Claramente la película 'The Post', interpretada brillantemente por Tom Hanks y Meryl Streep, dirigida por Steven Spielberg, y ganadora de un Oscar de la Academia de Hollywood en 2018, debería ser vista detenidamente por los hermanos Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, el juez federal Alejandro Marianiello y demás obsecuentes del poder. Ver 'Homus Argentum' por ahora no es conveniente .
LIBERTAD DE PRENSA Y CENSURA PREVIA
Argentina: Tom Hanks y Meryl Streep, fallo de Maraniello e impacto de los Pentagon Papers
La libertad de prensa en riesgo ante la censura previa: Fallo del juez Alejandro Maraniello en Argentina, los Papeles del Pentágono, y Tom Hanks / Meryl Streep.
Me explico: La libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia, han enfrentado históricamente tensiones con los poderes gubernamentales que buscan controlar la narrativa pública. En Argentina, el reciente fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, ha desatado un debate sobre la censura previa y su impacto en el Derecho a la Información.
Este caso encuentra un paralelo histórico en el conflicto de 1971 entre el gobierno de Richard Nixon y los diarios The New York Times y The Washington Post, por la publicación de los Papeles del Pentágono (Pentagon Papers). Ambos episodios, separados por más de medio siglo, comparten un núcleo común: la lucha entre el derecho del público a saber y las pretensiones de los gobiernos de restringir información incómoda bajo pretextos de "seguridad de Estado" o "interés de Estado".
El presente artículo compara ambos casos, analiza el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 'New York Times Co. v. United States' (1971) con énfasis en la postura del juez Hugo Black, y examina cómo estas lecciones resuenan en el contexto argentino actual.
El caso Maraniello y los audios de Karina Milei
El lunes 01/09, el juez federal Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente argentino, grabados presuntamente en la Casa Rosada. La resolución, impulsada por una denuncia de Karina Milei, patrocinada por un letrado desconocido (¿Santiago Viola?) y fogoneada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que hizo su propia presentación en paralelo, tal como un complot de características 'Interplanetarias', argumenta que los audios, cuya filtración el gobierno califica como una "operación de inteligencia ilegal", podrían comprometer la "privacidad institucional", el honor de los involucrados y la seguridad del Estado.
La medida no solo abarca medios tradicionales, sino también plataformas digitales y redes sociales, y ordena allanamientos a las oficinas del canal de streaming Carnaval y a los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron las grabaciones, que no hicieron sino que recibieron.
El fallo ha sido ampliamente cuestionado por juristas y opositores como un acto de censura previa, explícitamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional argentina y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional.
Precisamente, constitucionalistas tales como Daniel Sabsay y Cristian Cao han advertido que la medida carece de proporcionalidad y no cumple con los estándares de excepcionalidad requeridos para restringir la libertad de expresión, especialmente cuando los audios podrían ser de interés público al involucrar a una figura clave del gobierno en un escándalo de presuntas coimas con fondos públicos (o sea de los ciudadanos y empresas que pagan impuestos) en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El caso se complica por el perfil del juez Maraniello, quien enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual, además de acusaciones de abuso de poder y maltrato laboral. Estas denuncias, que incluyen testimonios de empleadas que relatan tocamientos no consentidos y presiones para mantener encuentros fuera del ámbito laboral, han llevado a cuestionar su imparcialidad y sugieren que su fallo podría estar motivado por intereses personales, tal como proteger su carrera judicial en un momento en que ambiciona un ascenso a camarista.
Los Papeles del Pentágono y el enfrentamiento con Nixon
En 1971, el gobierno de Richard Nixon intentó impedir la publicación de los 'Papeles del Pentágono', un informe secreto del Departamento de Defensa que detallaba la implicación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, incluyendo decisiones controvertidas y engaños al público.
The New York Times y The Washington Post comenzaron a publicar extractos del informe, filtrado por Daniel Ellsberg, analista militar que trabajaba en la Corporación RAND, lo que llevó al gobierno a solicitar una orden judicial para frenar su difusión, alegando riesgos a la seguridad nacional.
El caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos con el expediente caratulado “New York Times Co. v. United States (403 U.S. 713)”, donde se resolvió, en una decisión histórica, a favor de los diarios por 6 votos contra 3.
El fallo de la Corte Suprema reafirmó que la censura previa es una práctica excepcional que solo puede justificarse bajo circunstancias extremas, tales como la amenaza directa de daño irreparable a la seguridad nacional.
Los jueces argumentaron que el gobierno no logró demostrar que la publicación de los Papeles del Pentágono causaría un daño concreto y grave, y que el interés público en conocer la verdad sobre las acciones del gobierno prevalecía sobre las pretensiones de censura.
La postura del juez Hugo Black
El juez Hugo Black, en su opinión concurrente, ofreció una de las defensas más contundentes de la libertad de prensa en la historia judicial estadounidense. Black argumentó que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege de manera absoluta el Derecho de la Prensa a publicar información sin restricciones previas, salvo en casos extremos como la publicación de planes militares específicos durante una guerra. En sus palabras:
Black subrayó que el propósito de la prensa libre es servir como un contrapeso al poder gubernamental, asegurando que los ciudadanos estén informados para ejercer su soberanía.
