Tarjetas de crédito: El nuevo golpe que reciben los consumidores tras el DNU

En medio de una reconfiguración profunda del sistema financiero argentino, el Gobierno avanzó con modificaciones que alteran por completo el marco legal de las tarjetas de crédito y dejan a los consumidores expuestos como nunca antes. El DNU 70/2023 —parte de la llamada “Ley Bases”— desarmó piezas clave de la Ley 25.065, habilitando prácticas que hasta ahora estaban estrictamente reguladas.

Mientras el debate público se concentra en la desregulación general, organizaciones como Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (DEUCO) advierten que estas reformas representan “una vulneración directa a los derechos fundamentales de millones de usuarios”. Los cambios alcanzan tanto a los contratos, como a la emisión, los intereses y los procedimientos de cobro.

¿Qué cambia en las tarjetas de crédito y cómo afecta a los consumidores?

Uno de los puntos más controversiales del DNU es la habilitación para que cualquier tipo de entidad —sin importar su naturaleza jurídica— pueda emitir tarjetas de crédito. Y lo más grave es que no estarán sujetas a ningún tipo de regulación específica. Esto abre la puerta a empresas sin trayectoria financiera o sin supervisión del Banco Central, lo que incrementa el riesgo para los consumidores en caso de abusos, incumplimientos o conflictos.

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Además, deja de ser obligatoria la entrega de la tarjeta física. El Gobierno impulsa una digitalización total del vínculo entre empresa y usuario, eliminando la necesidad de un soporte físico, incluso para el contrato. Este cambio puede perjudicar especialmente a quienes no están familiarizados con la gestión digital o dependen de documentación en papel para controles o reclamos.

Tarjetas de crédito y consumidores: ¿Qué derechos se pierden con el DNU?

Entre los derechos eliminados, sobresale la pérdida de la obligación de entregar el resumen de cuenta en formato físico. Desde ahora, las empresas podrán enviarlo únicamente por correo electrónico, incluso si el usuario prefiere el formato postal tradicional. Esto complica el acceso a la información para adultos mayores, personas sin conectividad estable o quienes necesitan guardar documentación impresa.

Otro punto sensible es que la tasa de interés por punitorios será totalmente libre, sin ningún límite ni regulación. Las empresas podrán fijar multas elevadas por atrasos, sin tope máximo y sin supervisión del Banco Central. Antes, existía un marco de referencia que impedía abusos. Esa barrera desaparece.

Tampoco será obligatorio que el nombre del titular aparezca impreso en la tarjeta. Esto genera dudas en materia de seguridad, prevención del fraude y control de identidad.

Tarjetas de crédito sin regulación: ¿Qué cambios concretos introduce el DNU?

Las modificaciones más relevantes que impactan directamente en los consumidores son:

Se elimina la obligación de identificar al usuario en la tarjeta.
Desaparece la obligación de entregar copias del contrato al titular, fiador o adherente.
Las cláusulas contractuales ya no deben ser autorizadas ni registradas por el Banco Central.
Se elimina el requisito de utilizar texto destacado o subrayado para cláusulas relevantes.
Ya no es obligatoria la firma del contrato para validar la relación entre empresa y usuario.
Las empresas podrán cobrar cargos aun si el vínculo contractual no está formalmente perfeccionado.
Dejan de ser nulas las multas fijas por atrasos, que ahora pueden imponerse libremente.
También dejan de ser nulos los adicionales no autorizados por la autoridad de aplicación.
El Banco Central pierde la potestad de sancionar a las emisoras por incumplimientos.
Las compañías podrán reportar la mora del usuario a bases de datos privadas, como Veraz, sin restricciones previas.

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Consumidores y tarjetas de crédito: ¿Por qué crece la preocupación?

Para organizaciones de defensa del consumidor, estas modificaciones rompen el equilibrio que existía entre emisoras y usuarios. Hasta ahora, la Ley 25.065 funcionaba como una red de contención frente a posibles prácticas abusivas. Con el nuevo esquema, las empresas tendrán un margen mucho más amplio para fijar condiciones, cobrar cargos y aplicar sanciones sin supervisión estatal.

La falta de regulación también genera incertidumbre sobre la transparencia de los contratos, la claridad de la información y la capacidad del usuario para reclamar.