas.
El trasfondo es más profundo que una diferencia de formas. En las últimas elecciones generales existía un entendimiento implícito entre PP y Vox para intentar articular una mayoría alternativa. Sin embargo, la suma de ambos no alcanzó los escaños necesarios para la investidura, lo que permitió al PSOE tejer su propia mayoría parlamentaria con fuerzas de izquierda y partidos independentistas.
Hoy, el equilibrio político sigue mostrando esa asimetría: el nexo que sostiene al bloque progresista, entre socialistas y fuerzas separatistas, aparece más consolidado que el de la derecha entre PP y Vox. En ese contexto, la tensión actual expone una realidad incómoda para Génova: necesita a Vox como aliado estratégico si aspira a gobernar España, pero al mismo tiempo busca evitar que ese socio marque por completo la agenda.
La negociación, por tanto, no es solo territorial ni presupuestaria. Es una disputa por el liderazgo del espacio conservador y por el marco desde el cual se construirá la alternativa a Pedro Sánchez rumbo a 2027.
Desde el Gobierno, el movimiento del PP fue leído en clave de sometimiento. En el entorno de Pedro Sánchez interpretan el documento como una asunción explícita de parte del ideario de Vox y una prueba de que el Partido Popular no puede aspirar a gobernar sin ese apoyo.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, sostuvo que el texto demuestra que el PP “no es nadie sin Vox” y que su única opción de gobierno pasa por ese acuerdo. En la misma línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que los populares han pasado “de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha”, reforzando la idea de que la oposición conforma un único bloque conservador.
La estrategia es evidente: convertir cada gesto de acercamiento entre Génova y Vox en argumento electoral para polarizar el escenario. Si el PP endurece su discurso en inmigración o políticas climáticas, el PSOE lo presenta como una fusión ideológica. Si intenta marcar límites, Vox lo acusa de desconfianza. El margen de maniobra es estrecho y el relato se disputa día a día.
En paralelo, Moncloa intenta consolidar la idea de que la gobernabilidad progresista, pese a sus propias turbulencias, ofrece mayor estabilidad que la alternativa conservadora. La oposición, sin embargo, recuerda episodios que han erosionado al Ejecutivo, como el caso Koldo, las derivadas del expediente Air Europa o las polémicas en materia de transporte ferroviario que han puesto en la mira a responsables del área. Son flancos que el PP explota para cuestionar la solidez del bloque oficialista.
La disputa ya no es solo por investiduras autonómicas, sino por el marco mental desde el cual se interpretará la próxima contienda electoral. Extremadura puede ser la primera prueba visible del nuevo entendimiento, pero la batalla real es otra: quién logra instalar ante el electorado la imagen de mayoría viable y estable. Porque más allá de documentos, reproches y declaraciones altisonantes, el clima político que se consolide ahora puede terminar definiendo el tablero cuando llegue la hora decisiva.
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