Se agrava la situación de la argentina detenida en Brasil por racismo: La trasladaron a una comisaría

La decisión llegó 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal carioca solicitara la prisión preventiva, al considerar que las restricciones vigentes no eran suficientes para garantizar el desarrollo del proceso. En Brasil, el delito de injuria racial está equiparado al racismo y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación mediante fianza.

Brasil no perdona a la Argentina y la Justicia es cada vez más dura

Desde mediados de enero, Páez permanece retenida en territorio brasileño. En una primera instancia, las autoridades le incautaron el pasaporte y luego dispusieron la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico. Aunque su documento de identidad fue devuelto, la prohibición de abandonar el país sigue vigente.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso y resolver los pedidos presentados por la defensa.

Un contexto personal cada vez más delicado: con miedo y ahora en la cárcel

La situación de la abogada se tornó más compleja en los últimos días, luego de que personas desconocidas ingresaran al departamento en el que se alojaba. A raíz de ese episodio, decidió mudarse por motivos de seguridad. Su familia expresó preocupación por su estado emocional y evalúa viajar a Brasil para acompañarla ante las amenazas recibidas y el clima de hostilidad que, aseguran, se intensificó con el avance de la causa.

“Está aterrada. Me llamó diciendo que tenía miedo por su vida”, relató su padre en declaraciones a medios argentinos, al describir el impacto que tuvo la detención en el ánimo de la joven.

El delito de racismo y la respuesta judicial

Páez está acusada de haber realizado comentarios y gestos racistas contra empleados de un restaurante durante su estadía turística en Río de Janeiro. A partir de ese episodio, se activó una causa penal que derivó en las medidas restrictivas y, finalmente, en su detención.

La defensa presentó un hábeas corpus para que se le permita regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país de origen. Sin embargo, antes de que ese planteo fuera resuelto, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando que existía un “peligro procesal” que no había sido neutralizado por las medidas alternativas.

En su presentación, el Ministerio Público sostuvo que la vigilancia electrónica y la prohibición de salida del país no resultaban suficientes para garantizar el correcto avance del expediente.

Desde el entorno de la acusada cuestionaron la decisión y señalaron que la detención resulta desproporcionada, ya que Páez cumplió con todas las restricciones impuestas desde el inicio del proceso y no intentó evadir a la Justicia en ningún momento.

Un caso con fuerte carga simbólica

El abogado defensor advirtió que el peso cultural y social que tiene el delito de racismo en Brasil podría estar influyendo en la dureza de las decisiones judiciales. “Es una figura penal muy sensible para la sociedad brasileña y este caso puede estar siendo utilizado como ejemplificador”, señaló.

Según explicó, la detención preventiva podría rozar una “pena anticipada”, dado que la imputada no violó ninguna de las condiciones que le fueron impuestas. El planteo ahora quedará en manos del juez, que deberá resolver si mantiene la prisión o habilita una alternativa menos gravosa mientras avanza la causa.

Mientras tanto, la detención de la abogada argentina vuelve a poner en foco las diferencias entre los sistemas judiciales y el tratamiento de los delitos de odio en la región, en un caso que suma tensión y mantiene en vilo a la familia de la acusada.

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