Muerte en el Paseo de la Infanta: Es el fracaso del sistema judicial argentino y de la CIDH

Este último jueves 05/02 se cumplieron 30 años de la muerte de Marcela Iglesias, la niña de seis años que falleció trágicamente tras ser aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta en el barrio porteño de Palermo en 1996. A raíz de este trágico hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por no garantizar las condiciones de seguridad en la instalación de una estatua que provocó el deceso de la menor.

La decisión, notificada a las partes el 9 de marzo, determinó que el Estado nacional incumplió los deberes de regulación, supervisión y fiscalización respecto de la escultura denominada Elementos, ordenando indemnizaciones, memorial y un acto público de reconocimiento al establecer la responsabilidad internacional estatal por incumplir su deber de garantizar la seguridad de las instalaciones públicas y la correcta tramitación judicial del caso.

Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la trágica muerte de la niña Marcela Iglesias en el Paseo de la Infanta.

La escultura que provocó la muerte de Marcela Iglesias

De aproximadamente 250 kilogramos, 1,30 metros de ancho y 2 metros de alto, la pieza colapsó sobre la nena mientras ella jugaba en el Paseo de la Infanta, de acceso libre, ubicado en avenida del Libertador al 3800, rebautizado Paseo Marcelo B. Iglesias, del Parque Tres de Febrero, en homenaje a la joven víctima.

Especialistas de la Superintendencia Federal de Bomberos establecieron que los vientos de hasta 24 kilómetros por hora favorecieron la caída de la obra. La tragedia se habría evitado si la estructura hubiera estado correctamente soldada a su base. Otras dos niñas que jugaban junto a Marcela resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico.

Prescripción de la causa y fundamentos de la Corte IDH

El tribunal internacional señaló la responsabilidad de Argentina, tanto por la falta de prevención como por la ineficacia en la investigación y eventual sanción.

La Argentina tiene la obligación de acatar los fallos emitidos por el tribunal supranacional en materia de derechos humanos. La jerarquía constitucional otorgada al tratado internacional en la reforma de 1994 refuerza el carácter vinculante de sus disposiciones y exige el cumplimiento de las reparaciones y medidas dictadas por la CIDH. La aceptación de jurisdicción se formalizó mediante la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través del pacto de San José de Costa Rica.

El escultor fue procesado por “homicidio culposo” y la causa había sido archivada en 2005

Tras el accidente, la jueza Susana Nocetti de Angeleri procesó al escultor, a la propietaria de la galería y a tres funcionarios comunales bajo cargos de “homicidio culposo”. La causa penal se extendió por cerca de nueve años debido a excepciones, recusaciones y recursos de la defensa, hasta que prescribió el 15 de diciembre de 2005 y los cinco imputados fueron sobreseídos, según la Cámara de Casación.

La causa había sido archivada por disposición de la Justicia en marzo de 2005, que resolvió aplicar la nueva ley 25.990 -sancionada en diciembre 2004- que modificó los plazos de prescripción de las causas penales.

Los fundamentos de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como consecuencia de esa resolución, la causa en la que se encontraban listos para ser sometidos a juicio oral y público el creador de la escultura, Danilo Danzinger; la dueña de la galería de arte Der Brucke, Diana Lowenstein; y los tres exinspectores municipales, Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale, quedó archivada.

Por su parte, el tribunal de San José afirmó que la extensión del procedimiento no respondió a la complejidad del hecho sino a “la conjunción entre la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales”. La CorteIDH indicó: “El Estado no actuó con la debida diligencia exigible para encauzar el proceso e impulsar su avance y que tales circunstancias condujeron igualmente a la violación de la garantía de plazo razonable”.

La CorteIDH consideró que se violaron los derechos a la integridad personal y a la protección familiar de los padres de la víctima, situación que perjudicó sus proyectos de vida.

Por ello se dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la creación de un espacio memorial y recreativo para la niñez y adolescencia en homenaje a la víctima y el pago de indemnizaciones a su familia por daños materiales, inmateriales y concepto de rehabilitación.

La sentencia destacó que “los niños y las niñas tienen derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y que, en consecuencia, los Estados deben proveer espacios públicos accesibles, adecuados y seguros para el desarrollo integral de la niñez, garantizando su seguridad mediante la correcta evaluación de los riesgos existentes y la adopción de medidas para prevenir su materialización”.

Las repercusiones del caso

El caso de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo provocó, por entonces, una movilización social y, a los diez años de la tragedia, cerca de 100 personas se reunieron en el Paseo de la Infanta para homenajearla y pedir justicia. Participaron autoridades del Consejo de Familiares del Programa Nacional de Anti-impunidad y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Madres del Dolor, Asociación Miguel Bru, Amigos del Lago de Palermo, Por la Fuerza de Ezequiel y Padres de Keivis, quienes apoyaron a Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de la menor.

Los familiares manifestaron su agradecimiento y leyeron una carta a la Justicia, solicitando la reapertura de la causa. Durante el acto se colocó una placa de bronce y una ofrenda floral en el sitio donde ocurrió el hecho.

El 1 de febrero de 2006, la familia había presentado un recurso especial ante la Corte Suprema de Justicia para la revisión y levantamiento de la prescripción.

La carta del ex juez Guillermo Tiscornia al Diario La Nación

A 30 años de la muerte de Marcela Iglesias, el ex juez Guillermo Tiscornia publicó una muy dura carta de lectores en el Diario La Nación en el que apuntó a los manejos de la justicia argentina: “¿Que son treinta años en la vida de un ciudadano de a pie el cual se vio obligado a pergrinar durante tres decadas a traves de las obsoletas instancias judiciales ( tanto en el orden interno como el supernacional)?. Eso sí, mentes iluminadas acompañadas de atractivos tonos academicistas y doctorales auspician a partir de indisimulables propositos de marketing (y convertidos en factor de propia propaganda) reformas sobre leyes de fondo y de forma enarbolando discursos modernizantes enancados en un indisimulable sesgo dogmatico-punitivista, mientras ninguna gestión de gobierno jamás encaro una política efectiva en pos de una genuina modernización y optimización del colapsado sistema judicial argentino”.

El día que la Ciudad reinauguró el Paseo Marcela Iglesias

En noviembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reinauguró el Paseo Marcela Iglesias, en homenaje a la niña que murió aplastada por una escultura de hierro. La obra fue realizada en conjunto de los representantes de la Comuna 14 y las Madres del Dolor, organización a la que pertenece la madre de la menor fallecida hace 30 años.

“Acompañamos a los padres de Marcela en esta conmemoración. Recordamos su vida y su legado, así como el compromiso de cuidar los espacios públicos para que sean seguros”, sostuvieron desde el Gobierno de la Ciudad a través de la cuenta oficial de VíctimasBA, en donde se brinda asistencia y asesoramiento legal integral a las víctimas de delitos.

“Este paseo no solo recuerda una tragedia; nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger a nuestra comunidad”, concluyó el Gobierno de la Ciudad.