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EN UN "LÍMITE CRÍTICO"

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Clínicas y sanatorios de diversas provincias enviaron una nota formal al director del PAMI avisando que suspenderán prestaciones desde el 10/02 si no reciben respuesta respecto a la deuda y aranceles.

Clínicas, sanatorios y hospitales privados de diversas provincias emitieron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, para advertirle que suspenderán prestaciones desde el 10 de febrero si no reciben alguna respuesta respecto a la deuda y a la actualización de aranceles.

La misiva fue comunicada por la Clínica Argentina y Regional de General Pico, y el sanatorio Santa Rosa, y la Clínica Modelo de Santa Rosa, La Pampa, que se suman a otra larga lista de prestadores de Río Negro, Neuquén y Chubut que esperan una pronta respuesta para evitar que la situación "escape a todo control".

Según el diario 'Río Negro', el aviso fue formulado mediante esa nota dirigida al director ejecutivo del INSSJP- PAMI, además de un comunicado de prensa difundido posteriormente para informar a la población y mantener al tanto a los afiliados de la obra social.

Los prestadores patagónicos señalaron que la situación económico-financiera de las instituciones es "sumamente crítica" y que este escenario es consecuencia directa de una "depreciación sostenida de los valores arancelarios" y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses, según informó el sitio piquense 'Infopico'.

El impacto de estos retrasos es determinante para la subsistencia de las clínicas, dado que la participación del PAMI en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%. En un contexto de estructuras económicas ajustadas, las autoridades sanitarias remarcaron que "cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución".

Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII, de General Roca, comentó que "la situación de PAMI es la misma para todos". Y en ese sentido, aclaró que "si bien los convenios son individuales, cada institución tiene su convenio, el modelo es único", y que "todos tenemos el mismo tipo de convenio y la misma dinámica de facturación y de pago". Por ese motivo, sostuvo que “el planteo no es individual, sino colectivo".

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Riesgo en el pago de salarios

Uno de los puntos más destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.

El corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, "la imposibilidad material de abonar los haberes", lo que conlleva graves consecuencias para la operatividad diaria de los prestadores. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.

"Hay clínicas que no pueden pagar sueldos, que no pueden pagar a proveedores de insumos esenciales, y eso nos quita recursos para dar los servicios con seguridad", detalló Sabalette. Por esto, sostuvo, las decisiones anunciadas buscan administrar los recursos en un contexto de restricción financiera.

Además, dijo que esta no es una situación inédita, y explicó que los conflictos con el PAMI "son situaciones que se han repetido a lo largo de la historia", aunque aclaró que "lo que es un poco inédito, porque hacía varios años que no ocurría, es el atraso en los pagos".

Según precisó, durante gestiones anteriores y también al inicio de la actual "teníamos problemas con los valores, con la actualización de precios, pero no con los plazos de pago".

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Si bien las instituciones expresaron su confianza en la gestión de las autoridades centrales del PAMI y ratificaron su voluntad de diálogo, advirtieron que la situación

Si bien las instituciones expresaron su confianza en la gestión de las autoridades centrales del PAMI y ratificaron su voluntad de diálogo, advirtieron que la situación "ha llegado a un límite crítico".

La suspensión de servicios será progresiva

Ante la falta de respuestas, las instituciones de salud han fijado una fecha límite:

Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes

La medida se instrumentará de forma progresiva, iniciando con la suspensión de "prestaciones ambulatorias y programadas", con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias.

Los prestadores aclararon que estas acciones no son medidas de fuerza gremial ni responden a una voluntad deliberada, sino que son la "consecuencia inevitable" de la imposibilidad de sostener los costos operativos únicamente con el esfuerzo de las empresas.

De persistir el silencio oficial, advirtieron que "la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable", generando un perjuicio directo para los jubilados y pensionados de la región.

Los reclamos puntuales para evitar el corte de servicios, son tres:

- La regularización inmediata de la deuda existente.

- Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.

- La reactivación de una 'mesa técnica' de trabajo para adecuar los aranceles.

Neuquén va a la Justicia para cobrarle una millonaria deuda al PAMI

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Por otra parte, la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Salud, que conduce Martín Regueiro, formalizó un reclamo judicial contra el (PAMI) por una deuda que entre capital e intereses supera los $1.500 millones, correspondiente a prestaciones de salud que el sistema público provincial brindó a sus beneficiarios y no fueron canceladas.

Según se informó oficialmente, el certificado de deuda detalla que el monto asciende a $1.056.798.055,85, al cual se sumarán intereses calculados a tasa activa del Banco Provincia del Neuquén desde el 10 de abril de 2025 -fecha de notificación formal de la deuda- hasta su efectivo pago ($1.510.702.157,29).

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