El interminable juicio por YPF volvió a escalar en los tribunales de Nueva York con el anticipo de Burford Capital de que solicitará que Argentina sea declarada en desacato por incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de documentación clave. Pero si bien la de la petrolera es la causa más relevante no es el único juicio que enfrenta el país.
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Juicio por YPF: Argentina, ¿en desacato?, y tapada de juicios cuyo costo equivale al 70% de sus reservas
El juicio por YPF volvió a escalar con el anticipo de Burford Capital de que solicitará que Argentina sea declarada en desacato. Pero no es el único juicio que enfrenta el país. Hay más, y en conjunto representan el equivalente al 70% de sus reservas.
26 de diciembre de 2025 - 09:10
Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.
Además de la causa en los tribunales de Nueva York por la irregular expropiación de YPF por parte del kirchnerismo en 2012 existen demandas por la intervención del Indec con Guillermo Moreno que afectaron a bonos soberanos y empresas con rupturas de contratos con el Estado, y otros, cuyo costo potencial estiman en alrededor de US$30.000 millones, lo cual equivale a aproximadamente el 70% de los US$43 mil millones que tiene el Banco Central en reservas.
YPF, la causa más relevante
La causa de YPF es la más relevante, por monto e impacto público. Se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y la Argentina fue condenada a abonar US$16.100 millones más intereses que se acumulan, a razón de más de US$1 millón por día, estiman especialistas.
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Ahora, el fondo Burford Capital, el que financia las demandas de Petersen y Eton en Nueva York contra la Argentina por la irregular expropiación de YPF en 2012 por parte del kirchnerismo, anticipó que le pedirá a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato, lo que abre la puerta a posibles embargos de activos y sanciones adicionales.
Es porque considera que el Estado no cumplió con el pedido de entrega de las comunicaciones de funcionarios y ex autoridades, pese a que el país todavía tiene tiempo hasta el 10 de enero para hacerlo, en la nueva fecha límite formal que fijó Preska.
¿De qué funcionarios y ex funcionarios hablamos? La lista es larga e incluye a Carlos Guberman, secretario de Hacienda; María del Carmen Tettamanti, secretaria de Energía; Mariela Beljansky, ex subsecretaria de Planeamiento Energético; Luis Pierrini, secretario de Transporte; Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo; Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos; Susana Casillas, directora nacional de Crédito Público; Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía; José Rolandi, ex vicejefe de Gabinete; Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica; Antonio Milanese, subsecretario de Planeamiento y Transición Energética; Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete; Eduardo Oreste, ex asesor de la Secretaría de Energía; Maggie Videla Oporto, ex secretaria de Hidrocarburos, y Raúl Rigo, ex secretario de Hacienda, entre los que decidieron cooperar.
Mientras, se espera respuestas de Franco Mogetta, ex secretario de Transporte; José Luis Daza, secretario de Política Económica; Jorge Domper, Tesorero General de la Nación; Luis De Ridder, ex subsecretario de Hidrocarburos, y Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete. Y no contestaron:
Sergio Massa, ex ministro de Economía; Guillermo Michel, ex director de Aduana; Eduardo "Wado" De Pedro, ex ministro de Interior; Agustín Rossi, ex jefe de Gabinete; José Luis Manzur, ex jefe de Gabinete; Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas; Rafael Brigo, ex secretario de Finanzas.; Martín Di Bella, ex secretario de Hacienda; Flavia Royón, ex secretaria de Energía; Darío Martínez, ex secretario de Energía; Federico Bernal, ex subsecretario de Hidrocarburos; José Ignacio De Mendiguren, ex secretario de Industria; Matías Tombolini, ex secretario de Comercio, y Gabriel Rubinstein, ex secretario de Política Económica.
Cierto es que la magistrada, en la audiencia del 9 de diciembre pasado, reconoció el incumplimiento y adelantó que la negativa del país a producir esa información podía derivar en un pedido de desacato y sanciones económicas y procesales, y autorizó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción.
Por el momento, casi la mitad de los funcionarios y ex funcionarios que están implicados el caso entregaron sus chats de WhatsApp y mails. Sin embargo, las principales figuras políticas rechazaron colaborar.
Es que caso del ministro de Economía, Luis Caputo, como el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que no accedieron a proporcionar sus comunicaciones con terceros en dispositivos o cuentas personales.
Los demandantes buscan probar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (BCRA) funcionan como 'alter ego' del Estado y que las distintas administraciones de gobierno ejecutaron políticas económicas a través de esas empresas.
La causa por el 'alter ego' se desarrolla en paralelo a la apelación de fondo, donde en cualquier momento el tribunal puede emitir sentencia. En el Gobierno consideran que por eso Burford está inquieto y busca acelerar embargos.
Otros juicios contra la Argentina
Claro que, como se mencionó, no es el único juicio que enfrenta el país que tiene entre sus demandantes, tanto inversores particulares como grandes fondos y megabufetes.
La Procuración del Tesoro tiene bajo su órbita varios de los casos, con distinto grado de avance o resolución.
Más allá de YPF, está también la causa de 'Cupón PBI' en Londres, con una sentencia firme contra el país por 1.300 millones de euros. El fallo fue ratificado tras el rechazo de la Corte Suprema de Londres al planteo argentino. El caso se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento del PBI en la gestión kirchnerista para evitar el pago de intereses de dichos cupones, atados a la evolución del producto bruto interno.
Otro, en el que el Gobierno se encuentra negociando con los acreedores, es el reclamo de holdouts de la deuda de 2001. Son bonistas con títulos que defaultearon y no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016, y representan un pasivo de alrededor de US$2.400 millones.
El de Móbil Exploration, donde la Argentina enfrenta un plan de pagos por la sentencia adversa de US$196 millones que el país recibió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por los perjuicios que la pesificación generó en los negocios gasíferos de la petrolera.
Además, frente a este organismo que lauda ante demandas de empresas privadas por incumplimientos de contratos por parte del Estado, la Argentina tiene demandas abiertas por más de US$2.500 millones más intereses.
AES Corporation es el reclamo más antiguo y por mayor monto, que corresponde a 2002 y es por US$1.814 millones. Se centra en la negativa de la Argentina a aplicar mecanismos previamente acordados para el cálculo y ajuste de tarifas relacionadas con las inversiones de AES en el sector eléctrico local. Alegó que el país violó sus obligaciones al congelar las tarifas de electricidad y no permitir ajustes que reflejaran la inflación y la devaluación del peso, lo que afectó la rentabilidad de sus inversiones.
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