Mientras el Gobierno nacional prepara su proyecto de “modernización laboral”, una propuesta presentada en el Congreso volvió a encender la discusión sobre las condiciones de empleo en el Estado. El diputado del kirchnerismo, Eduardo Valdés, ingresó una iniciativa que busca reconocer derechos laborales plenos a los trabajadores contratados, en un contexto donde el oficialismo insiste en que su reforma será exclusiva del ámbito privado.
CONGRESO
Reforma laboral: El kirchnerismo pide indemnización para estatales y el Gobierno se despega
La reforma laboral sigue generando tensiones entre el kirchnerismo y el Gobierno. Piden por los estatales pero aseguran que no los alcanzará.
20 de noviembre de 2025 - 14:04
El kirchnerismo pide por los Estatales pero el Gobierno aclara que no los tocarán.
Foto: NA.El kirchnerismo teme por la precarización estatal
La iniciativa de Valdés propone modificar la Ley 25.164 para incorporar dos cambios de fondo:
- que los empleados contratados de manera temporaria accedan a indemnización ante un despido sin causa, y
- que quienes acumulen más de diez años de servicios continuos sin concurso pasen automáticamente a planta permanente.
El legislador fundamentó el proyecto en los principios constitucionales de igualdad y protección contra el despido arbitrario. También recordó fallos de la Corte Suprema que cuestionaron el uso prolongado de contratos precarios dentro del sector público.
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“Es irrazonable que el Estado pueda desvincular a personas con 5, 10 o hasta 28 años de trabajo sin pagar un peso de indemnización”, afirmó, al tiempo que denunció una “asimetría intolerable” con las obligaciones que el propio Estado impone al sector privado.
La propuesta también incluye una cláusula transitoria para aplicar estos criterios a despidos ocurridos desde el 10 de diciembre de 2023, y evitar así —según explicó Valdés— “que miles de trabajadores queden librados a litigios interminables”.
El diputado planteó que el objetivo es corregir una “precarización estructural” dentro del empleo público. Para reforzar su postura, citó al Papa Francisco:
“El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino un camino de dignidad y comunidad”.
El proyecto sumó apoyo de un amplio grupo de diputados opositores, entre ellos Hugo Yasky, Leandro Santoro, Carolina Gaillard, Mónica Macha y Santiago Cafiero.
El Gobierno marca límites: “La reforma laboral no incluye al sector público”
En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó los lineamientos principales del proyecto laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso y cuestionó con dureza la movilización convocada por ATE.
“¿Marchan contra una reforma que no conocen? Están protestando contra algo que ni siquiera fue presentado”, dijo en LN+, y remarcó que la iniciativa “se aplicará, en principio, sólo en el ámbito privado”.
Según Sturzenegger, el Gobierno busca despejar “la incertidumbre jurídica” que desalienta la contratación formal y actualizar convenios colectivos que llevan décadas sin cambios. El ministro ordenó la propuesta en tres ejes:
- Revisión de la industria del juicio y la registración laboral.
- Actualización o renegociación de convenios colectivos, aunque sin obligatoriedad.
- Cambios en la prelación de convenios, para habilitar acuerdos por región, sector o empresa.
Cuotas sindicales y costos: el debate que viene
El funcionario también cuestionó el costo asociado al sistema laboral argentino, donde —según describió— intervienen el Estado, los sindicatos, las cámaras empresarias y la litigiosidad. “Hay un carancheo sobre la relación laboral: todos cobran algo”, sostuvo.
Propuso discutir la cuota sindical como parte del “costo argentino” y aseguró que, si se reducen cargas y comisiones, “el trabajador podría llevarse más dinero en mano”.
Dos miradas que anticipan un choque legislativo
La diferencia entre ambas posturas es evidente: mientras Valdés pone el foco en la estabilidad y los derechos del empleo público, el Gobierno insiste en que su reforma apunta exclusivamente al sector privado y cuestiona las protestas anticipadas.
El Congreso tendrá el desafío de procesar dos debates simultáneos: el intento oficial de reconfigurar el mercado laboral y la presión opositora por avanzar en la regularización de miles de estatales contratados desde hace años.
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