Reforma tributaria en pausa: el Gobierno busca un pacto con gobernadores para evitar otro traspié

La idea que gana espacio en el Ejecutivo es avanzar hacia un pacto fiscal que siente las bases para discutir cambios impositivos a partir del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo. Sin ese entendimiento, reconocen puertas adentro, el margen para impulsar una reforma de fondo es prácticamente nulo.

El antecedente que encendió la alarma

El retiro del artículo que proponía cambios en el impuesto a las Ganancias para sociedades dejó una señal clara. Gobernadores de distintos espacios políticos advirtieron que la modificación impactaría de lleno en la masa coparticipable y, por lo tanto, en las finanzas provinciales. La presión surtió efecto y el oficialismo optó por dar marcha atrás.

Esa experiencia dejó una lección en Balcarce 50: sin coordinación fiscal, cualquier intento de reducción tributaria puede transformarse en un frente de conflicto político y financiero.

Reforma tributaria por etapas y bajo costo fiscal

En el equipo económico, que lidera el ministro Luis Caputo, sostienen que la prioridad sigue siendo preservar el superávit fiscal. Bajo ese principio, la estrategia más viable sería avanzar con iniciativas parciales y de impacto limitado en las cuentas públicas, dejando las transformaciones estructurales atadas a un eventual pacto federal.

Entre las ideas que circulan aparecen alternativas como revisar alícuotas o rediseñar esquemas de recaudación compartida. Sin embargo, propuestas más ambiciosas —como una baja significativa del IVA o su división entre Nación y provincias— hoy son consideradas fiscalmente inviables.

“Hay medidas atractivas en términos teóricos, pero no ejecutables en este contexto”, reconocen en despachos oficiales.

El rol del Consejo de Mayo

El debate también se vincula con los lineamientos surgidos del Consejo de Mayo, que planteó la necesidad de reducir la presión impositiva pero condicionando cualquier alivio a la consolidación del equilibrio fiscal y a un entendimiento federal que incluya tributos provinciales como Ingresos Brutos.

Ese punto es clave. Desde Nación insisten en que no habrá margen para bajar impuestos nacionales si provincias y municipios no revisan sus propias estructuras tributarias.

Tensiones internas y negociación política con los gobernadores

Dentro del oficialismo hubo diferencias sobre cómo encarar la negociación con los gobernadores. Algunos funcionarios admiten que en la discusión anterior quedaron en desventaja y que la eliminación del artículo de Ganancias fue más una concesión forzada que el resultado de un acuerdo planificado.

Ahora, la intención sería anticiparse al conflicto y convocar a los mandatarios provinciales para un trabajo técnico previo que permita consensuar los cambios antes de enviarlos al Congreso.

Un debate que puede extenderse

En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante buena parte de 2026 e incluso que las reformas de mayor alcance queden postergadas para 2027. El cálculo político es claro: sin estabilidad fiscal consolidada y sin un acuerdo federal amplio, cualquier reforma estructural podría naufragar en el Congreso.

Por ahora, el mensaje oficial es prudente. La prioridad inmediata es sostener el equilibrio de las cuentas públicas y cerrar el capítulo legislativo abierto con la reforma laboral. La reforma tributaria, en cambio, parece depender menos de los tiempos del Ejecutivo y más de la disposición de los gobernadores a sentarse a negociar.

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