El nuevo gobierno de Bolivia declaró una emergencia económica y anunció un paquete de medidas que marca un giro histórico en la política económica del país. Entre las decisiones más relevantes se encuentra la eliminación de los subsidios a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario, en un intento por frenar el deterioro fiscal y estabilizar la economía.
AJUSTE FISCAL EN LATAM
Motosierra en Bolivia: Rodrigo Paz declaró la emergencia económica y ya hay caos
Con una inflación de 21% anual, el nuevo mandatario declaró la emergencia económica en Bolivia. Sin subsidios, el precio de los combustibles se disparan.
Fuerte impacto en el precio de los combustibles
La eliminación de los subsidios provocó un aumento inmediato del 86 % en el precio de la gasolina y de más del 160 % en el diésel, los ajustes más abruptos en los precios de la energía registrados en la historia reciente de Bolivia.
Tras el anuncio, algunas estaciones de servicio en La Paz suspendieron las ventas debido a la alta demanda de conductores que intentaron abastecerse antes de que entraran en vigor los nuevos valores. El gobierno informó que los precios se mantendrán por un período inicial de seis meses, tras el cual serán reevaluados.
Las reformas fueron anunciadas ayer, 17/12, por la noche por el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el mes pasado. El mandatario afirmó que las medidas representan una ruptura con dos décadas de políticas económicas de corte socialista y buscan corregir uno de los déficits fiscales más elevados del mundo, en un contexto de inflación anual del 21%. Durante la transmisión sostuvo:
Según el presidente, la eliminación de estos gastos permitirá generar recursos fiscales adicionales que serán compartidos entre el gobierno central y las administraciones regionales.
Bolivia ha mantenido algunos de los combustibles más subsidiados de América Latina, una política que, sumada a la caída de la producción de gas natural, ha erosionado las reservas internacionales. Esta situación derivó en escasez tanto de combustibles como de dólares, afectando la actividad económica y el comercio exterior.
Para mitigar el impacto social del ajuste, el gobierno anunció medidas de protección. Entre ellas se incluye un aumento del 20 % en el salario mínimo para el próximo año, que alcanzará los 3.300 bolivianos (US$ 477,57). Además, la Renta Dignidad, destinada a adultos mayores sin pensión, se incrementará en 150 bolivianos (poco más de US$ 21), mientras que el bono escolar para estudiantes de escuelas públicas aumentará en 100 bolivianos (menos de US$ 15), en ambos casos un alza del 50 %. También se implementará un programa extraordinario de transferencias directas para las familias más vulnerables.
La reacción de los mercados
Las medidas fueron bien recibidas por los mercados financieros. Los bonos bolivianos en dólares con vencimiento en 2028 subieron levemente, mientras que los títulos a 2030 registraron variaciones marginales. Analistas advirtieron a Bloomberg, no obstante, que el ajuste podría generar resistencia social y presiones inflacionarias adicionales en el corto plazo.
El decreto económico también autoriza al banco central a asegurar líneas de financiamiento externo y avanzar hacia un nuevo régimen cambiario, lo que podría poner fin al tipo de cambio fijo vigente desde 2011. Con estas decisiones, el gobierno busca estabilizar la balanza de pagos y recuperar la confianza de los inversores, en una etapa de profundas transformaciones para la economía boliviana.
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