El jefe de fronteras del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, reveló este viernes que se está llevando a cabo una reducción significativa de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) operando en Minnesota, condado bajo gobernanza demócrata, donde en los últimos dos meses hubo manifestaciones contra el gobierno federal por las detenciones arbitrarias en redadas antimigrantes que resultaron en el asesinato de la estadounidense Reene Good y en el homicidio, durante una protesta, del enfermero de cuidados intensivos Alex Jeffrey Pretti.
ANTE TENSIÓN SOCIAL
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Tom Homan, el "zar fronterizo" de Trump, confirmó el fin de las operaciones antimigrantes del ICE en Minnesota, tras dos meses de tensión en las calles por el asesinato de dos estadounidenses.
El llamado ‘zar fronterizo’ de la Casa Blanca, enviado a Minneapolis para supervisar la ofensiva antimigrantes en medio del estallido social por los asesinatos, confirmó que le propuso al presidente concluir la operación en Minessota y que Trump estuvo de acuerdo.
“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya”, dijo Homan. Según explicó, la reducción del operativo ya comenzó esta semana y continuará en los próximos días. Aunque una parte reducida del personal permanecerá en Minnesota, la mayoría de los agentes será reubicada en sus bases o enviada a otros destinos.
A pesar de la reducción de la operatividad del ICE en Minnesota, el Gobierno de Trump aún no da el brazo a torcer con el Operativo Metro Surge, un amplio operativo contra la inmigración ilegal que persigue el propósito de deportar a indocumentados o personas con visas vencidas, argumentando que es una política de Estado para combatir el crimen organizado y el flujo de fentanilo, aunque a su paso hayan detenido a personas por "portación de rostro" y asesinado a dos ciudadanos estadounidenses.
En ese sentido, el "Zar de las fronteras" negó que la administración de Trump haya dado "marcha atrás en la aplicación de leyes migratorias o en la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas" y dijo que "priorizar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional no significa que nos olvidemos de todos los demás".
También dijo que gracias al operativo que involucró el despliegue de 3 mil efectivos del ICE, Minnesota ya no es un "santuario para criminales" y que el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y locales para "alcanzar objetivos comunes" ha dado "resultados exitosos".
"ICE continuará identificando, arrestando y deportando a inmigrantes ilegales que representen un riesgo para la seguridad pública, como lo hemos hecho durante años", sentenció Homan, "y nuestros oficiales llevarán a cabo esas tareas con profesionalismo, integridad y compasión, como lo hemos hecho durante años".
En declaraciones públicas esta semana, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien el mes pasado se unió al gobernador Tim Walz para demandar a la administración Trump por el operativo del ICE que resultó en la muerte de dos ciudadanos, aseveró que el aumento del despliegue había sido catastrófico.
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Desde hace unos meses, las detenciones del ICE, violentas y con trato degradante, han estado siendo reportadas por medios internacionales y grabadas por los celulares de muchos testigos oculares. En ellas, se ve a personas siendo reducidas en el suelo, arrastradas fuera de sus autos y golpeadas salvajemente por agentes del ICE.
Incluso, una imagen de un niño, usado por unos efectivos del ICE como 'carnada' para arrestar a su padre, evidenció que la administración de Trump está al límite de violar los Derechos Internacionales del Niño y podría estar infringiendo la ley, o haberla ya infrigido.
De hecho, el 24 enero pasado, Alex Pretti, un enfermero de ciudados paliativos, fue asesinado con diez balazos por la espalda por una patrulla fronteriza del ICE que estaba incriminando a una mujer. Un oficial los empujó y segundos después, derribó con brutalidad a otra mujer que trataba de socorrerlos.
Con seis agentes del ICE en el lugar, uno de ellos desenfundó su arma con la víctima totalmente sometida, buscó la espalda de Alex y disparó hasta una decena de veces.
"Empezó a forcejear con ellos y le dispararon. Lo mataron allí mismo. Estaba desarmado", destacó una testigo a una agencia de noticias. La víctima tenía licencia de armas y portaba una encima, pero, según exhiben las imágenes viralizadas, los efectivos del ICE se la quitaron antes de asesinarlo a sangre fría.
También en Minneapolis, unas semanas antes, precisamente el 7 de enero, un agente de inmigración disparó a quemarropa contra Reene Good, una mujer estadounidense, durante un operativo de control de inmigración. El hech quedó registrado por la filmación de un celular, a pesar de que el presidente Donald Trump justificara el accionar del oficial bajo el argumento de defensa propia.
El video de la escena exhibe a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) gritándole a una mujer rubia para que saliera del “maldito auto”, mientras intentaba abrir la puerta del conductor de una camioneta Honda, bloqueada en una calle residencial.
Otros clips difundidos por los medios de comunicación estadounidenses muestran cuando otro de los agentes del ICE, quien trataba de bloquear el paso de la camioneta, abrió fuego y ejecutó varios disparos hacia el asiento de la conductora, que intentaba huir del control. El auto de la mujer, identificada más tarde como Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, acabó fuera de control y chocó contra otro que se encontraba estacionado.
Rand Paul, presidente republicano del Comité de la Cámara de Representantes de USA, criticó la forma en que la administración Trump describió a Good y Pretti tras su asesinato. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios de la administración los llamaron inicialmente "terroristas domésticos".
"La Primera y la Segunda Enmienda no se suspenden durante períodos de disturbios ni protestas", sostuvo Paul, un libertario de Kentucky, refiriéndose a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a portar armas. "Cuando los funcionarios hablan de forma imprecisa o precipitada sobre los límites constitucionales, especialmente en momentos de tensión, corren el riesgo de agravar la situación en lugar de estabilizarla", agregó.
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