Motosierra en el juicio por YPF: El Gobierno busca ajustar en la defensa de la Argentina

La causa YPF, que se tramita en los juzgados de Nueva York y que acumula fallos adversos contra la Argentina que la obligan a privatizar la petrolera o a pagar una millonaria indemnización, podría sufrir ahora la motosierra del Gobierno de Javier Milei. Es que se renueva el acuerdo y estarían analizando la posibilidad de cambiar el estudio de abogados que representa al país en esta y en otras causas más en el exterior.

En efecto, la medida publicada en el Boletín Oficial de este lunes 15 de septiembre que modifica las condiciones contractuales que el Estado debe cumplir para obtener representación legal ante litigios en los que el país se encuentra involucrado, hace mención a varias normas mediantes las cuales Procuración del Tesoro de la Nación solicitó a la cartera económica, la contratación de un estudio jurídico para la defensa de la Argentina en juicios que se tramitan en los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Se trata de la Resolución 1352/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo:

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Son conflictos legales relacionados con casos que involucran pagos vinculados al Producto Bruto Interno (PBI) y derivados de la expropiación del capital accionario mayoritario de YPF.

Un solo estudio para todos los juicios

En los considerandos, la norma recuerda que en el Decreto 946 del 26 de noviembre del 2020 se excluyó del régimen establecido para contratar un estudio jurídico a los que estaban destinados a obtener la prestación de servicios profesionales y/o logísticos "cuya ejecución deba concretarse en el exterior del país y se encuentren destinados a la defensa de la República Argentina ante tribunales judiciales o arbitrales, extranjeros o internacionales, en aquellos casos en los que la República Argentina se encuentre sujeta a la jurisdicción de aquellos".

A partir de esta decisión, se gestionó el procedimiento de contratación correspondiente, que culminó con el dictado de la Resolución 551 del 2 de septiembre de 2021 del Ministerio de Economía que aprobó el procedimiento que culminó con la contratación al Estudio Sullivan & Cromwell LLP para que defienda al país en los procesos judiciales ante varios tribunales extranjeros.

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Se trata del buffet del que es socio de Robert Joseph Giuffra Jr, uno de los abogados de Donald Trump, y quien maneja la estrategia legal argentina en el juicio por YPF que enfrenta el país cobrando alrededor de US$1.800 la hora de trabajo dedicado al caso, según una investigación realizada por el diario 'Clarín'.

En efecto, es el cotitular del estudio y la cara visible del equipo jurídico que representa a la Argentina en Nueva York frente al juicio que inició el fondo Burford Capital. Además, tal como publica el sitio 'iProfesional', firma los criterios que exponen los argumentos legales de las autoridades en la sentencia.

La Argentina está condenada a pagar 16.100 millones de dólares más intereses que corren a razón de US$2,5 millones por día, por la estatización de YPF. Frente a esto, el Estado apeló al fallo y apelará a la decisión de la jueza Loretta Preska de ordenar pagar con el 51% de las acciones.

Por su cercanía al Distrito Sur de Nueva York, donde se tomaron los casos vinculados a los sucesivos defaults de la deuda de 2001 y las expropiaciones de los gobiernos kirchneristas, el grupo jurídico Sullivan & Cromwell fue contratado en varias ocasiones por Argentina.

Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.

No más exclusividad

A partir de estos gastos, la resolución publicada este lunes recuerda que otra norma sancionada el 28 de mayo de 2022, también de Economía, aprobó una enmienda al acuerdo, a través de la sustitución del inciso b del punto 4 y el punto 5, y estableció que el contrato no podía ser modificado, alterado o enmendado, "salvo por escrito y firmado por el estudio y el Ministerio de Economía".

Así, el estudio contratado aparecía como el "vocero" legal exclusivo de la Argentina ante temas legales en el exterior, más allá del color político del gobierno de turno.

En este contexto, el Gobierno de Javier Milei decidió terminar con esa obligación y el propio presidente dio la orden para liberar al Estado Nacional de esa traba. En la norma publicada hoy dice:

Con miras a la oportuna y adecuada tutela de los intereses del Estado Nacional deviene necesario introducir modificaciones a las mencionadas Bases de Contratación, las que no implican alteraciones a las condiciones esenciales de la contratación Con miras a la oportuna y adecuada tutela de los intereses del Estado Nacional deviene necesario introducir modificaciones a las mencionadas Bases de Contratación, las que no implican alteraciones a las condiciones esenciales de la contratación

En este sentido, el cambio más significativo en la metodología de contratación de un estudio jurídico se refiere a la sustitución del anexo I de la Resolución 551/202.

Causas varias

A modo de objeto, se explica que el pedido de cotización "busca la contratación de servicios de la República en los procesos judiciales ante Tribunales extranjeros", para el Estudio Sullivan & Cromwell LLP, la mayoría vinculados a causas que involucran reclamos de fondos de inversión contra el país. Por caso, se mencionan investigaciones en las que participan fondos como Aurelius Cap. Master; Novoriver; ACP Master, LTD; Capital Partners, LPI; Adona LLC; Ape Group SPA, además del que llevó adelante el grupo Petersen en Estados Unidos por la re estatización de YPF.

También una causa abierta en Gran Bretaña definida como "c.1.1. Palladian Partners, L.P., HBK Master Fund L.P. y Hirsch Group LLC c. la República Argentina y el Bank of New York Mellon" que se encuentra en trámite ante la Corte de Comercio de la Alta Corte de ese país europeo. Para adecuar los contratos, la norma establece nuevas formas de contratación y abre la posibilidad de que otros estudios jurídicos presenten ofertas para convertirse en abogados defensores de la Argentina en el exterior.

Le quita así la exclusividad a Sullivan & Cromwell y hace mención a las formas de presentación de las propuestas "por correo electrónico a la dirección [email protected] cumpliendo con todos los requerimientos del presente pedido de cotización y acompañando la documentación".

Deben presentar un poder legal por el que se designa a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para suscribir la contratación, que debe estar legalizado y autenticado con el apostillado de La Haya para los documentos emanados de países integrantes del Convenio. También deben ofrecer extractos de sitios web especializados, en donde se publican rankings de los estudios jurídicos estadounidenses; -nómina y antecedentes de los socios y profesionales especialistas en la materia requerida para poder llevar a cabo la defensa de la Argentina en los procesos judiciales ante Tribunales extranjeros.

"La documentación citada deberá ser presentada traducida al idioma español por traductora pública nacional, y suscripta cada foja por su apoderado legal", agrega la resolución. Reclama además que la cotización de los servicios profesionales sea por hora de trabajo, según categoría y antigüedad del profesional; que se cotice en dólares o libras esterlinas para el caso de Gran Bretaña.

En cuanto a los gastos, el gobierno nacional asumirá los vinculados a las causas y a las estrategias legales usadas para las defensas, pero con una gran cantidad de excepciones como llamadas telefónicas o faxes accidentales; procesamiento o copia de texto de rutina; cargos por transporte y gastronomía y tampoco reconocerá horas extras; honorarios y gastos relativos al proceso de contratación del estudio y a las tareas que conlleve la facturación de los servicios prestados...