Denuncian a Javier Milei ante la CIDH, interesado en otra visita histórica como la de 1979

El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) presentaron una denuncia contra el gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Ejecutivo argentino de sostener "una política de ataque sistemático y planificado" contra periodistas y trabajadores de prensa.

La audiencia tuvo lugar en la Universidad de Miami, Estados Unidos, donde se lleva a cabo el 194° Período de Sesiones del organismo.

Y en su presentación, Sipreba y Fatpren enumeraron una gran cantidad de casos en los que el Ejecutivo actuó con malicia contra trabajadores de la comunicación y unificaron presentaciones realizadas también por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, entre otras organizaciones.

El organismo internacional recomendó dar pasos para encontrar canales de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Pero también, la comisión estratégica de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordada por la histórica visita que realizó a la Argentina en 1979 para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos en pleno gobierno militar, ofreció la posibilidad de enviar una misión para contribuir a encontrar caminos de acercamiento.

Imagen publicada en el sitio oficial de la CIDH.

"Estamos interesados en hacer una visita", dijo el presidente de la CIDH, el mexicano José Luis Caballero Ochoa, quien reivindicó los aportes históricos de la Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos. Entre el año pasado y el actual, la CIDH emitió cinco comunicados sobre la libertad de prensa en la Argentina y celebró una audiencia sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión.

Baños, la voz del Gobierno, desestimó los reclamos

La posición del Gobierno fue expresada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, quien negó la existencia de un plan destinado a la "persecución de periodistas", y explicó que "las audiencias temáticas de la CIDH son espacios de diálogo, información y cooperación técnica. No tienen un carácter contencioso, no es la vía para investigar casos concretos o promover medidas cautelares".

En tanto, frente a la propuesta de la CIDH para enviar una misión a la Argentina, dijo:

Nos prestamos al diálogo al que nos invitan con algunos de los representantes de las sociedades civiles. Pero hay que diseñar una hoja de ruta previa para que no se convierta en un contencioso contradictorio Nos prestamos al diálogo al que nos invitan con algunos de los representantes de las sociedades civiles. Pero hay que diseñar una hoja de ruta previa para que no se convierta en un contencioso contradictorio

La posición del Gobierno de Javier Milei fue expresada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños.

La voz de los periodistas

Por su parte, Francisco Rabini, secretario adjunto del Sipreba y tesorero de Fatpren, Francisco Rabini, remarcó que el objetivo de la administración libertaria es "impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar".

Y detalló una cantidad de situaciones que los trabajadores tuvieron que atravesar siguiendo las actividades de la gestión oficial de La Libertad Avanza y que tuvo su punto más dramático en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió heridas irreversibles al ser impactado en la cabeza con un proyectil de gas mientras cubría una marcha de jubilados en la Plaza del Congreso.

Rabini habló de represión sistemática contra quienes cubren manifestaciones y mencionó también lo que pasa en el terreno digital, con ataques sistemáticos a quienes critican al Gobierno.

El dirigente sindical, trabajador del diario 'Clarín', enfatizó que esto constituye un "ataque directo a la libertad de expresión y de prensa, así como al derecho a la información", con graves consecuencias para la seguridad laboral.

El periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción de 'La Nación', relató que el 25 de mayo pasado reveló la existencia del Plan de Inteligencia Nacional, un documento secreto, que entreabre la puerta al desarrollo de tareas de espionaje ilegal sobre políticos opositores, movimientos sociales y periodistas, entre otros objetivos. "El Gobierno alegó que el documento existe, pero que se trata de una interpretación sesgada", y como resultado de la primicia afrontó diez intentos de hackeo, ataques en correos electrónicos, en la red X, insultos y amenazas desde cuatro números telefónicos distintos.

Causas contra periodistas

Por su parte, el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, detalló que hubo "más de cien periodistas y trabajadores de prensa heridos o detenidos" en movilizaciones y protestas en el último año, y mencionó también a los fotógrafos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias.

El fotógrafo Pablo Grillo sufrió heridas al ser impactado en la cabeza con un proyectil de gas mientras cubría una marcha de jubilados en la Plaza del Congreso.

Se subrayó que a lo largo del último año, integrantes del gobierno denunciaron, por lo menos, a ocho periodistas y comunicadores por calumnias e injurias en el último año, incluyendo a Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Julia Mengolini, Nancy Pazos y Darío Villarruel.

Rabini, analizando este cuadro de situación, dijo sin dudar que la situación de la prensa en la Argentina es una amenaza directa "a los derechos humanos fundamentales".

Desde el sindicato precisaron que la denuncia ante la CIDH no se limita a la violencia en las calles o el accionar malintencionado en las redes, sino que abarca un esquema más amplio de vaciamiento informativo.

De ese plan forman parte la reducción del rol de los medios públicos y el intento de cierre de la Agencia Télam, la intervención prolongada del Enacom, la paralización de fondos FOMECA y el vaciamiento de la Defensoría del Público, afectando "directamente la pluralidad informativa y la diversidad de voces".