Diputado nacional de La Libertad Avanza expuesto por posible desvío de fondos

La polémica surgió a raíz de la filtración de conversaciones entre Pauli y uno de sus coordinadores en Ushuaia, conocido como “Rolo”. En las grabaciones, el puntero sugiere “vender empanadas” entre el personal político para cubrir el alquiler y las expensas de los locales partidarios.

Según los registros filtrados, el legislador planeaba utilizar un ítem salarial conocido como “desarraigo”, que reciben los empleados con contrato en la Legislatura provincial, para solventar estos gastos. Este plus, de aproximadamente 500 mil pesos mensuales, está destinado originalmente a cubrir viajes y estadías entre Río Grande y Ushuaia. Según los registros filtrados, el legislador planeaba utilizar un ítem salarial conocido como “desarraigo”, que reciben los empleados con contrato en la Legislatura provincial, para solventar estos gastos. Este plus, de aproximadamente 500 mil pesos mensuales, está destinado originalmente a cubrir viajes y estadías entre Río Grande y Ushuaia.

A pesar de que la provincia de Tierra del Fuego tiene pocos habitantes, en esta elección alcanza una gran importancia porque se van a designar también con el voto a 3 senadores nacionales.

El propio presidente Javier Milei hizo una accidentada visita hace pocos días con el fin de afianzar las chances en una gobernación manejada por un dirigente justicialista y duramente opositor.

En qué consisten las filtraciones de los audios

En una de las grabaciones, Pauli manifiesta:

Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas. Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres. Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas. Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres.

De confirmarse esta operación, se trataría de un posible desvío de fondos públicos, que contradice el discurso del espacio político sobre la reducción del gasto fiscal. Además, la maniobra podría implicar delitos como peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros, según expertos en legislación.