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DEUDAS Y DESPIDOS

Es oficial la disolución de IOSFA, y ya hay críticas: "Creen que con el perro muerto se acaba la rabia"

Para mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Gobierno dispuso la escisión definitiva del IOSFA y creó dos nuevas entidades. Pero no evitó la crítica inmediata.

El Gobierno Nacional oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, que dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.

Ahora OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti. Su constitución como ente autárquico le otorga personería jurídica propia para gestionar la salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus grupos familiares.

Por su parte, la OSFFESEG quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, brindando cobertura específica a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

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Blindaje de recursos

El IOSFA era la tercera obra social más grande del Estado con un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros de sus afiliados El IOSFA era la tercera obra social más grande del Estado con un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros de sus afiliados

De allí que un aspecto central de la normativa es el blindaje de los recursos financieros. El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones:

- 80% de los ingresos: Destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.

- 8% (Máximo): Reservado para gastos administrativos y de funcionamiento.

- 12% (Excedente): Podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones de salud estén plenamente garantizadas.

Para evitar la repetición de los fallos sistémicos detectados en el IOSFA, el Ejecutivo ha impuesto requisitos de idoneidad técnica para los miembros de los Directorios. Los directivos deberán acreditar antecedentes probados en administración y salud, tanto en el ámbito público como privado. Además, las entidades estarán sujetas a la auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), bajo un estricto régimen de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés.

La urgencia del reordenamiento se hace palpable en puntos críticos del territorio nacional. En Punta Alta, epicentro de la actividad naval, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) ha denunciado que aproximadamente 42.000 personas —más de la mitad de la población local— dependen de esta cobertura y han enfrentado meses de interrupciones en servicios básicos.

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OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti.

OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti.

Despidos y deterioro permanente

Marcela Chávez, trabajadora de IOSFA y Secretaria de Convenios Colectivos del Consejo Directivo Provincial de la ATE cordobesa, denunció que el pasado 30 de diciembre de 2025 se produjeron despidos masivos sin causa: "Despidieron compañeras y compañeros –entre ellos personas con discapacidad y madres solteras- mediante un simple GDE (Gestión Documental Electrónica) donde les informaban que no se renovaba el contrato. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con entre 10 y hasta 27 años de antigüedad. En Córdoba las bajas se dieron en los Centros Turísticos, justo en pleno inicio de la temporada".

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A esta situación se suma el deterioro permanente de las prestaciones. Cada vez hay menos cobertura, aumentan las restricciones y en algunos lugares ya se exige el pago de coseguros. Todo esto golpea de lleno a trabajadores que perciben salarios promedio de $ 700.000, lo que vuelve imposible afrontar esos costos. Además, los hospitales militares presentan serias falencias y falta de recursos.

Un transición de hasta 365 días

El proceso de transición contempla el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal desde el extinto IOSFA hacia las nuevas estructuras. Una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de las carteras de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, supervisará que la transferencia no afecte la continuidad del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso de los afiliados.

La norma establece un período de transición de hasta 365 días corridos, durante el cual se deberá asegurar un traspaso ordenado de afiliados, presupuestos, bienes, recursos humanos y obligaciones. Durante ese lapso, el IOSFA continuará brindando cobertura a afiliados que se encuentren en tratamientos de salud no susceptibles de interrupción.

El Ministerio de Defensa deberá notificar la transferencia definitiva de los afiliados de las Fuerzas Armadas dentro de los 60 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional contará con un plazo de 180 días corridos para completar el traspaso de los afiliados de las fuerzas federales.

Cuestionamientos a la disolución de IOSFA

Los cuestionamientos no tardaron nada en llegar. Uno de los que salió al cruce de la medida fue Agustín Rossi, actual diputado nacional y exministro de Defensa de la Nación: "No hay cosa que Milei no destruya: fundieron el IOSFA y ahora sacan un DNU para disolverlo", lamentó.

Según el dirigente rosarino, algo similar hicieron con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hace unos meses.

"Creen que con el perro muerto se acaba la rabia", afirmó.

Rossi recordó que en 2 años hubo 3 administradores de la obra social que pasó del superávit a un déficit consolidado de $200.000 millones. "Reclamos de todo tipo: afiliados en primer lugar, prestadores y proveedores. ¿Y qué solución encontraron para resolver el problema? Disolverlo", sentenció.

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