Otra cara de la suspensión del nuevo IPC: Lo que el Estado dejaría de pagar en prestaciones sociales y deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó esta semana que se mantendrá la metodología actual de medición de precios por lo que se desecha la reformulación que regía desde principios de año. El primer resultado bajo el fallido IPC se iba a conocer el 10/02. La suspensión precipitó la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC.

Con la metodología actualizada, que le da mayor peso a los servicios que a los bienes, el IPC mostraría números más altos en los meses por venir por la aplicación de aumentos de tarifas, lo que expondría el fin de la desinflación, el principal capital político del gobierno de Javier Milei.

Pero el informe del BAPRO señala además que la "marcha atrás" con la aplicación del nuevo índice "no solo afecta al “dato” de inflación" sino también a "las partidas del gasto público que actualizan con esta variable como referencia".

De acuerdo a las mediciones de la institución pública, el Estado Nacional se ahorraría $4,9 billones por la menor actualización de prestaciones sociales -jubilaciones y la AUH, entre otros- y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER.

En términos comparativos, indica el informe, ese monto representa casi el 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: $4,3 billones.

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Como el aumento de la recaudación depende de la "evolución real" de los ingresos por IVA e impuesto a Débitos y Créditos, y estos se ajustan por "valores de venta", la suspensión del nuevo IPC "le daría cierta holgura a las cuentas públicas", porque, agrega el informe, "los gastos subirían menos que los ingresos solo por razones estadísticas".

"La menor ponderación de tarifas y la mayor incidencia de alimentos y bebidas no alcohólicas, en un año donde el gobierno buscaría mantener la apreciación del tipo de cambio, provocarán que la inflación “estadística” sea menor que el aumento efectivo de costo de vida de las familias", sostiene el documento publicado por el BAPRO.

Según los cálculos del banco bonaerense, entre el actual IPC y el que quedó suspendido habría una diferencia de 2,7 puntos porcentuales, en un escenario en el que "el dólar sube en línea con los movimientos de los últimos meses y hay ajustes de tarifas significativos en marzo y septiembre".

De acuerdo a esa proyección, las inflaciones esperadas para 2026 son de 25,9% con el esquema vigente y de 28,6% si se aplicara el IPC descartado.

El informe del BAPRO destaca por otro lado que mantener el actual IPC "aleja a la estadística de la realidad" al señalar que "el aumento del costo de vida de las familias es diferente que el “dato” de inflación".

Considera que podría tener "más sentido empírico" estimar la caída del poder adquisitivo con la canasta desechada (con datos de 2017-2018) que con la actual (2004-2005).

Toma como ejemplo que entre enero y noviembre de 2025, último dato de salarios publicado, la capacidad de compra de los trabajadores privados registrados habría caído alrededor de 2,5%, 0,7 punto más que el -1,8% que surge de tomar la estructura de ponderadores de la ENGHo 2004-2005. Más aún, al comparar con noviembre 2023, la contracción pasa de -1,2% a -7,7% en este universo, agrega.

"Se entiende así porque, aun cuando el “salario sobre IPC” cayó poco más de 1% en el período, la cantidad de horas trabajadas, el pluriempleo y la irregularidad de cartera de las familias están en máximos de los últimos 20 años: el deterioro efectivo del poder de compra en los últimos dos años largos se parece más al 7,7% de la ENGHo 2017-2018 que al 1,2% de la canasta 2004-2005", concluye.

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