La diputada de la oposición, Margarita Stolbizer, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle cómo se están gestionando las donaciones de bienes incautados por la Aduana bajo la Ley 25.603, conocida como de Rezago Aduanero.
DUDAS
La oposición pone la lupa sobre las donaciones de bienes decomisados por la Aduana: ¿Por qué?
La oposición pidió formalmente que el Gobierno explique los parámetros y condiciones de las donaciones de la mercadería que decomisa la Aduana.
La iniciativa apunta a esclarecer un mecanismo que, según la legisladora, se aplica con un nivel de discrecionalidad preocupante.
“Queremos claridad sobre cómo se maneja este régimen, porque de lo contrario se transforma en un sistema permeable a favoritismos políticos o a prácticas poco transparentes”, advirtió.
Los datos que pide la oposición
Stolbizer solicitó datos específicos sobre qué fundaciones y asociaciones recibieron mercadería desde diciembre de 2023, qué tipo de bienes fueron entregados y bajo qué resoluciones se concretaron las donaciones.
Entre las entidades mencionadas figuran:
- La Fundación Gea Madre Tierra-Mitología Griega,
- La Fundación Oficios de la Provincia de Buenos Aires,
- La Asociación Luchadores Latinos de Santa Fe,
- La Fundación Caminos,
- La Fundación Misión Libertad de Misiones.
Además, pidió documentación que respalde cada entrega y precisiones sobre los criterios utilizados para seleccionar a las organizaciones beneficiarias.
Aduana en la lupa (y los Menem también)
El proyecto también requiere detalles sobre el rol del subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y de Jorge Horacio Menem, señalados por la diputada como firmantes de resoluciones vinculadas a la ley. Reclama copia de todas las decisiones adoptadas y una explicación sobre las competencias asignadas a cada uno.
Posibles irregularidades
Otro de los puntos centrales es la existencia de denuncias por faltantes o irregularidades en las donaciones. Stolbizer reclama saber si se abrieron sumarios administrativos o investigaciones judiciales en relación con esos episodios.
La Ley 25.603 fue sancionada en 2002, en medio de la crisis social, para destinar alimentos, ropa, medicamentos y otros insumos esenciales a instituciones dedicadas a la asistencia. Sin embargo, con el tiempo, la aplicación de la norma quedó bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, algo que —según Stolbizer— habilitó un manejo “excesivamente discrecional”.
Propuesta de reformas
En los fundamentos de su iniciativa, la legisladora planteó que la información requerida permitirá al Congreso analizar eventuales cambios en la normativa. Entre las medidas sugeridas, mencionó la creación de un registro público de entidades habilitadas, la fijación de criterios objetivos de selección y el establecimiento de mecanismos de control independientes.
“Se trata de garantizar que los bienes decomisados lleguen a quienes realmente los necesitan y no se conviertan en herramientas de clientelismo político”, concluyó la diputada.
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