Estalla la grieta española: el PP dispara contra el PSOE por el caso Julio Iglesias

El origen del conflicto está en las denuncias que salieron a la luz en los últimos días y fueron relatadas por Urgente24, presentadas por dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias del exterior y que describieron presuntos episodios de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021. A partir de esos testimonios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar los hechos, una instancia preliminar que, aun sin resolución judicial, tuvo un impacto inmediato en la agenda pública y política española.

La investigación en curso abrió así un nuevo frente de discusión: el de los reconocimientos oficiales otorgados a Julio Iglesias a lo largo de su carrera. Desde sectores de la izquierda se planteó que la vigencia de esos honores debía ser revisada a la luz de las denuncias, un planteo que rápidamente encontró resistencia en el Partido Popular y terminó de trasladar el caso del terreno judicial al centro de la disputa política.

El pedido del PSOE y la respuesta del PP

Con la causa ya bajo análisis judicial, dirigentes del PSOE y fuerzas aliadas impulsaron el debate sobre la continuidad de los honores oficiales otorgados a Julio Iglesias por la Comunidad de Madrid. El planteo se centró en la necesidad de revisar distinciones concedidas en el pasado, como el título de ‘Hijo Predilecto de Madrid’ y ‘la Medalla de Oro de la Comunidad’, bajo el argumento de que esos reconocimientos institucionales debían ser compatibles con los valores públicos, incluso en ausencia de una condena judicial firme.

Desde la izquierda, el enfoque fue marcadamente político antes que jurídico. Voces del socialismo español y de Más Madrid sostuvieron que el Estado no puede desentenderse del impacto simbólico que implica mantener esos honores mientras el oriundo de Madrid se encuentra bajo investigación por denuncias graves. La discusión, insistieron, no pasaba por anticipar fallos judiciales, sino por la ‘responsabilidad institucional y gubernamental de la Comunidad de Madrid’, hoy gobernada por el Partido Popular, frente a los testimonios conocidos.

La respuesta del PP fue inmediata y apuntó a nombres propios. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, habitual protagonista de discursos confrontativos, rechazó del plano cualquier retiro de distinciones y defendió a Iglesias como “el cantante más universal” de España. En un comunicado que elevó la tensión, aseguró que “la Comunidad de Madrid jamás contribuiría al desprestigio de los artistas” y acusó a la izquierda de aplicar criterios selectivos según la conveniencia política, al tiempo que recordó su silencio ante otros casos controvertidos dentro de su propio espacio.

En la misma línea se expresó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien calificó el pedido como una muestra de hipocresía del frente que hoy gobierna España. “También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo ahora?”, afirmó ante la prensa el martes 13 de enero. En ese contexto, apuntó directamente contra referentes de la izquierda como Rita Maestre (portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento), Mónica García (ministra de Sanidad y referente de Más Madrid) y el propio Pedro Sánchez, y cuestionó que se presenten como abanderados del feminismo cuando, según sostuvo, no reaccionaron con la misma contundencia frente a casos internos como los de Íñigo Errejón, los llamados Salazar o el entorno del denominado caso Koldo, con Koldo García como referencia.

Ese contraataque terminó de politizar el debate. Lo que había comenzado como una discusión sobre honores institucionales derivó en una acusación cruzada entre bloques, donde el feminismo impulsado durante la gestión de Irene Montero, la ética pública y el uso del poder simbólico quedaron en el centro de la escena. Para el oficialismo y la izquierda, el reclamo apunta a la coherencia institucional; para el PP, se trata de un castigo selectivo con fines partidarios. En el medio, el caso Julio Iglesias dejó de ser solo una investigación en curso y pasó a funcionar como un nuevo capítulo de la grieta política española.

Los casos a los que remite el PP

Cuando el Partido Popular habla de doble vara y silencios internos, remite a una serie de episodios que, según su lectura, no recibieron la misma reacción política ni el mismo nivel de exposición pública dentro del espacio progresista que hoy exige sanciones simbólicas en el caso de Iglesias.

Uno de los nombres centrales es el de Íñigo Errejón, exdirigente de Podemos y luego fundador de Más País, actualmente integrado en el espacio de Sumar. En su caso, el señalamiento no apunta a una causa judicial con condena, sino a relatos públicos de mujeres que lo acusaron de comportamientos inapropiados en contextos de poder, como mensajes insistentes, actitudes intimidantes y conductas consideradas abusivas en el marco de relaciones asimétricas dentro del ámbito político. El impacto fue principalmente político y mediático, y para el PP el foco no estuvo solo en los hechos denunciados, sino en la respuesta interna del espacio, que califican como tardía y poco contundente frente a un dirigente que durante años fue una de sus principales figuras.

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El otro eje es el del llamado caso Koldo, que tiene como figura central a Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La investigación judicial se inició por presunta corrupción en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, con sospechas de cobro de comisiones y uso irregular de fondos públicos. Aunque se trata de un caso de corrupción y no de violencia de género, el PP lo incorpora al debate como ejemplo de silencios prolongados y defensa política inicial frente a un escándalo que afectaba directamente al entorno del PSOE.

En ese mismo marco aparece la referencia a los Salazar, una alusión que remite a Francisco Salazar, exdirigente del PSOE que fue denunciado por presunto acoso sexual y cuya causa fue finalmente archivada por la Fiscalía. Aunque no hubo imputación judicial, el episodio generó ruido político y mediático, y es utilizado por el PP como ejemplo de situaciones internas que, según su lectura, no recibieron la misma exposición pública ni el mismo nivel de condena política cuando los señalados pertenecían al propio espacio socialista. La mención no apunta tanto al desenlace judicial del caso, sino al manejo político previo y posterior, que el PP contrapone al reclamo actual de sanciones simbólicas en el caso Julio Iglesias.

Desde la óptica del Partido Popular, estos antecedentes funcionan como argumento central para cuestionar la autoridad moral del PSOE y de la izquierda a la hora de exigir la retirada de honores en el caso Julio Iglesias. El planteo es político y no judicial: no se puede reclamar ejemplaridad pública sin revisar antes cómo se gestionaron las crisis internas cuando los nombres involucrados formaban parte del propio entramado de poder.

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