Extraño suplemento del Boletín Oficial de Javier Milei para beneficiar a Mauricio Macri

Y más intrigante resulta aún que todo se trata de un beneficio para el ex Presidente, Mauricio Macri, quien en los días recientes se encuentra bastante alejado de Javier Milei.

Mediante el Decreto 87/2026, Milei le ordenó al Procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, "cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019".

La causa de referencia está caratulada “Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

Mauricio Macri

El origen del expediente es el 'Megacrédito' (que la Argentina, en días de Mauricio Macri en la Casa Rosada, le solicitó al FMI una asistencia extraordinaria), y coincide con el arribo de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar la economía argentina.

La causa del megacrédito con el FMI se enfocó en la presunta violación de normas y procedimientos administrativos. Se denunció que el préstamo se otorgó sin cumplir con los pasos legales necesarios, sugiriendo que el objetivo fue favorecer intereses específicos del sistema financiero.

En el expediente se investigan los posibles delitos de

• violación de deberes de funcionario público,
• abuso de autoridad,
• malversación de fondos públicos,
• administración fraudulenta, y
• defraudación contra la administración pública.

El Procurador del Tesoro debe asesorar al Ejecutivo Nacional y a los más altos funcionarios de la Administración Pública Nacional.

Esto se cumple a través de la “emisión de dictámenes escritos respecto a las cuestiones jurídicas que se someten a la opinión de la Procuración del Tesoro”, explica la página oficial del organismo.

Es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, y tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación y todos sus ministerios.

El recuerdo

Interesante recuerdo de Daniel Víctor Sosa en Acción Cooperativa acerca de cómo comenzó todo:

"Estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica», afirmó el entonces presidente Mauricio Macri, cinco años atrás, en un mensaje emitido por cadena nacional. Fue el 08/05/2018 y estaba justificando una decisión tomada para «equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas».

Sobre el final de su alocución, que duró menos de 3 minutos, Macri anunció el inicio de «conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que nos otorgue una línea de apoyo financiero».

El acuerdo stand by se firmó finalmente el 12/06/2018, por la insólita suma de casi US$57.000 millones. Fue un préstamo extraordinario, excepcionalmente elevado, el más grande tomado en toda la historia del país y el más voluminoso otorgado por el propio Fondo. (...)

Según el análisis de la Auditoría, el préstamo representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el Fondo y el monto aprobado, lejos de fortalecer su posición financiera, acrecentó su vulnerabilidad.

De entrada, las comisiones y gastos reconocidos al FMI sumaron (...) el equivalente al 52% del presupuesto del Conicet para todo el ejercicio 2018. (...)

La mayor parte de los fondos ingresados (71%) se destinó al pago de servicio de la deuda pública, en particular de emisiones realizadas desde 2016, especialmente entre 2017 y 2018. (...)".

Entre las irregularidades detectadas por la AGN:

• El ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) no tenía facultades para gestionar y autorizar la deuda pública.
• No se cumplió con el artículo 61 de la ley de Administración Financiera (N° 24.156) que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.
• La operación no pasó por el Congreso y se incumplió la norma (resolución 108/09 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto.
• No se implementó el procedimiento aplicable para la negociación, contratación, administración, control y supervisión de los préstamos.
• La jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo, a pesar de tener esa función específica.
• Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas (Oficina de Crédito Público, secretaría Legal y Administrativa, subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios, Dirección de Programación e Información Financiera, Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales) y en especial el Ministerio de Finanzas.
• Ni siquiera se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dada la existencia de múltiples versiones del texto del stand by.
• El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo.
• Cuando se decidió solicitar el préstamo, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad.
• Oneroso, poco transparente, tramitado de modo irregular por funcionarios no autorizados, sin controles técnicos y usado para garantizar la renta de inversiones especulativas y la fuga de capitales.

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