El gobierno de Javier Milei dio inicio al proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa que administra 6.000 kilómetros de rutas, a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1284/2025, que establece un plazo de doce meses para transferir la gestión de la red vial nacional a operadores privados y avanzar en la disolución de la compañía estatal.
CON LA RESOLUCIÓN 1284
A Corredores Viales SA le quedan 12 meses de vida: El Gobierno inició la privatización
Finalmente, el gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización total de Corredores Viales SA y este lunes lo formalizó en el Boletín Oficial.
01 de septiembre de 2025 - 09:50
El Gobierno de Javier Milei dio inicio a la privatización de Corredores Viales S.A.
El Ministerio de Economía dispuso este lunes 1 el inicio formal del proceso de privatización de la empresa pública Corredores Viales S.A., encargada de la gestión de más de 6.000 kilómetros de rutas en todo el país.
La decisión, establecida en la Resolución 1284/2025 publicada hoy, llega una semana antes de que se conozcan los resultados de la licitación de la primera reprivatización de la llamada ruta del Mercosur, que está en manos de Corredores Viales desde abril y salió a concurso público luego de la finalización del contrato que tenía el Estado con Caminos del Río Uruguay (Cursa).
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Esa primera licitación, con fecha de apertura de ofertas el lunes 8, es el puntapié inicial para el avance en la privatización de Corredores Viales, autorizada por la Ley Bases de 2024 y el decreto 95, de febrero de 2025. En julio, el Gobierno prorrogó la intervención de la empresa estatal hasta que finalizara el proceso privatizador.
En el listado de empresas sujetas a privatización
La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización, y en los decretos reglamentarios 695/2024 y 97/2025.
El procedimiento estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con participación de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas".
La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a confeccionar el inventario de bienes que deberán ser restituidos al Ministerio de Economía y a elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos. También la faculta a definir la nueva conformación de los tramos de la red nacional, evaluar el estado de obras e infraestructura y solicitar la rescisión de convenios que no sean considerados prioritarios.
El decreto 416/2025 estableció que todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realice mediante la plataforma digital CONTRAT.AR.
En tanto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las acciones para cumplir con el cronograma, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.
La normativa fija un plazo máximo de doce meses para concretar la adjudicación de los nuevos tramos viales y proceder a la liquidación de la sociedad estatal. Asimismo, dispone que la Secretaría de Transporte prepare la documentación técnica, contractual y licitatoria, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con la posibilidad de solicitar apoyo técnico de Corredores Viales SA mientras dure la transición.
El proceso de privatización se enmarca en la estrategia oficial de transformación del sector público, que incluye liquidaciones, cierres, ventas parciales o totales, fusiones y reestructuraciones de empresas estatales.
La medida impacta en la gestión de la red vial nacional y abre la participación de operadores privados, nacionales e internacionales, en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje.
Según datos oficiales, al cierre de junio Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y registró en el primer semestre un superávit financiero de $5.200 millones, lo que le permitió no requerir transferencias del Tesoro Nacional.
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