Él criticó duramente al gobierno de Nixon por intentar ocultar información embarazosa bajo el pretexto de la seguridad nacional, afirmando que tal acción era un abuso de poder que amenazaba los fundamentos de la democracia. Su postura, aunque no representó la opinión mayoritaria en su totalidad, se convirtió en un referente para la jurisprudencia internacional sobre la libertad de expresión.
Comparación y análisis: censura previa y abuso de poder
Ambos casos, el de Maraniello (en Argentina) y el de los Papeles del Pentágono, ilustran el conflicto recurrente entre los gobiernos que buscan controlar la información y el derecho de la sociedad a estar informada. Sin embargo, existen diferencias y similitudes clave:
- Justificación de la censura: En el caso de los Papeles del Pentágono, el gobierno de Nixon invocó la seguridad nacional, un argumento que la Corte Suprema desestimó por falta de evidencia concreta. En el caso de Karina Milei, el juez Maraniello justifica la prohibición con la protección de la "privacidad institucional" y el honor de los involucrados, pero admite no haber escuchado los audios, lo que debilita su razonamiento, ya que no puede evaluar el supuesto daño. Esta falta de fundamentos específicos recuerda el argumento de Nixon, que también fue considerado insuficiente por la Corte Suprema estadounidense.
- Contexto político: En ambos casos, los gobiernos enfrentaban crisis de legitimidad. En 1971, Nixon lidiaba con el creciente descontento por la Guerra de Vietnam, y la publicación de los Papeles del Pentágono expuso mentiras oficiales que alimentaron la desconfianza pública. En 2025, el gobierno de Milei atraviesa un escándalo por presuntas coimas en la ANDIS, con audios que podrían implicar a Karina Milei y debilitar el relato de transparencia de La Libertad Avanza. En ambos casos, la censura parece ser una maniobra para mitigar el daño político en lugar de proteger un interés público genuino.
- Impacto en la libertad de prensa: El fallo de Maraniello, al prohibir la difusión de audios sin conocer su contenido y ordenar allanamientos a periodistas, genera un "efecto amedrentador" (chilling effect) que desalienta el periodismo investigativo. Esto contrasta con la decisión de la Corte Suprema en 1971, que reforzó la protección de la prensa frente a la censura previa. La postura de Hugo Black es particularmente relevante aquí: su insistencia en que la prensa debe exponer los abusos del gobierno sin temor a represalias encuentra eco en las críticas de juristas argentinos, quienes advierten que el fallo de Maraniello viola estándares internacionales y nacionales de libertad de expresión.
- Integridad judicial: El caso argentino se ve empañado por las denuncias contra Maraniello, que incluyen acoso sexual y abuso de poder. Estas acusaciones, sumadas a su aspiración a un ascenso judicial, sugieren un posible conflicto de intereses, lo que compromete la legitimidad de su fallo. En contraste, la Corte Suprema de 1971, aunque dividida, actuó como un árbitro independiente, priorizando principios constitucionales sobre presiones políticas. La postura de Black, en particular, refleja una defensa inquebrantable de la libertad de prensa, sin matices de intereses personales.
Lecciones y resonancias
El fallo de Maraniello representa un retroceso en la protección de la libertad de prensa en Argentina, al revivir prácticas de censura previa que chocan con la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Casos como 'Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina' (2011) han establecido que las restricciones a la prensa deben ser excepcionales y proporcionales, algo que el fallo de Maraniello no cumple al imponer una prohibición general sin evaluar el contenido de los audios.
La postura del juez Hugo Black en “New York Times Co. v. United States”, ofrece una guía clara para el caso argentino: la censura previa es una herramienta antidemocrática que solo puede justificarse en circunstancias extremas, y el rol de la prensa es exponer las acciones del gobierno, especialmente cuando estas involucran posibles abusos o corrupción. La decisión de Maraniello, en cambio, parece alinearse con los intereses del oficialismo, lo que refuerza las sospechas de un uso indebido del poder judicial para silenciar a la prensa.
En un momento en que el gobierno de Milei enfrenta cuestionamientos por su manejo de la economía y acusaciones de corrupción, la prohibición de los audios de Karina Milei no solo fracasa en contener el escándalo, sino que lo amplifica, al otorgar a las grabaciones un "sello oficial de relevancia". Como ocurrió con los Papeles del Pentágono, la censura tiende a alimentar el interés público y la resistencia colectiva, como ya se observa en las reacciones de periodistas y opositores en Argentina.
Conclusión
El fallo de Maraniello y el caso de los Papeles del Pentágono ilustran una verdad perdurable: los intentos de los gobiernos por controlar la información bajo pretextos de seguridad o privacidad suelen ser un reflejo de su temor a la verdad.
La postura del juez Hugo Black, con su defensa absoluta de la libertad de prensa como contrapeso al abuso de poder, debería servir como un faro para Argentina. En un país con una rica tradición de lucha por la libertad de expresión, el fallo de Maraniello no solo es un "mamarracho jurídico", tal como lo calificó el diputado Maximiliano Ferraro, sino un peligroso precedente que amenaza los pilares de la democracia.
La Corte Suprema argentina, que en el pasado ha protegido estos derechos, tiene ahora la oportunidad de reafirmar su compromiso con la libertad de prensa, como lo hizo su par estadounidense en 1971, para garantizar que el pueblo argentino pueda seguir ejerciendo su derecho a saber.
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Diego A. Estévez Rezende es economista y también comunicador de experiencia en Argentina y España.
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