Juicio por YPF: Luis Caputo dijo que no tiene información del oro del BCRA

Cabe mencionar que los beneficiarios del fallo YPF son quienes realizaron la solicitud a la jueza Loretta Preska, para que ordenara al país a emitir una declaración jurada que indique no solo la ubicación, sino también la cantidad y el uso que se le está dando actualmente al oro del Banco Central.

Este viernes 6 de febrero, en una publicación en 'X', el especialista en el caso, Sebastián Maril, explicó que "la República insistió en su postura de que el oro pertenece al BCRA, una entidad independiente, y por lo tanto no es embargable por los beneficiarios del fallo YPF ni en Argentina, ni en el Reino Unido, ni en EE.UU.".

Agregó además que, en el caso de divulgar custodios, transferencias o ubicación, generaría riesgos de seguridad y podría afectar la política cambiaria, el respaldo de depósitos y la estabilidad financiera.

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Maril, en su publicación informó también que "el Ministro Luis Caputo afirmó que no posee información no pública sobre la ubicación o cuentas del oro, señalando que su custodia corresponde exclusivamente al BCRA. Aclaró además que sus comentarios previos se basaron únicamente en información ya publicada por la prensa".

El juicio por YPF y la presión por el oro del BCRA

El juicio por YPF tiene su origen en la expropiación de la petrolera en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre la participación mayoritaria que estaba en manos de la petrolera española Repsol. A partir de esa decisión, se abrió un largo proceso legal que derivó en una demanda contra la Argentina en tribunales de USA.

Con los años, los derechos de litigio fueron adquiridos por los fondos Burford Capital y Eton Park, que acusaron al país de haber violado el estatuto de la compañía al momento de la estatización. La causa quedó radicada en la justicia norteamericana y se convirtió en uno de los mayores juicios financieros que enfrenta el Estado argentino.

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En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización superior a los US$16.000 millones, a lo que se suman intereses. Desde entonces, el Gobierno apeló la sentencia y busca revertir el fallo en instancias superiores.

En paralelo, los demandantes intensificaron sus esfuerzos para identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser embargados o utilizados como garantía de pago. Esa estrategia abrió nuevos frentes dentro del expediente y elevó la tensión en torno al alcance real de la condena.

Uno de los puntos centrales de la disputa es la separación jurídica entre el Estado nacional y el Banco Central. La posición oficial sostiene que las reservas internacionales, incluido el oro, pertenecen al BCRA y están amparadas por la inmunidad soberana, por lo que no pueden ser ejecutadas para saldar una sentencia contra el Tesoro.

Sin embargo, los fondos demandantes buscan probar que existe una relación funcional entre el Gobierno y el Banco Central que permitiría avanzar sobre ciertos activos.

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