El arranque del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó un nuevo frente de conflicto en el Senado. El kirchnerismo anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar la conformación de las comisiones que analizarán el proyecto, con especial foco en la designación de Patricia Bullrich al frente de una de las áreas más sensibles del esquema parlamentario.
ESTRATEGIA
El kirchnerismo judicializa el armado del Senado y apunta contra Bullrich para frenar la reforma laboral
El kirchnerismo decidió que irá a la Justicia para denunciar al oficialismo. Dicen que LLA, con Bullrich a la cabeza, los dejaron por fuera en comisiones clave.
La ofensiva judicial fue confirmada por el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien denunció que el oficialismo y sus aliados avanzaron en el armado de las comisiones sin respetar la proporcionalidad entre los bloques y en violación del reglamento de la Cámara alta.
Según planteó, la maniobra busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral dejando al kirchnerismo fuera de los espacios clave donde se firman los dictámenes.
Por qué el kirchnerismo denuncia
El eje de la disputa gira en torno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estratégica para el futuro del proyecto. Allí, Bullrich quedó formalmente designada como presidenta, una decisión que desató un fuerte cruce en el recinto y profundizó la tensión política. Durante la reunión constitutiva, Mayans desconoció la conducción votada y protagonizó un enfrentamiento directo con la ministra, en una escena que reflejó el nivel de confrontación.
Desde Unión por la Patria sostienen que, pese a contar con 28 senadores —frente a los 21 que tendrá La Libertad Avanza cuando asuma el reemplazo de una banca vacante—, fueron excluidos del reparto de poder en las comisiones.
“Esto es un atropello institucional”, repiten en el bloque, que acusa a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber avalado un armado irregular sin mandato del pleno del Senado.
“La conformación de las comisiones viola el reglamento, la Constitución y degrada la representación de las provincias”, advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti. En la misma línea, Martín Soria anticipó que el peronismo no convalidará lo que calificó como una decisión “arbitraria y compulsiva” del oficialismo.
El conflicto se originó en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Villarruel, de la que participaron los jefes de bloque. Allí, 44 senadores de distintas fuerzas acordaron el esquema de integración de las comisiones, dejando afuera al interbloque opositor “Popular”, conformado por el kirchnerismo y sus aliados. Ese acuerdo permitió al oficialismo avanzar con el control de Trabajo, Presupuesto, Recursos Naturales, Justicia, Energía y Minería.
Bullrich lidera e impulsa la reforma laboral en el Senado
Mientras el peronismo prepara la vía judicial, el debate en comisión ya comenzó. Funcionarios del Ejecutivo defendieron la iniciativa oficial al asegurar que busca modernizar el mercado laboral y generar empleo sin impacto fiscal. “Argentina necesita reglas claras para que haya trabajo”, sostuvo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien remarcó que el proyecto apunta especialmente a pymes y jóvenes.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Jorge Capitanich y Mariano Recalde cuestionaron el diagnóstico del Gobierno y advirtieron que la reforma “recorta derechos” en un contexto de recesión.
“El empleo no se crea flexibilizando, se crea con actividad económica”, plantearon.
El plenario convocó además a representantes del sector empresario, cámaras industriales, sindicatos y especialistas. La CGT, en tanto, fue invitada a exponer luego de la movilización convocada contra la reforma laboral, en una señal de que el conflicto político y social recién empieza.
Con la judicialización en marcha y un Senado atravesado por la disputa reglamentaria, el futuro del proyecto laboral quedó atado no solo a los votos, sino también a la resolución de un conflicto institucional que promete escalar.
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