Senado en sesión y la calle en ebullición: Gremios endurecen la protesta y prometen masiva movilización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el paro convocado a nivel nacional alcanzó un 92% de adhesión en la previa de la movilización al Congreso. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el proyecto representa “la mayor ofensiva contra los trabajadores desde el regreso de la democracia” y lanzó fuertes acusaciones al advertir sobre supuestos “sobornos en el Senado”.

Las declaraciones se producen en una jornada donde el oficialismo busca avanzar con el tratamiento legislativo de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, mientras que distintos sectores sindicales y políticos intentan frenar su aprobación.

Protesta: servicios afectados y guardias mínimas

Durante la medida de fuerza se garantizaron únicamente guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales. También se registraron interrupciones en recolección de residuos, auxiliares de educación, migraciones, controles sanitarios, transporte y organismos nacionales.

En el ámbito aeronáutico, se confirmaron únicamente vuelos sanitarios y oficiales, mientras que en organismos como ANSES y PAMI se limitaron las prestaciones a situaciones de emergencia.

Los Aceiteros amplían la protesta por la Reforma Laboral

A la protesta se sumó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, que inició una huelga nacional desde las 00 horas con paro activo y movilización.

El secretario general del gremio, Daniel Yofra, había anticipado que “sobran los motivos” para una medida de fuerza y calificó el proyecto como “un retroceso en derechos laborales”.

Desde el sector argumentan que la reforma no generará empleo de calidad y que impactará en convenios colectivos, derecho de huelga y organización sindical.

Respaldo político desde la oposición

El conflicto también sumó apoyo político. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que acompañará la movilización junto a centrales obreras y volvió a manifestar su rechazo al proyecto.

Kicillof calificó la iniciativa como una “ley de precarización laboral” y cuestionó particularmente la derogación del estatuto del periodista incluida en el articulado. Además, la administración bonaerense presentó un informe técnico-político donde expone los argumentos por los cuales considera que la reforma implicaría pérdida de derechos y debilitamiento sindical.

Un debate y una sesión en el Senado que trasciende el Congreso

Mientras el Senado avanza con el tratamiento del proyecto, la discusión excede el ámbito legislativo y se traslada a la calle. El oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral y facilitar la generación de empleo, mientras que los gremios denuncian que se trata de una flexibilización que recorta derechos.

La combinación de paro nacional, movilización masiva y acusaciones públicas anticipa una jornada de alto voltaje institucional. El desenlace legislativo marcará no solo el rumbo de la política laboral, sino también el nivel de confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo en los próximos meses.

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