¿CRISIS EN LA CADENA DE PAGOS?
Edenor y Edesur en la mira: Economía reabre una demanda millonaria
El conflicto por el Acuerdo de Regularización de Obligaciones sellado entre el Estado y las distribuidoras Edenor y Edesur vuelve a escena cuatro años después.
Edenor y Edesur en la mira.
Ahora, el hecho relevante comunicado por Edesur a la Comisión Nacional de Valores confirma que la empresa fue notificada formalmente de la demanda en el fuero contencioso administrativo federal el 19 de agosto de 2025.
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El trasfondo del conflicto
El acuerdo en cuestión fue impulsado en mayo de 2019 por el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en coordinación con el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, con el objetivo de saldar deudas cruzadas generadas durante la década de congelamiento tarifario entre 2006 y 2016.
En aquel momento, Edenor incorporó $17 millones a sus ingresos, mientras que Edesur, controlada por la italiana Enel, canceló una deuda con el Estado por $4753 millones, tras desembolsar $903 millones y compensar con créditos a su favor.
El acuerdo también buscaba allanar el camino para el traspaso de ambas concesionarias a las jurisdicciones de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, medida que finalmente quedó sin efecto tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019.
La ofensiva del Gobierno
En septiembre de 2021, la administración de Alberto Fernández dio un paso más: la resolución 590/2021 de Economía instruyó iniciar una acción de lesividad contra las empresas. El argumento oficial fue que la auditoría del ENRE detectó irregularidades en la valuación de pasivos regulatorios y sanciones, las cuales habrían sido recalculadas bajo criterios “a medida” de la Secretaría de Energía del macrismo, resultando en valores “sustancialmente menores” a los que correspondían.
Incluso se mencionó en esa resolución que existían investigaciones penales sobre presuntas maniobras de Lopetegui que habrían generado beneficios indebidos para Edenor y Edesur.
Notificación judicial y reacción empresaria
Cuatro años después, la ofensiva judicial cobró cuerpo y Edesur notificó en su presentación ante la CNV que recibió la demanda del Ministerio de Economía el pasado 19 de agosto de 2025. En el documento, firmado por la apoderada Mónica Diskin, la compañía precisó que se trata de la continuidad de la resolución 590/2021 y dejó asentada la comunicación en carácter de hecho relevante.
Desde la compañía ya habían calificado en su momento la medida como un “baldazo de agua fría”, al considerar que ponía en cuestión la seguridad jurídica y las reglas de juego del sector eléctrico. Enel, controlante de Edesur, había advertido que decisiones de este tipo ponían en riesgo las inversiones de largo plazo que requiere el sistema de distribución.
Impacto y señales al mercado
El relanzamiento de la acción judicial ocurre en un contexto de fuerte tensión en la política energética y con un nivel de subsidios que sigue presionando sobre las cuentas públicas.
El mensaje que deja el avance del Ministerio de Economía es revisar acuerdos heredados del macrismo sigue siendo una prioridad, aunque eso implique prolongar la incertidumbre regulatoria en un sector que ya enfrenta problemas de financiamiento e infraestructura.
Un panorama más que complicado
La suba de las tasas de interés para frenar la escalada del dólar y la inflación en la previa electoral derivó en un colapso del sistema de financiamiento que utilizaba Cammesa para hacerse de liquidez. Hasta hace unos meses, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista descontaba sin problemas en el circuito financiero los cheques diferidos que le entregaban Edenor y Edesur como parte del pago mensual por energía.
Con rendimientos del Tesoro por encima del 70% anual, los bancos prácticamente cerraron la ventanilla del descuento o aplican tasas prohibitivas, dejando a Cammesa con una cartera de instrumentos que ya supera los $120.000 millones, equivalentes a cerca de US$ 100 millones que hoy no puede transformar en pesos.
La intervención de Energía
Ante el riesgo de que el bache financiero termine siendo cubierto por transferencias directas del Tesoro, la secretaria de Energía, María Tettamanti, llevó el tema al Directorio de Cammesa. Allí, frente a generadoras como Central Puerto, Pampa, MSU, YPF Luz y las distribuidoras, se acordó limitar progresivamente el uso de cheques diferidos.
La medida busca “comprar tiempo” para ordenar la situación, pero deja en evidencia la fragilidad estructural del esquema, mientras en el interior las distribuidoras abonan casi en efectivo, las del AMBA —sujetas a un Valor Agregado de Distribución (VAD) mucho más bajo y con una tasa de rentabilidad reducida casi un 40% en la última revisión tarifaria— no tienen margen para afrontar todo el pago en cash.
La combinación de tasas altas, congelamiento relativo de tarifas y restricciones financieras genera un círculo vicioso. Edenor debió salir al mercado local a emitir deuda por $22.000 millones para transferir fondos a Cammesa, mientras que en Economía temen que, de seguir la acumulación de cheques sin descuento, sea inevitable cubrir el agujero con fondos del Tesoro.
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