Javier Milei logró avanzar donde otros gobiernos no peronistas chocaron durante años: el Senado. Tras semanas de negociaciones silenciosas con gobernadores, radicales y bloques provinciales, el oficialismo da por garantizada la media sanción de la reforma laboral en la Cámara alta. El principal escollo ya no son los votos, sino el tiempo.
El entorno libertario le aseguró al diario Parlamentario, que el número está cerrado. Con el apoyo del bloque propio, aliados circunstanciales y senadores que responden a mandatarios provinciales, el Ejecutivo alcanzó el umbral necesario para aprobar el proyecto. En el actual esquema del Senado, con 71 bancas ocupadas, el quorum y la mayoría se logran con 36 voluntades, una cifra que el oficialismo afirma tener asegurada.
El Gobierno festeja el control del Senado
La base de ese armado está compuesta por los 20 senadores de La Libertad Avanza, a los que se suman aliados estables como Luis Juez y Federico Paoltroni, además de los legisladores del PRO, que vienen acompañando sin fisuras las iniciativas centrales del Gobierno. Ese primer núcleo deja al oficialismo a pocos votos de la mayoría.
El respaldo decisivo llega desde el radicalismo y los bloques provinciales. Dentro de la UCR, al menos seis senadores estarían dispuestos a acompañar la reforma, mientras que otros mantienen una postura ambigua que no descarta facilitar el quorum y retirarse al momento de votar. Ese movimiento, habitual en el Senado, reduce aún más el número necesario para aprobar el proyecto.
A ese esquema se suman los apoyos comprometidos de senadores alineados con gobernadores dialoguistas. Desde Misiones, los legisladores que responden a Hugo Passalacqua acompañarán la iniciativa. Lo mismo ocurre con Corrientes, donde Gustavo Valdés ya dio señales políticas claras de respaldo tras acuerdos con el Ejecutivo nacional. En el mismo sentido se encuadra Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz aportaría el voto clave para sellar la media sanción.
El obstáculo del reglamento
Con los votos prácticamente asegurados, el foco ahora está puesto en los plazos. El Gobierno quiere que la reforma laboral sea aprobada durante el actual período de sesiones extraordinarias, que concluye el 30 de diciembre. Sin embargo, el reglamento parlamentario amenaza con frustrar ese objetivo.
En el Senado, el proyecto todavía debe atravesar el paso formal por las comisiones. La de Trabajo y Previsión Social aún no fue conformada, y también debería intervenir Presupuesto y Hacienda, ya que la iniciativa incluye modificaciones con impacto fiscal. Incluso si ambas comisiones se activan de inmediato y emiten dictamen en tiempo récord, el reglamento establece un plazo mínimo de días entre el dictamen y el tratamiento en el recinto.
En el mejor de los escenarios, la sesión para otorgar la media sanción podría realizarse cerca del 23 de diciembre. A partir de allí, el proyecto debería volver a Diputados, donde el procedimiento se repite: comisión, dictamen y espera reglamentaria. Con el calendario corriendo y las fiestas en el medio, la posibilidad de sancionar la ley antes de fin de año aparece cada vez más ajustada.
En la Casa Rosada admiten que la expectativa inicial de aprobar la reforma antes de Navidad ya quedó descartada. La alternativa que se analizó para acelerar los tiempos —habilitar el tratamiento directo en el recinto sin pasar por comisiones— requeriría una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un número inalcanzable tanto en el Senado como en Diputados, especialmente con la oposición de Unión por la Patria.
Un cierre que podría estirarse
Ante ese escenario, en el oficialismo ya evalúan una salida más pragmática: dejar avanzar la media sanción en diciembre y completar el trámite legislativo en un nuevo período de sesiones extraordinarias, que podría convocarse para enero o febrero de 2026.
La reforma laboral sigue siendo una de las piezas centrales del programa económico y político de Milei. Los votos están, el acuerdo político existe y el Senado dejó de ser una muralla infranqueable. Pero, como tantas veces en el Congreso, el reglamento y el calendario pueden terminar marcando el ritmo de una ley que el Gobierno considera estratégica.
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