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POR LAS CENTRALES NUCLEARES

Rebelión en Atucha: Asambleas y posible paro por la privatización de Nucleoeléctrica

Personal de Atucha arrancó con asambleas permanentes y no descartan paros prolongados si el Gobierno sigue adelante con la privatización de Nucleoeléctrica.

El plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), generó la reacción del personal organizado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que comenzaron esta semana con asambleas permanentes y no descartan paros prolongados si el Gobierno sigue adelante con el proyecto.

En tanto, el Sindicato de Luz y Fuerza también se expresó en contra de la iniciativa oficial.

"Estamos así en respuesta a las políticas de desfinanciamiento y las amenazas de privatización parcial por parte del gobierno de Javier Milei", expresaron los trabajadores, que remarcaron que la firma tiene carácter estratégico para el país en cuanto a la generación energética.

Más reclamos del personal de Atucha y Embalse

Claro que este reclamo no viene solo, se suma a la demanda de una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de los contratados y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo "ante cualquier plan flexibilizador".

La Junta Interna de ATE sacó un comunicado para denunciar "el impacto del desfinanciamiento de proyectos clave como el de reactor nuclear argentino CAREM 25, la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la paralización «de otras iniciativas para el desarrollo nuclear argentino".

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El plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina generó la reacción del personal de Atucha.

El plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina generó la reacción del personal de Atucha.

El plan del Gobierno parar Nucleoeléctrica

El pasado 29 de septiembre, el Gobierno formalizó con el Decreto 695/2025 el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El plan precisa la venta del 44% del capital accionario a inversores privados, mediante una licitación pública nacional e internacional, con el 5% adicional destinado a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores de la empresa.

Justificaron la medida diciendo que sería una fuente financiamiento para otros proyectos, como la extensión de la vida útil de Atucha I. También hablan de reducir el déficit fiscal -si bien Nucleoeléctrica no es deficitaria- y diversificar riesgos en la gestión de un activo estratégico.

La disposición marca que el Estado Nacional conservará el 51% de las acciones junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), asegurando formalmente el control estratégico de la gestión.

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Diputados y senadores buscan impedir la venta de acciones

Y si bien el oficialismo se mueve conforme a la ley Bases de 2024, cuyo artículo sobre empresas públicas habilita a la privatización de manera parcial, se presentaron proyectos de resolución en el Senado y en Diputados para impedir o dejar sin efecto el proceso de venta de acciones, argumentando que las centrales nucleares son esenciales para la seguridad de la Nación y no pueden ser enajenadas.

Por caso, en Diputados, Gabriela Estévez presentó un proyecto para anular el artículo de la Ley Bases que habilita la privatización parcial de NA-SA.

También el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la medida durante su último discurso en el recinto y pidió citar a Demian Reidel, flamante presidente de la compañía, mientras recordó que los gremios nucleares ya advirtieron que se trata de "regalar décadas de inversión y trabajo".

Las iniciativas fueron anticipadas por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que busca declarar al sistema nuclear como "bien público estratégico, no enajenable", y de Silvina García Larraburu, autora de un proyecto de ley que prohíbe expresamente cualquier privatización o extranjerización del sector.

En esta línea, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda coincidieron en que la venta del 44% de NA-SA es una "entrega planificada" de un activo estratégico y rentable, motivada por la urgencia fiscal, que pone en riesgo el conocimiento científico, la estabilidad laboral y la soberanía tecnológica del país.

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