La Justicia desafía al Gobierno con un pedido millonario en plena era del ajuste: Cuánto pidieron

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Poder Judicial de la Nación elevó su solicitud de presupuesto para el año 2026 en un escenario marcado por el ajuste fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. El planteo de la Justicia, formalizado a través de una acordada de la Corte Suprema publicada en el Boletín Oficial, ya generó ruido político.

El pedido se trata de un reclamo de recursos que deberá ser revisado por el Ministerio de Economía antes de llegar al Congreso.

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, acompañó la presentación del Consejo de la Magistratura, organismo que administra los fondos del Poder Judicial, define la infraestructura y gestiona los cargos. El pedido contempla recursos para cubrir más de 24.500 puestos de jueces, funcionarios y empleados.

La cifra que reclaman: más de dos billones de pesos.

Por una parte, el máximo tribunal solicitó 378.087.606.265 de pesos de presupuesto propio y acompañó el pedido del Consejo de la Magistratura de la Nación: 2.007.943.778.229 de pesos. En total, casi dos billones de pesos.

El pedido de la Justicia: Sueldos y polémica por las prioridades

Casi el 95% del presupuesto solicitado está destinado al pago de salarios, lo que refleja el peso del gasto en personal dentro de la estructura judicial. Sin embargo, el plenario del Consejo no aprobó el esquema por unanimidad: los representantes vinculados al kirchnerismo votaron en contra, argumentando que se privilegiaban obras como la ampliación del edificio de Comodoro Py por sobre otras necesidades edilicias más urgentes.

Pese a esas críticas, la propuesta fue avalada por una mayoría compuesta por jueces, abogados, académicos y legisladores del PRO y la UCR.

Sin presupuesto propio desde hace dos años

El reclamo del Poder Judicial se da en un contexto particular: desde 2023 el Congreso no aprueba un presupuesto general, por lo que toda la administración pública funciona con prórrogas y partidas especiales definidas por el Ejecutivo. En el caso de la Justicia, esa dependencia se acentúa y coloca a Rosatti, como presidente tanto de la Corte como del Consejo, en el centro de las decisiones.

El pedido ahora será analizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá consolidarlo junto con las demandas del resto de la administración pública. Luego será girado al Congreso, donde históricamente los montos suelen sufrir recortes.

En medio de la política de austeridad que promueve Milei, el contrapunto entre las necesidades de la Justicia y el discurso del “gasto cero” promete convertirse en un nuevo foco de tensión entre el oficialismo, el Poder Judicial y las críticas que lloverán por parte de la oposición.