El Gobierno nacional decidió reordenar su agenda parlamentaria para este año y dejar, al menos por ahora, en segundo plano la cobertura de las vacantes de los jueces en la Corte Suprema. La Casa Rosada apunta a concentrar sus esfuerzos legislativos en una batería de reformas estructurales que incluyen cambios tributarios, electorales y penales.
PRIORIDADES
Sin jueces pero con reformas: La estrategia legislativa de Milei para 2026
Milei priorizó fortalecer y consolidar la mayoría legislativa para en un futuro poder avanzar con la designación de los jueces de la Corte.
25 de febrero de 2026 - 12:54
Milei deja en stand by el tema de los jueces de la Corte.
Aunque en el oficialismo reconocen la necesidad de completar la integración del máximo tribunal, hoy no aparece como una urgencia política. El Ejecutivo debe cubrir dos cargos en la Corte, que quedaron vacantes tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero la discusión quedó desplazada frente a otras iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.
Los jueces pueden esperar
El escenario judicial, de todos modos, es más amplio que la Corte. El Poder Ejecutivo también tiene pendiente la designación de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos. En total, se trata de alrededor del 40% de la estructura judicial sin cobertura definitiva.
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En el Ministerio de Justicia ya tendrían definidos varios nombres, aunque el envío de los pliegos depende de la decisión política del núcleo libertario. Desde el ámbito judicial transmiten que “todo debe ser lo antes posible”, pero en la Casa Rosada prefieren esperar a consolidar mayorías legislativas.
El Congreso, prioridad de Milei
Las últimas reuniones del oficialismo estuvieron enfocadas en la aritmética parlamentaria: los votos disponibles, los aliados eventuales y qué proyectos tienen mayores probabilidades de avanzar desde marzo.
En esa planificación aparece primero una reforma política. El Gobierno busca endurecer los controles sobre el financiamiento de los partidos y avanzar con la eliminación de las PASO. También evalúa introducir un cambio en la Boleta Única de Papel: un casillero que permita votar la lista completa de un partido con una sola marca.
A esto se suma el paquete tributario, una de las apuestas centrales del oficialismo. El objetivo es modificar el sistema impositivo para simplificar tributos y reducir cargas, en línea con el programa económico del Ejecutivo.
El Congreso también deberá tratar modificaciones a la Ley de Glaciares, la redacción final del nuevo Código Penal —que aún no fue presentado en su totalidad— y proyectos derivados del Pacto de Mayo. Entre ellos, un compromiso de estabilidad fiscal y monetaria y la denominada Ley de Libertad Educativa.
La Corte, una negociación política
La decisión de postergar el debate judicial no implica abandonar el tema. En el Gobierno admiten que el nombramiento de jueces del máximo tribunal requerirá acuerdos políticos complejos, especialmente en el Senado.
Por eso, la estrategia oficial consiste en avanzar primero en reformas donde cree tener más margen de negociación y dejar la discusión por la Corte para una etapa posterior. La Libertad Avanza, además, sigue de cerca los movimientos del kirchnerismo, que tendrá un rol decisivo en cualquier acuerdo para cubrir los cargos.
Así, mientras la estructura judicial permanece incompleta, la Casa Rosada apuesta a modificar primero las reglas del sistema político y económico. La lógica del oficialismo es clara: consolidar cambios estructurales en el Congreso antes de abrir una negociación de alto costo político como la integración del máximo tribunal.
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