El Gobierno dio un nuevo paso en su estrategia para atraer capitales del exterior al reglamentar un programa que permitirá a personas extranjeras acceder a la ciudadanía argentina a cambio de realizar inversiones en el país. La iniciativa, conocida como “Ciudadanía por inversión”, apunta a captar fondos privados en un contexto de escasez de dólares y podría canalizar desembolsos por más de 2.500 millones de dólares, según estimaciones del sector.
PISAN EL ACELERADOR
Ciudadanía argentina a cambio de capitales: El plan oficial que busca destrabar inversiones millonarias
El Gobierno pisó el acelerador para dar rienda suelta al plan Ciudadanía por Inversión. Se anunció a mitad del 2025 pero aún no se ejecutó.
La medida fue formalizada en julio de 2025 mediante el decreto 524, que habilita a extranjeros que acrediten inversiones consideradas “relevantes” a iniciar el trámite para obtener la ciudadanía argentina. Sin embargo, el esquema aún no está plenamente operativo: restan definirse los criterios clave que determinarán qué montos, sectores o tipos de proyectos serán aceptados.
Ciudadanía argentina para que ingresen dólares
Desde el Ministerio de Economía reconocen que esos parámetros se establecerán a través de una resolución complementaria, que todavía no tiene fecha de publicación. La falta de definiciones mantiene en pausa la implementación efectiva del programa, aunque el Gobierno ya avanzó con los pasos administrativos necesarios para ponerlo en marcha.
El decreto creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará bajo la órbita del Palacio de Hacienda. Este organismo será el encargado de analizar las propuestas de inversión y emitir una recomendación técnica, mientras que la decisión final quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.
Para asistir a esa agencia, el Ejecutivo lanzó una licitación internacional destinada a contratar un servicio de consultoría y asistencia técnica especializada. El contrato tendrá una duración de cuatro años o se extenderá hasta que la empresa adjudicataria emita 5.000 informes favorables para solicitudes de ciudadanía por inversión. La apertura de sobres está prevista para el 20 de enero y, de no mediar contratiempos, la adjudicación podría concretarse dentro de los siguientes 45 días.
El Gobierno espera inversiones
Entre los oferentes figura un consorcio integrado por firmas internacionales con experiencia en este tipo de programas: Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global. Desde ese grupo aseguran que el esquema argentino tiene potencial para atraer inversiones por encima de los 2.500 millones de dólares, dependiendo de las condiciones finales que establezca el Gobierno.
Según explican desde el sector, los fondos podrían canalizarse hacia distintos destinos, como proyectos productivos, desarrollos inmobiliarios o iniciativas vinculadas a la vivienda. El trámite sería individual y, en caso de aprobación, el inversor deberá cumplir con un período de permanencia en el país. El beneficio se extendería también a su grupo familiar directo, incluidos cónyuge, hijos y padres.
El programa contempla dos modalidades principales: la donación y la inversión directa. En el primer caso, los aportes suelen destinarse a fundaciones o fondos específicos definidos por el Estado. En el segundo, los recursos pueden invertirse en bienes raíces, fondos privados o empresas locales. La posibilidad de habilitar ambas opciones quedará sujeta a la reglamentación final.
Argentina copia a otros países
Aunque en la Argentina el esquema es novedoso, la ciudadanía por inversión es una práctica extendida a nivel global. Más de 80 países cuentan con programas similares, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Portugal y Grecia. El modelo más conocido es el estadounidense EB-5, que permite obtener la residencia permanente a cambio de inversiones en proyectos que generen empleo.
Desde las consultoras internacionales destacan que el pasaporte argentino representa un atractivo adicional: se ubica entre los más valorados del mundo por la cantidad de destinos a los que permite ingresar sin visa. En ese contexto, el desafío del Gobierno será competir en un mercado global altamente especializado y garantizar controles rigurosos sobre el origen de los fondos y el perfil de los solicitantes.
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